Sucesos
Asesinadas dentro de sus casas 700 personas en Caracas
Venezuela mantiene su dictadura en el ránking de la violencia
Pese a la diáspora masiva que sufre; el país sudamericano vuelve a liderar este año la estadística que nadie quiere encabezar; el país con más muertes por causas violentas del mundo; con 23.047 y una tasa de 81,4 por cada 100.000 habitantes.
El hogar es el lugar más seguro que tiene una persona; sin embargo según consideraciones estadísticas en los últimos tres años; el 23% de las muertes violentas que fueron registradas en la ciudad de Caracas; ocurrieron dentro de las residencias de las víctimas. Cifras revelan que 700 personas fueron asesinadas dentro de sus hogares sóloen Caracas. De 70 de las 90 muertes que dejaron los robos a viviendas; las victimas conocían a sus asesinos.
El ranking de la violencia
De acuerdo a datos recopilados por el Monitor de Víctimas entre mayo de 2017 y julio de 2019; un total de 3001 personas fueron asesinadas en los cinco municipios que integran el Distrito Capital; de ellas 700 personas murieron en sus casas.
La principal causa de muerte en los hogares es la ejecución del fallecido; por parte de funcionarios policiales o militares, en total 368 personas murieron de esta manera.
En segundo lugar se encuentran los robos con 90 crímenes; el tercer puesto lo ocupa la resistencia a la autoridad, 63 personas murieron de esta manera.
Con 40 asesinatos las venganzas ocupan el cuarto lugar; seguido por las riñas con 30 decesos, las balas perdidas causaron 16 muertes; y terminaron en quinta posición mientras que el maltrato infantil con 13 muertes ocupa el sexto lugar.
Policías en la mira
Al diseccionar los totales se observa que 62% de los asesinatos; o sea 435 decesos ocurrieron a manos de los organismos de seguridad. La explicación para esa cifra es la estrategia utilizada por los cuerpos policiales para buscar a los sospechosos.
El operativo consiste en ubicar la residencia a través de la denominada inteligencia social; o datos suministrados por “patriotas cooperantes” quienes informan dónde viven estas personas.
En horas de la madrugada equipos especiales de la Policía Nacional Bolivariana (PNB); o del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) allanan la vivienda; separan a los sospechosos retenidos de mujeres, niños y adultos mayores y los sacan del inmueble.
Una vez vaciada la vivienda se producen los supuestos tiroteos; que culminan con el deceso de los presuntos delincuentes buscados.
De esta forma la PNB y su Fuerzas de Acciones Especiales acumula 290 fallecidos; mientras que el Cicpc suma 135 muertes. La víctima promedio, Al analizar los datos se observa que la mayoría de las víctimas son jóvenes de sexo masculino de piel morena.
En total 621 de las víctimas eran de sexo masculino, 387 tenían la tez morena, y 427 tenían edades comprendidas entre 20 y 39 años.

A las Faes le atribuyen más de 200 asesinatos selectivos. Foto: Agencias
Relaciones mortales
La inseguridad ciudadana continúa como una importante causa de los decesos en los hogares robo, maltrato y abuso de menores, venganzas y riñas son los principales delitos.
En estos aspectos la victimología varía notablemente, en el caso de los robos, 70 de las 90 muertes en atracos correspondían a adultos con edades comprendidas entre 40 y 89 años.
Otro detalle importante es la relación existente entre los protagonistas del caso, en 145 de los 700 asesinatos registrados, el victimario y la víctima se conocían.
En determinados delitos esta relación es fundamental para que ocurra, como en los casos de abuso y maltrato infantil en el que 12 de las 13 víctimas conocían a sus asesinos, o en la violencia de género donde 19 de las 20 mujeres asesinadas conocían a su victimario.
En 24 de los 30 decesos ocurridos en peleas y riñas también existía una relación entre las personas involucradas.
En las venganzas también se repite el esquema, 34 de los 40 muertos tuvieron una relación con el asesino.
Libertador un municipio peligroso
El análisis geográfico arroja que el municipio Libertador es el más peligroso de Caracas, 486 de las víctimas fallecieron en su jurisdicción, 157 murieron en Sucre, 30 en Baruta, 11 fallecieron en El Hatillo y seis perdieron la vida en Chacao.
