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Acnur alerta incremento de criminalización de venezolanos en Perú

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El representante de Acnur en Perú, Federico Agusti, alertó de que se ha producido un incremento de los discursos de criminalización esgrimidos contra los migrantes venezolanos que viven en el país andino, una circunstancia que han constatado en distintos ámbitos.

«En los medios hemos escuchado en los últimos días una sobrexposición del tema de la criminalidad (cometida por venezolanos). Criminalizar la migración es un problema y en eso creo que hay una enorme distorsión. Cuando uno va a la frontera no ve a criminales cruzando la frontera, uno ve familias, ve una mujer con un niño en brazos, una persona con una mochila que es todo lo que tiene», explicó Agusti en una entrevista con EFE.

En este sentido, aseguró que lo que es un crimen es tratar de trasladar la imagen de unos pocos y llevarla a toda la comunidad de migrantes.

Al respecto, explicó que han advertido un incremento de los discursos criminalizadores contra los venezolanos en redes sociales, donde se viene observando fuerte.

Incrementa el odio hacia venezolanos

Por eso hizo un llamado a los medios a ser muy responsables en el uso de la información, porque se genera una percepción que no es la adecuada y esa percepción termina convirtiéndose en discriminación.

Acerca de los venezolanos que residen en Perú, donde viven 1,5 millones de ciudadanos del país caribeño, destacó que es importante que se continúe trabajando en documentarles, lo que implica más seguridad.

Con respecto a las cifras de criminalidad venezolana, comentó que en el sistema penitenciario hay actualmente cerca de 2 mil 400 venezolanos de un total de cerca de 100 mil reos, lo que supone cerca del 2% de la población penitenciaria en Perú.

«Cuando lo contrastas con la percepción, parece que fuera la mayoría, pero esos 2 mil 400 representan el 0,1% de la población venezolana (en Perú). No se puede, por ese 0,1%, tener un impacto sobre la gran mayoría», concluyó.

Perú es el segundo país del mundo, tras Colombia, que ha acogido a más ciudadanos venezolanos. Desde el inicio de la crisis en el país petrolero, 7,2 millones de personas han abandonado la nación caribeña.

 

Con información de EFE

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Internacional

Colombia da fin conversaciones con grupos armados, anunció De la Espriella

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Colombia da fin conversaciones con grupos armados - Agencia Carabobeña de Noticias
Abelardo de la Espriella. (Foto: Reuters)
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Colombia da fin conversaciones con grupos armados, anunció este domingo el presidente Abelardo de la Espriella este domingo 30 de agosto.

Las conversaciones con los grupos armados ilegales iniciadas por Gustavo Petro, la revocó el mandatario, además los nombramientos de representantes gubernamentales en los diálogos de la «paz total».

La decisión se encuentra detallada en diversas resoluciones expedidas el viernes por la noche y dadas a conocer ayer sábado. Las medidas afectan los procesos con agrupaciones con las que Petro inició «espacios de conversación socio jurídica» que, según el nuevo Ejecutivo, no prosperaron.

Tras puntualizar «que es potestad constitucional del presidente de la República decidir cómo, cuándo y con quiénes puede llevar a cabo acercamientos y conversaciones de paz», el gobierno de De la Espriella emitió los documentos legales para extinguir las mesas de diálogo por «ausencia de voluntad de paz», publicó la agencia de noticias EFE.

Colombia da fin conversaciones con grupos armados

Entre las organizaciones afectadas se encuentran el Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio comandante Gentil Duarte, comandante Jorge Suárez Briceño y Frente Raúl Reyes (EMBF); la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN), que actúan en territorio colombiano.

El EMBF formó parte del Estado Mayor Central (EMC), principal disidencia de la antigua guerrilla de las FARC, de la cual se separó en 2024 ante la negativa de esa estructura de continuar las negociaciones con la administración de Petro.

Por su parte, la CNEB surgió tras una escisión de la denominada Segunda Marquetalia debido a divisiones internas. Este grupo está conformado por la Coordinadora Guerrillera del Pacífico (CGP) y los Comandos de Frontera (CDF), con presencia en diversas regiones de Colombia.

«No obstante haberse instalado la Mesa de Diálogos de Paz, se han presentado diversos acontecimientos que han debilitado los diálogos del gobierno nacional con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano» señala una de las resoluciones. El texto añade que no ha sido posible evidenciar una voluntad real de reinserción a la vida civil.

Autorizaciones revocadas

En concordancia con estas disposiciones, la Presidencia también dejó sin efecto las credenciales de los negociadores gubernamentales ante las organizaciones ilegales. Asimismo, se retiró el reconocimiento otorgado a los delegados de dichos grupos para participar en las conversaciones de paz.

Armando Novoa, quien ejercía como jefe negociador del gobierno en los diálogos con la CNEB, calificó la medida como un acto innecesario. Explicó que el 6 de agosto, un día antes de la toma de posesión de De la Espriella, los representantes de la delegación presentaron su renuncia irrevocable.

La política de paz total, bandera del gobierno anterior, naufragó tras el fracaso de los acercamientos con grupos como la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el EMC. Dichos procesos fueron suspendidos por el propio Petro alegando falta de compromiso de los insurgentes.

Sin ofertas generosas

Aquella propuesta incluía también negociaciones con otras disidencias de las FARC y planes de sometimiento a la justicia para bandas de criminalidad organizada como el Clan del Golfo. No obstante, los resultados fueron escasos durante el pasado mandato presidencial.

Antes de asumir la jefatura del Estado, De la Espriella enfatizó que en su gestión no habrá ofertas generosas ni concesiones inaceptables. Durante su discurso de investidura, el mandatario subrayó que «la opción del diálogo está completamente agotada» con las organizaciones armadas ilegales de Colombia.

ACN/MAS/El Nacional

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