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Opositores cuestionan versión oficial sobre muerte de Leoner Azuaje

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Objetan versión sobre muerte de Leoner Azuaje - noticiacn
Leoner Azuaje Urrea.
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Opositores objetan versión sobre muerte de Leoner Azuaje Urrea realizada por el Ministerio Público (MP), uno de los 61 detenidos en el último mes por supuesta corrupción, que se suicidó en la celda donde estaba recluido.

Según informó ayer el fiscal general, Tarek William Saab, los resultados de la autopsia al cuerpo de Azuaje Urrea revelaron que se trató de un ahorcamiento.

Además, señaló en Twitter que se hallaron “varias cartas dirigidas a su familia”, en las que menciona la “decisión” de “atentar contra su vida” y “asume el error cometido”.

Opositores objetan versión sobre muerte de Leoner Azuaje

Al respecto, el opositor Juan Guaidó dijo, en un mensaje en esta red social, que “no es creíble la versión ‘oficial’ del suicidio de Leoner Azuaje”, y aseguró que la “tortura y asesinato de presos es una práctica recurrente de la dictadura”.

“Ya son 11 personas que han muerto bajo custodia de los órganos represores y por esto la dictadura es señalada en la ONU y la Corte Penal Internacional (CPI)”, aseguró el candidato a las primarias opositoras para las elecciones presidenciales.

Por su parte, el dos veces candidato a la Presidencia y también aspirante a las primarias Henrique Capriles calificó de “atroz e inaceptable” que Azuaje Urrea “perdiera la vida en custodia del Estado”.

“¿Se suicidó en presencia de su compañero de celda? ¿Dónde está la investigación para establecer responsabilidad de sus custodios?”, expresó Capriles, quien recordó la muerte del concejal caraqueño Fernando Albán, fallecido en prisión en 2018 al caer de un décimo piso.

Sobre este caso, la Fiscalía aseguró, al momento del fallecimiento, que Albán se suicidó lanzándose desde un décimo piso pero, en diciembre de 2021, dos funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) fueron condenados a cinco años y diez meses de prisión por el homicidio del político.

ACN/MAS/EFE

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Nacional

Provea presentó crudo informe 2013 y 2023 (+ video)

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Informe Anual de Provea - Agencia Carabobeña de Noticias
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El informe Anual de Provea. La ONG Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos registró entre 2013 y 2023 un total de 43.003 víctimas de violaciones a la integridad personal, de los cuales 1.652 fueron casos de tortura, dio a conocer este martes 30 de abril.

“Dentro de la integridad personal, entre 2013 y 2023 se registraron 1.652 víctimas de torturas”. Señaló la coordinadora de investigación de la ONG, Lissette González, en la presentación del informe.

En ese mismo período, prosiguió, Provea registró un total de 7.309 víctimas de tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes.

“Este es un indicador que viene subiendo año a año y que se debe, principalmente, por las penosas condiciones en que se encuentran las cárceles venezolanas, donde la población reclusa se enfrenta a pésimas condiciones, no solo hacinamiento, ausencia de agua, ausencia de alimentos”, explicó.

González señaló que, en 2023, hubo 53 víctimas de “tortura”, de los cuales -aseguró- tres fallecieron como consecuencia del daño ocasionado.

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Informe Anual de Provea - Agencia Carabobeña de Noticias

El Informe Anual de Provea

Añadió que, por primera vez en los registros de Provea, desde su fundación en 1988, “la mayoría de las víctimas (de tortura) fueron mujeres pobres, privadas de libertad”, por parte de funcionarios del Grupo de Respuesta Inmediata de Custodios Penitenciarios (GRIC).

Provea señaló en el informe que el “irregular” funcionamiento del sistema de administración de justicia de Venezuela y el “copamiento de la institucionalidad por parte del Poder Ejecutivo, garantiza impunidad para la mayoría de los delitos y violaciones de derechos humanos”.

“De esta manera se generan condiciones favorables para la ocurrencia de abusos, los cuales no son sancionados”, reza el informe.

Provea pidió al Estado venezolano que se permita el ingreso de los representantes de la Oficina del Alto Comisionado de las ONU para los Derechos Humanos a los recintos carcelarios, “para constatar el estado de reclusión en que se encuentran las personas privadas de libertad, sobre todo los detenidos por razones políticas”.

ACN/MAS/EFE

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