Venezuela el país con más muertes violentas del mundo
Venezuela mantiene su dictadura en el ránking de la violencia. Pese a la diáspora masiva que sufre, el país sudamericano vuelve a liderar este año la estadística que nadie quiere encabezar; el país con más muertes por causas violentas del mundo, con 23.047 y una tasa de 81,4 por cada 100.000 habitantes.
Así lo hizo público ayer en Caracas el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), la ong más prestigiosa en la materia, que desarrolla sus estudios e investigaciones pese a todos los obstáculos que pone en su camino el gobierno bolivariano.
«Con estas cifras seriamos el país más violento del mundo en términos de homicidios. Venezuela, estando por encima de Honduras y El Salvador, va a ser el país más violento de América Latina y del mundo», repitió Roberto Briceño León, director del OVV, quien lidera a un grupo de expertos y universidades con acceso a datos oficiales de fuentes anónimas, medios nacionales, encuestas de victimización y entrevistas.
Destacan muertes por resistencia a la autoridad
Entre esas muertes hay 10.422 homicidios, que son aquellos casos en los que las autoridades ya iniciaron una investigación. Destacan sobremanera las 7.523 muertes por «resistencia a la autoridad», aquellas que se producen en enfrentamientos con los cuerpos de seguridad y que, según expertos, es un término utilizado por el gobierno para «esconder» ejecuciones. Si algo define 2018 son las denuncias de ejecuciones extrasumariales, que se han multiplicado según las organizaciones civiles y de derechos humanos.
El año comenzó con la ejecución del policía rebelde Óscar Pérez y de las seis personas que le acompañaban, militares, periodistas y una enfermera. Según el Parlamento, todos ellos fueron atacados sin piedad durante el operativo de su detención y rematados con un tiro en la cabeza.
Un poco antes de acabar el año, en noviembre, otra acción en plan de comando de las Fuerzas de Operaciones Especiales de la Policía Nacional (Faes) durante el asalto a la Torre Viasa del centro de Caracas acabó con la vida de nueve personas.
Según la denuncia realizada por la ONG Provea, basada en testimonios de familiares, los jóvenes también fueron ejecutados durante el operativo. La redada violenta se realizó en edificio abandonado hace una década y ocupado desde entonces por familias de bajos recursos, que se dedicaban en su mayoría a freír plátanos para venderlos en las calles.
8.200 ejecuciones extrajudiciales
Amnistía Internacional (AI) ya había advertido en septiembre que desde 2015 a 2017 se habían producido 8.200 ejecuciones extrajudiciales, producto de «medidas represivas con lógica bélica para supuestamente abordar la delincuencia».
Además de los homicidios, enfrentamientos y ejecuciones, hay otras 5.102 muertes por causas violentas que se están investigando.
Pese a la magnitud de las cifras, las muertes por causas violentas sí bajaron entre 2017 y 2018: el año pasado fueron 26.616, para una tasa de 89 por cada 100.000 personas.
«La disminución de homicidios se puede explicar por la emigración, calculada en cerca de cuatro millones, por la consolidación de megabandas que no disputan territorios con otras bandas y por la política de exterminio del gobierno con ejecuciones extrajudiciales», resumió para el criminólogo Luis Izquiel.
Las cifras oficiales, como de costumbre, son mucho menores. De acuerdo con el ministro de Interior y Justicia, el mayor general Néstor Reverol, en 2018 hubo 9.675 homicidios en el país petrolero, 27,7% menos que el año pasado, para llegar a una tasa de 30 por cada 100.000 habitantes.
Estadísticas retocadas del chavismo
El crecimiento irrefrenable del número de homicidios durante el chavismo provocó que durante años el gobierno ocultara las cifras, para pasar luego a ofrecer unas estadísticas retocadas, entre las que no figuraban ni enfrentamientos ni los fallecimientos por causas desconocidas.
Desde la llegada de Chávez al poder hasta hoy, sumando los seis años de Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores, se contabilizan en torno a 330.000 muertes violentas, cuando en 1998 apenas sumaban 4.550. El capitalismo, los videojuegos, las series de narcos, las telenovelas, Spiderman y Superman fueron señalados por la revolución como los grandes culpables de una plaga que no cesa.
