Funcionarios del gobierno de EE.UU., creen que la amenaza de Trump a Harvard se debió a un «error» tras el envío de una carta. La referida misiva que desencadenó un conflicto con la Universidad de Harvard, pudo haber sido enviada por error. Así lo informó  The New York Times (NYT), citando a fuentes con conocimiento de la cuestión.

La Casa Blanca envió la semana pasada un correo electrónico a la prestigiosa institución con una «lista actualizada y ampliada de demandas». Esto en respuesta a una ola de protestas propalestinas que se han desarrollado en los campus universitarios del país. En ella, se advertía a Harvard que se debían cumplir con estas exigencias para mantener el apoyo financiero del Estado.

La comunicación estaba firmada por Sean Keveney, miembro del Departamento de Salud y Servicios Humanos y del grupo de trabajo sobre antisemitismo. No obstante, poco después de su envío un funcionario se comunicó con Harvard. Este le informó a la institución que se trataba de una carta «no autorizada» y que no debía haberse enviado, según dijeron las fuentes al NYT.

Amenaza de Trump a Harvard se debió a un «error»: contradicciones internas

Aún no está del todo claro dentro de la Administración por qué se decidió mandar la carta. De acuerdo con las fuentes, un grupo de funcionarios sostiene que se había enviado prematuramente. Mientras que otro afirma que era únicamente para circulación interna.

La institución rechazó las demandas, tachándolas de «excesivas e ilegales». Ante la negativa, el Gobierno retiró la financiación federal a la universidad. Asimismo, anunció la congelación de 2.200 millones de dólares en subvenciones plurianuales y 60 millones en contratos federales asignados.

Por su parte, May Mailman, estratega política principal de la Casa Blanca, culpó a la universidad por no revisar el documento antes de hacerlo público. Acusó además a la institución de «emprender una campaña de victimización«.

En tanto, Harvard rechazó esta crítica, afirmando que la carta llevaba firmas federales oficiales. «Fue firmada por tres funcionarios federales, con membrete oficial, desde el buzón de un alto funcionario federal», precisó la institución.

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