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Solicitan comisión especial para investigar crisis de paludismo

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Este jueves 30 de noviembre en sesión semanal del Consejo Legislativo del estado Bolívar (Cleb), el bloque parlamentario Manuel Piar solicitó la designación de una comisión especial que se encargue de investigar a profundidad sobre la crisis palúdica que se extiende por la región.

La fracción integrada por los diputados opositores César Ramírez, Sait Rodríguez, Arcadio Guzmán y Francisco Cardiel; realizaron el petitorio con la intención de obtener una respuesta a dicha crisis de salud que afecta a los bolivarenses.

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Sait Rodríguez, diputado independiente, aseveró que el repunte de la enfermedad es significativo. “De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, en Latinoamérica existen 480 mil casos de la enfermedad y 260 mil están en el estado Bolívar; tenemos el récord de enfermos por paludismo”, resaltó.

Rodríguez aseguró que la enfermedad propia de las zonas mineras del sur, ahora también se halla en zonas urbanas como Ciudad Guayana, San Félix, Upata, Ciudad Bolívar y Caicara del Orinoco. “De manera que ahora está planteado que el gobierno aborde con una política de emergencia la situación y declare el combate del paludismo como ocurrió en 1942 hasta los sesenta”, exigió.

Los voceros opositores creen necesario que se implementen políticas como abastización de las aguas y reparto del tratamiento para erradicar nuevamente la epidemia de la región. “Ahora no solo entregan el tratamiento en los módulos asistenciales sino que también, lo entrega la guardia. Eso no está sometido a ninguna clase de control por parte de las autoridades sanitarias y eso se presta a la corruptela y venta del tratamiento”, comentó Rodríguez.

Aseguran que el tratamiento es vendido en 700 mil bolívares por las mafias y el gobierno no toma medidas. “De manera que por eso estamos exigiendo y solicitando una comisión especial para abordar el tema del paludismo en toda Ciudad Guayana”, afirmaron.

Nota de Prensa

Nacional

Cerca de 70 ataques a libertad de expresión en 2024 y más de 200 en 2023

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68 ataques la libertad de expresión en 2024 - Agencia Carabobeña de Noticias
@espaciopublico
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En Venezuela se registraron 68 ataques a la libertad de expresión en los primeros cuatro meses de 2024, un incremento del 22 % con relación al mismo periodo de 2023, cuando la cifra fue de 54 casos, según informó este viernes la ONG Espacio Público.

“Hemos registrado 68 casos que representan un incremento del 22 % con relación al mismo periodo del año anterior, donde en promedio, en estos cuatro meses, registramos 17 casos mensuales”. Señaló la coordinadora del Observatorio Social de la ONG, Marysabel Rodríguez, en la presentación del informe anual.

Agregó que los tipos de violaciones más frecuentes fueron las intimidaciones (30 %), seguido de la censura (27 %) y en tercer lugar el hostigamiento judicial (14 %). Sin precisar a qué hechos corresponde el 29 % restante.

“Esto da cuenta de una frecuencia importante (…) vinculado justamente a un periodo donde hay unas elecciones presidenciales cerca y las limitaciones son mucho mayores en esos contextos”, señaló.

68 ataques a la libertad de expresión en 2024

Rodríguez añadió que entre enero y abril han documentado el cierre de 13 emisoras de radio en los estados Apure, Carabobo, Bolívar, Lara, Portuguesa, Trujillo y Caracas, aunque no detalló si las bajas tienen que ver con la solicitud o renovación de licencias.

Esta situación, dijo, tiene un “impacto significativo en la posibilidad de acceder a información de interés público de diverso tipo, donde las fuentes principales de mayor interés, sobre todo en situaciones de crisis, son menos abordadas, por ejemplo, en el caso de las fuentes políticas”.

Detenciones vinculadas

Sobre detenciones vinculadas al ejercicio de la libertad de expresión, la coordinadora indicó que han registrado 18 casos entre enero y abril.

Rodríguez sostuvo que los más afectados con estas detenciones son ciudadanos que usan sus redes sociales para opinar u ofrecer información de interés en determinados temas asociados a la crisis de servicios públicos.

“De esas 18 detenciones, 9 han estado vinculadas con presuntos delitos de odio (…) o delitos asociados a incitación al odio. Esto también es un dato bastante preocupante, porque en el año 2023 fue una decena de casos que registramos de este tipo y en estos primeros cuatro meses ya tenemos 9 casos”, apuntó.

Asimismo, dijo que la mayoría de las limitaciones o restricciones a la libertad de expresión se dan en los espacios digitales, especialmente en los estados Miranda, Portuguesa y Caracas.

204 ataques en 2023

Durante 2023 se registraron 204 ataques a la libertad de expresión, lo que representa una disminución del 11 % con respecto a los 226 casos computados en 2022, según el informe anual de la ONG Espacio Público revelado este viernes, con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa.

“Durante 2023, registramos, al menos, 204 casos, lo cual representa una disminución del 11 % con relación al número de situaciones registradas en 2022″, reza el informe de la organización.

Asimismo, dijo que aunque en 2023 se registró la “menor cantidad de eventos” en la última década, la incidencia “se mantiene por encima del promedio de casos previo a 2013”.

“Este último periodo de estudio mantuvo un estancamiento de la agenda política y de desmovilización de los partidos políticos opositores, sin embargo, los tipos de casos registrados fueron más violentos, al involucrar mayores vulneraciones a la libertad personal, respecto al año anterior”, agregó.

Principal violación registrada

Asimismo, la principal violación registrada, prosiguió Espacio Público, fue la intimidación (31,5 %), seguido de la censura (25,8 %), el hostigamiento verbal (12,2 %), la amenaza (9,9 %), la restricción administrativa (8 %), el hostigamiento judicial (7,8 %), la agresión (4,1 %) y el ataque (0,26 %).

La ONG explicó que la intimidación está vinculada a los “impedimentos de desplazamiento, detenciones arbitrarias o asalto a periodistas durante el ejercicio de sus labores”.

Los principales victimarios, según Espacio Público, fueron las instituciones del Estado (35,5 %), funcionarios (21,4 %), cuerpos de seguridad (20,6 %), desconocidos (6 %).

Por otra parte, la organización registró 28 detenciones, vinculadas al ejercicio de la libertad de expresión, lo que representa -dijo- un aumento del 65 % con relación a 2022, cuando documentó 17 detenciones.

“Del total de personas detenidas, 16 fueron particulares, 10 trabajadores públicos y dos periodistas”, señaló.

A juicio de la organización, estas aprehensiones suelen ser una “medida en represalia por mensajes difundidos en redes sociales o reclamos antigubernamentales enviados a través de aplicaciones de mensajería instantánea”.

ACN/MAS/EFE

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