«Venezuela es un territorio controlado por las armas, donde se vive por el control de las armas y no por la ley», explicó Briceño. «La tasa es más de ocho veces lo que la Organización Mundial de la Salud considera una epidemia de violencia criminal», añadió el penalista Izquiel. «Pobres matando pobres», es el veredicto del director de la OVV, gran experto nacional, que explica el fenómeno de violencia de su país sumándole la impunidad reinante (solo van a juicio el 8% de los homicidios), la proliferación de bandas, los tentáculos de la narcoviolencia, el discurso violento de distintas instituciones del Estado a lo que ahora se suma la descomunal crisis económica y social.
Los estados más violentos del país son el sureño Bolívar, donde son constantes los enfrentamientos entre mafias por el control de minas ilegales de oro, y Aragua y Miranda, ambos en el norte del país.
ACN/OVV/diarios/EM/EU
Sucesos
Régimen reconoce crisis penitenciaria, pero no asume responsabilidades, dice OVP
Régimen reconoce crisis penitenciaria. Durante años el régimen venezolano intentó desmentir, desacreditar o minimizar las denuncias sobre la crisis penitenciaria del país.
Sin embargo, recientes declaraciones de Diosdado Cabello, del fiscal general Larry Devoe y de la defensora del pueblo, Eglée González Lobato, terminaron reconociendo públicamente los problemas que el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) lleva décadas documentando, tales como el retardo procesal, la criminalización de la pobreza, el uso prolongado de centros de detención preventiva y la vulneración sistemática de derechos fundamentales.
Lo preocupante no es que ahora reconozcan la crisis, lo verdaderamente alarmante es que la reconozcan después de años de denuncias, informes, muertes bajo custodia y miles de personas atrapadas en un sistema que ellos mismos admiten que no funciona.
Las cifras presentadas por Diosdado Cabello son contundentes, actualmente existen 58.714 personas privadas de libertad en Venezuela. De ellas, 12.425 tienen más de dos años detenidas sin sentencia y, además, 8.222 permanecen recluidas en centros de detención preventiva, espacios concebidos para estadías de 48 horas como máximo, que en la práctica han sido convertidos en cárceles permanentes.
No se trata de una falla administrativa ni de casos aislados, estamos hablando de más de doce mil personas cuyos derechos han sido vulnerados por un sistema incapaz de garantizar una decisión judicial dentro de un plazo razonable. Aunado a esto, y quizás el dato más preocupante, es que Lavoe reconoció que el 75% de los condenados admitió los hechos.
Régimen reconoce crisis penitenciaria
Además, señaló que cerca del 70% de la población penitenciaria proviene de los sectores más pobres del país y que el 81% corresponde a personas que ingresan por primera vez al sistema penal. Lejos de ofrecer tranquilidad, estas cifras generan nuevas interrogantes: ¿El propio fiscal está reconociendo que miles de personas terminan admitiendo los hechos para escapar de un sistema incapaz de juzgarlas oportunamente?
Cuando una persona enfrenta años de prisión preventiva, hacinamiento, condiciones indignas de reclusión, falta de atención médica, alimentación insuficiente, escasez de agua potable y la incertidumbre de no saber cuándo será juzgada, la admisión de los hechos deja de ser una simple decisión jurídica y puede convertirse en una estrategia de supervivencia.
Al respecto, la verdadera pregunta no es cuántas personas admitieron los hechos, sino cuántas sintieron que no tenían otra alternativa. Entonces, ¿estamos frente a un sistema de justicia que combate la criminalidad o frente a un sistema que termina castigando de manera desproporcionada a los sectores más vulnerables de la sociedad?
Crisis devastadora
Mientras tanto, las consecuencias de esta crisis continúan siendo devastadoras. Desde abril de 2026 hasta la fecha, el OVP ha documentado al menos 22 muertes bajo custodia del régimen venezolano. A ello se suma una conclusión alarmante de nuestro Informe Anual 2025, el 95% de los fallecimientos registrados estuvieron asociados a la falta de asistencia médica oportuna.
