La reforma eléctrica aún no genera confianza inversora, advierten empresarios. La Cámara de Comercio de Maracaibo alertó que la reforma eléctrica en discusión todavía no ofrece las garantías necesarias para atraer capital privado, pese a los avances legislativos y regulatorios de los últimos meses.

El gremio sostiene que el sistema eléctrico continúa siendo uno de los mayores riesgos para la actividad productiva y que, sin un marco jurídico predecible, será difícil movilizar inversión nacional e internacional hacia un sector que requiere proyectos de largo plazo y altos montos de financiamiento.

La advertencia se apoya en la más reciente Encuesta de Coyuntura Económica de la institución, según la cual el 96% de las empresas en Maracaibo identifica al servicio eléctrico como un factor que limita su capacidad operativa.

La Cámara afirma que la frecuencia de las interrupciones sigue afectando la producción, el empleo y la competitividad regional, tres meses después de haber manifestado públicamente su preocupación.

Reforma eléctrica aún no genera confianza inversora

El gremio reconoce que la discusión del Proyecto de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico, junto con la emisión de nuevas licencias generales por parte de la OFAC, abre una ventana para la participación de empresas internacionales.

También destaca los acuerdos con IMPSA para la recuperación de Tocoma y con GE Vernova para la estabilización del sistema eléctrico nacional.

Pero insiste en que estos pasos no resuelven el problema central: la falta de un marco regulatorio que reduzca la percepción de riesgo. El proyecto de ley, señala, concentra decisiones clave en el Ejecutivo, lo que dificulta la entrada de inversionistas institucionales y limita el acceso a financiamiento multilateral.

La Cámara plantea la necesidad de reguladores independientes y mecanismos internacionales de arbitraje para resolver disputas.

Tres ajustes esenciales

El comunicado propone tres cambios concretos para que la reforma sea atractiva para el capital privado. El primero es la descentralización del sistema eléctrico, con el retorno a empresas regionales con autonomía operativa y financiera, un modelo que —según el gremio— permitió que Venezuela contara con uno de los servicios más robustos del continente antes de 2007. Estas compañías deberían operar en asociación con capital privado nacional e internacional.

El segundo es la seguridad jurídica, indispensable para reducir el riesgo país y facilitar la entrada de financiamiento de largo plazo.

El tercero es la ampliación del plazo máximo de concesión, actualmente fijado en 25 años. La Cámara considera que este horizonte es insuficiente para proyectos de infraestructura eléctrica de gran escala y pide garantías sobre el valor residual de las inversiones, así como la posibilidad de renovar concesiones.

Zulia como caso de prueba

El gremio subraya que el estado Zulia posee un ecosistema empresarial clave para la recuperación económica del país, con diversidad productiva, ubicación estratégica y capacidad instalada. Una eventual recuperación energética de la región afirma, podría demostrar que con reglas claras y condiciones adecuadas es posible avanzar hacia un modelo productivo más competitivo.

La Cámara reiteró su disposición a colaborar con el Ejecutivo, el Legislativo y las empresas del sector energético para impulsar una reforma que convierta las oportunidades actuales en proyectos concretos.

ACN/MAS/NDP

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