Amnistía Internacional, AI alertó sobre “fuerza excesiva” por parte de los cuerpos de seguridad de Venezuela contra las protestas para exigir derechos sociales y económicos, manifestaciones que han sido disuadidas con “medidas represivas”; según la organización.

En el capítulo Venezuela, dentro del informe 2022-2023 de AI, se destaca que la “mayoría de la población sufría inseguridad alimentaria grave y no tenía acceso a atención médica adecuada”; de acuerdo con los datos condensados para este balance, el cual está alimentado por reportes de varias ONG e instituciones internacionales.

Pese a que el número de “manifestaciones multitudinarias” para exigir derechos civiles y políticos disminuyó, prosigue el escrito; “las autoridades reaccionaron con tácticas represivas más selectivas (…) y sistemáticas, como utilizar el sistema judicial para acallar la disidencia y criminalizar a los defensores de derechos humanos”.

AI alertó sobre “fuerza excesiva” contra protestas en Venezuela

“Los servicios de inteligencia y otras fuerzas de seguridad, con la aquiescencia del sistema judicial, continuaron deteniendo de forma arbitraria, torturando e infligiendo otros tipos de malos tratos a las personas consideradas opositoras al Gobierno de Nicolás Maduro”, sostiene el informe.

AI remarcó que la “negligencia y la falta de mantenimiento continuaron reduciendo el acceso de la población al agua”; lo que motivó gran parte de las protestas comunitarias que se sumaron al total de 7.032 manifestaciones de 2022, “muchas” de la cuales terminaron con “represión y detenciones arbitrarias”.

Evidencias de violaciones a DD.HH.

Citando investigaciones de la ONU y varias ONG locales, la organización reiteró que existen violaciones de derechos humanos a mujeres, debido a la persistencia de la penalización del aborto y a que no encuentran un enfoque de género dentro de las instituciones del Estado cuando acuden a presentar denuncias.

Asimismo, el escrito denuncia la persistencia de la impunidad en casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales, afectaciones en los derechos de los pueblos indígenas -debido, entre otras razones, a la explotación minera por parte del Estado-, así como una persecución contra activistas y defensores de DDHH.

“La práctica de las detenciones arbitraria seguía siendo generalizada y, con frecuencia, se infligía tortura u otros malos tratos bajo custodia. Las autoridades también llevaban a cabo desapariciones forzadas de corta duración como parte de ese patrón de violaciones de derechos humanos”; añadió el informe.

ACN/MAS/EFE

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