Por ello resulta imposible analizar el retardo procesal, el hacinamiento o el colapso de los centros de detención preventiva como problemas aislados porque todas estas situaciones forman parte de una misma crisis que deteriora progresivamente la salud, la integridad y la vida de las personas privadas de libertad.
Las personas que pasan años esperando una sentencia también están expuestas a enfermedades, al deterioro de su salud física y mental, a la ruptura de sus vínculos familiares y a condiciones incompatibles con la dignidad humana.
En este contexto, las declaraciones de la nueva defensora del pueblo, Eglée González Lobato, merecen especial atención. Al afirmar que la institución debe atender a presos políticos, presos comunes, adultos mayores, adolescentes, niños y demás grupos vulnerables, reconoce implícitamente la magnitud de la crisis existente.
Sin embargo, el país no necesita más diagnósticos, las cifras expuestas por los voceros del régimen demuestran que el problema es ampliamente conocido por las instituciones del Gobierno. Lo que las personas privadas de libertad, sus familiares y la sociedad esperan no son nuevas declaraciones, sino respuestas concretas.
Preguntas a responder
¿Qué medidas adoptará la Defensoría del Pueblo para atender a las 12.425 personas que permanecen más de dos años sin sentencia? ¿Qué acciones impulsará para reducir la permanencia de miles de detenidos en centros de detención preventiva?
Además, ¿Qué hará frente a las denuncias de hacinamiento, enfermedades, tortura y muertes bajo custodia que continúan registrándose en cárceles y calabozos policiales?
Durante años, bajo la gestión de Alfredo Ruiz, la Defensoría observó cómo se acumulaban denuncias de retardo procesal, hacinamiento, tortura, enfermedades, muertes bajo custodia y graves violaciones de derechos humanos dentro de los lugares de reclusión. Hoy la nueva administración tiene la oportunidad de demostrar si actuará de manera distinta o si el reconocimiento de la crisis quedará reducido a otro ejercicio retórico sin consecuencias reales para quienes la padecen.
Las cifras ya están sobre la mesa y los diagnósticos también, lo que sigue faltando son responsables, decisiones y acciones concretas capaces de transformar una realidad que durante años ha condenado a miles de personas a sobrevivir dentro de un sistema que reconoce sus fallas, pero sigue sin corregirlas.
Cuatro planes, los mismos problemas
La actual Consulta Nacional para la Reforma de la Justicia Penal no es la primera iniciativa impulsada por el chavismo para transformar el sistema de justicia. De hecho, se trata al menos del cuarto “gran plan” anunciado durante los últimos veinte años con la promesa de corregir problemas como el retardo procesal, el hacinamiento, la corrupción institucional y las fallas estructurales del sistema penitenciario.
En 2005, durante el gobierno de Hugo Chávez, el Tribunal Supremo de Justicia puso en marcha el Plan de Reforma Estructural y Modernización del Poder Judicial. 16 años después, en 2021, Nicolás Maduro anunció una «revolución profunda y acelerada» del sistema de justicia a través de la Comisión Presidencial para la Revolución del Sistema de Justicia, presidida por Diosdado Cabello y Cilia Flores, con el objetivo de reducir el hacinamiento carcelario y combatir el retardo procesal.
Posteriormente, en febrero de 2026, activaron una Comisión Especial para la Reforma del Sistema Judicial, nuevamente bajo el liderazgo de Diosdado Cabello, con énfasis en la intervención de los centros de reclusión. Apenas unos meses después, en junio de 2026, surge la Consulta Nacional para la Reforma de la Justicia Penal, impulsada por el gobierno de Delcy Rodríguez, con el propósito de reconfigurar el sistema penal y combatir la corrupción institucional.
Dos décadas, cuatro planes de reforma, múltiples comisiones, diagnósticos reiterados y promesas de transformación después, el régimen vuelve a reconocer los mismos problemas que aseguró estar combatiendo. Mientras tanto, miles de personas continúan privadas de libertad sin sentencia, sobreviven en calabozos convertidos en cárceles permanentes y siguen muriendo bajo custodia.
ACN/MAS/Prensa OVP
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