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Corte Penal Internacional ordenó arresto del ministro de Defensa y del jefe del Estado Mayor de Rusia

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CPI ordenó arresto del ministro de Defensa ruso - Agencia Carabobeña de Noticia - Agencia ACN - Noticias internacional
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La Corte Penal Internacional (CPI) anunció este martes 25 de junio órdenes de arresto contra el ex ministro ruso de Defensa, Serguéi Shoigú, y el jefe del Estado Mayor, Valeri Guerásimov, por crímenes de guerra y lesa humanidad entre octubre de 2022 y marzo de 2023 durante la invasión de Ucrania.

El tribunal dijo en un comunicado que las órdenes se emitieron porque los jueces consideraron que había motivos razonables para creer que los hombres son responsables de “ataques con misiles llevados a cabo por las fuerzas armadas rusas contra la infraestructura eléctrica de Ucrania” desde el 10 de octubre de 2022 hasta al menos 9 de marzo de 2023.

“Durante este período, las fuerzas armadas rusas llevaron a cabo una gran cantidad de ataques contra numerosas plantas y subestaciones de energía eléctrica en múltiples lugares de Ucrania”, añadió el tribunal.

No hay probabilidad inmediata de que ninguno de los sospechosos sea detenido. Rusia no es miembro del tribunal global, no reconoce su jurisdicción y se niega a entregar sospechosos.

El año pasado, el tribunal también emitió una orden de arresto contra el presidente ruso Vladimir Putin, acusándolo de responsabilidad personal por los secuestros de niños de Ucrania.

Putin reemplazó a Shoigu como ministro de Defensa en una reestructuración del gabinete en mayo cuando comenzaba su quinto mandato como presidente. Nombró a Shoigu secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, dijo el Kremlin.

La Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI aprobó las órdenes de detención, donde se responsabiliza a ambos altos cargos del Gobierno de Rusia de crímenes de guerra por “dirigir ataques a objetivos civiles y por causar daños colaterales excesivos a civiles y objetos civiles”, así como de un crimen de lesa humanidad por “actos inhumanos” definidos en Estatuto de Roma.

CPI ordenó arresto del ministro de Defensa ruso

El fiscal de la CPI, Karim Khan, solicitó a la Sala la aprobación de estas órdenes de arresto, en las que acusa a Shoigú y Guerásimov de ser presuntos “responsables a nivel penal” de haber cometido esos actos criminales, ordenar su comisión y/o no ejercer el control adecuado sobre las fuerzas bajo su mando para evitar la comisión de esos crímenes.

“Existen motivos razonables para creer que los dos sospechosos son responsables de los ataques con misiles llevados a cabo por las fuerzas armadas rusas contra la infraestructura eléctrica ucraniana desde al menos el 10 de octubre de 2022 hasta al menos el 9 de marzo de 2023″, señalaron los tres jueces que componen la Sala de Cuestiones Preliminares.

Durante ese período, las fuerzas armadas rusas llevaron a cabo “un gran número de ataques contra numerosas plantas de energía eléctrica y subestaciones en múltiples localidades” de Ucrania.

La Sala también ve “motivos razonables” para creer que “los presuntos ataques estaban dirigidos contra objetos civiles, y que para aquellas instalaciones que podrían haber calificado como objetivos militares en el momento relevante, el daño colateral esperado a civiles y bienes civiles habría sido claramente excesivo en comparación con la ventaja militar anticipada”.

Además, denunció que “la presunta campaña de ataques constituye un curso de conducta que implica la comisión múltiple de actos contra una población civil, llevados a cabo de acuerdo con una política estatal”, lo que hace creer que los sospechosos “causaron intencionalmente un gran sufrimiento o lesiones graves al cuerpo o a la salud mental o física, siendo así responsables penalmente del crimen de lesa humanidad”.

Aunque el contenido de las órdenes se emite como “secreto” para proteger a los testigos y salvaguardar las investigaciones en curso, la Sala sí autorizó divulgar públicamente la existencia de estas órdenes de detención, así como el nombre de los sospechosos y los crímenes de los que se les acusa.

Estas dos órdenes de detención no son las primeras que emite la CPI en el contexto de la invasión rusa de Ucrania desde febrero de 2022. El pasado marzo, se ordenó el arresto de dos militares rusos, el teniente general de las Fuerzas Armadas Rusas Sergey Kobylash, y el almirante de la Armada Rusa, Viktor Sokolov.

Un año antes, la CPI ordenó el arresto del presidente ruso, Vladimir Putin, y la política rusa María Lvova-Belova, comisionada presidencial para los Derechos del Niño en Rusia, por la deportación ilegal de menores ucranianos y su traslado de zonas ocupadas en Ucrania a Rusia, un crimen de guerra según el Estatuto de Roma.

