Nacional
Libertad de expresión incomoda al régimen de Maduro
El régimen de Nicolás Maduro diseñó diversas estrategias para cercenar el trabajo periodístico. Se escuda en la creación de mecanismos legales, económicos y violentos para lograr su objetivo. La razón es que al mandatario le incomoda que los medios difundan la realidad de Venezuela.
Este análisis lo obtuvo El Nacional a través de entrevistas a destacados comunicadores sociales. Marcelino Bisbal, periodista e investigador; Luisa Torrealba Mesa, investigadora del Ininco; Carlos Correa, director de Espacio Público, y Marco Ruiz, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa.
Las cifras divulgadas por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) argumentan el análisis de los consultados. Desde que comenzó este año se han registrado 113 hechos de violación a la libertad de expresión. Además suman 24 detenciones de periodistas.
Atentan contra la libertad de expresión desde el escudo legal
Desde el aspecto legal, Maduro y sus aliados diseñaron la Ley contra el odio. Herramienta utilizada para amedrentar. Así lo aseguró la Organización No Gubernamental (ONG) Espacio Púbico, quien maneja cifras de nueves procesados por incumplir con esa ley, dos están vinculados con el gremio de periodistas, uno de ellos es el caso de El Nacional.
Antes este tipo de acciones que buscan silenciar a los medios, Marco Ruiz, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, recordó que “informar no es delito sino un derecho que debe ser protegido y respetado por Maduro, aun en Estado de excepción. La carta magna es clara”.
Mientras que el periodista Marcelino Bisbal, recordó que “informar no es un delito. Lo que determina que una sociedad es democrática es la libertad que tiene el ciudadano no solo de hacer ejercicio de todos sus derechos, sino de poder recibir y transmitir información sin ningún tipo de cortapisas”.
ACN/El Nacional
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Nacional
Población respalda capital privado en sector eléctrico, según Pulso Nacional
Población respalda capital privado en sector eléctrico. El 81% de la población venezolana apoya la incorporación de capital privado a la propiedad y gestión del servicio eléctrico y, de hecho, 43% apoya una privatización total del sector, mientras que otro 38% considera que debe entrarse en un esquema de propiedad mixta.
Estos datos fueron presentados por la empresa consultora Poder y Estrategia en su más reciente encuesta Pulso Nacional, correspondiente al mes de mayo pasado.
La encuesta Pulso Nacional se realiza en las ciudades más pobladas del país en hogares de los estratos A,B,C,D y E con niveles de confianza de 95% y un margen de error máximo de 3%.
El 66% de la población encuestada valoró negativamente la calidad del servicio eléctrico. En concreto, 48% de los entrevistados calificó el suministro de energía eléctrica como pésimo, mientras otro 18% calificó la calidad de este servicio público como mala.
Población respalda capital privado en sector eléctrico
Por otra parte, 21% calificó el servicio eléctrico como «regular»; 10% está conforme con la calidad del suministro mientras que un mínimo 3% de la población encuestada dijo que es «excelente».
En línea con la opinión mayoritaria y como respuesta a la crisis eléctrica en el contexto político post «3 de enero», la Asamblea Nacional debate un proyecto de reforma legal que permite la inversión privada en todas las áreas del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), a través de un modelo de concesiones.
La realidad salarial
Por otra parte, la encuesta Pulso Nacional de la consultora Poder y Estrategia evaluó la realidad salarial del país, al consultar los niveles de ingresos de la población con el nuevo ingreso mínimo indexado como parámetro de comparación.
En concreto, 44% de la población encuestada señala que su ingreso mensual es inferior a los 240 dólares mensuales, mientras que otro 24% señala que su remuneración es igual a la mínima nacional.
En resumen, de acuerdo con este sondeo 68% de la población gana menos o un monto equivalente al ingreso mínimo mensual, lo que confirma el elevado nivel de precariedad salarial que afecta a una clara mayoría del país.
Por otra parte, solo 31% de la población encuestada apuntó que gana más de 240 dólares mensuales.
De acuerdo con el más reciente registro del CENDAS-FVM, el costo de la canasta básica alimentaria se ubica en el equivalente a 731 dólares mensuales, 205% por encima del ingreso mínino decretado en mayo.
El Observatorio de Gasto Público de CEDICE Libertad, en su reporte más reciente -correspondiente a abril- informó que la canasta básica de consumo para una familia de tres miembros costó 1.616 dólares.
ACN/MAS/Banca y Negocios
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