Con información de ACN / infobae

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Trump intenta nuevamente frenar la ciudadanía por nacimiento y turismo de parto

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Trump intenta nuevamente frenar la ciudadanía por nacimiento - Agencia Carabobeña de Noticias
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El presidente Donald Trump intenta nuevamente frenar la ciudadanía por nacimiento y limitar el llamado turismo de parto, tras calificar de “muy desafortunada” una decisión de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos que este año anuló su intento anterior de restringir ese derecho.

Trump firmó ayer jueves 6 de agosto decretos sobre el tema que, al parecer, endurecen principalmente leyes ya vigentes y restringen las excepciones reconocidas.

Se trata de un intento aparentemente más limitado que el de un decreto firmado por Trump el año pasado, con el cual buscaba eliminar de manera general el derecho a la ciudadanía de los niños nacidos en el país cuyos padres no fueran ciudadanos estadounidenses. La Corte Suprema rechazó esa medida en junio con base en la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, que concede la ciudadanía a toda persona nacida en territorio estadounidense.

“Tuvimos una decisión muy desafortunada de la Corte Suprema sobre la ciudadanía por nacimiento”, dijo Trump a periodistas en la Oficina Oval este jueves.

Trump intenta nuevamente frenar la ciudadanía por nacimiento…

Uno de los decretos firmados por Trump el miércoles está dirigido contra los “extranjeros enemigos”, los miembros de organizaciones terroristas extranjeras y determinadas personas que cabildean o actúan en nombre de gobiernos extranjeros. Los hijos de personas pertenecientes a esos grupos no serían elegibles para recibir la ciudadanía por nacimiento, de acuerdo con Stephen Miller, vicesecretario general de la Casa Blanca y arquitecto de las políticas inmigratorias del Gobierno.

El segundo decreto se centra en el llamado “turismo de parto”, un tema prioritario para quienes defienden políticas inmigratorias más restrictivas. La legislación estadounidense ya prohíbe obtener una visa “con el propósito principal de conseguir la ciudadanía estadounidense para un hijo al dar a luz en Estados Unidos”.

Miller describió el decreto como una prohibición del turismo de parto, aunque no está claro qué añadiría a lo que ya establece la legislación estadounidense. Axios fue el primer medio en informar sobre los decretos.

Corte Suprema incluyó una firme defensa

La decisión de la Corte Suprema del 30 de junio incluyó una firme defensa de la ciudadanía por nacimiento tal como se ha entendido en Estados Unidos durante más de un siglo. Los niños nacidos en territorio estadounidense son ciudadanos del país, determinó la corte, incluso si sus padres se encuentran en él de manera temporal o sin autorización legal.

Una mayoría de cinco jueces sostuvo que la Decimocuarta Enmienda de la Constitución garantiza ese derecho. Varios jueces conservadores expresaron su desacuerdo y argumentaron que la decisión no impedía el tipo de turismo de parto que Trump había intentado frenar inicialmente.

Un sexto juez, Brett Kavanaugh, concluyó que el decreto inicial de Trump para limitar la ciudadanía por nacimiento estaba prohibido por la legislación federal, no por la Decimocuarta Enmienda.

“La ciudadanía, entonces y ahora, era el derecho a tener derechos, a participar libremente en nuestra comunidad política”, escribió el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, en nombre de la mayoría. “Los redactores de la Decimocuarta Enmienda extendieron esa promesa a ‘toda persona nacida libre en esta tierra’. Hoy cumplimos esa promesa”.

La corte reconoce desde hace tiempo algunas excepciones a la regla y volvió a hacerlo en su trascendental decisión de este verano. Sin embargo, esas excepciones se limitan a los hijos de diplomáticos y de “enemigos” nacidos durante una “ocupación hostil”.

Interpretación

Aun así, varios integrantes del sector conservador de la corte afirmaron entonces que la decisión del 30 de junio permitiría el tipo de turismo de parto que preocupaba a Trump.

“La corte ha reinterpretado la Decimocuarta Enmienda para proteger un conjunto de derechos de su preferencia que el Congreso de la Reconstrucción nunca contempló y que no encuentra respaldo en el texto”, escribió el juez Clarence Thomas en su voto disidente. “Hoy, la corte vuelve a hacerlo al reconocer un derecho constitucional a la ciudadanía para los hijos de todas las personas extranjeras que practican el turismo de parto y de los inmigrantes indocumentados”.

Solo otro integrante de la corte, el juez Neil Gorsuch, se sumó a esa opinión.

“Según la interpretación que hoy hace la corte, la Decimocuarta Enmienda concede la ciudadanía a prácticamente toda persona que nazca en este país, incluidos los hijos de las ‘turistas de parto’, mujeres que vienen aquí exclusivamente para dar a luz y luego regresan de inmediato a sus países”, escribió el juez Samuel Alito en un voto disidente individual.

ACN/MAS/CNN

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