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Enterrados en fosa común 18 cadáveres no reclamados en Aragua

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Enterrados en fosa común 18 cadáveres no reclamados
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Son enterrados en una fosa común 18 cadáveres no reclamados en Aragua el pasado 14 de mayo; en el cementerio municipal de Santa Cruz ubicado en dicha entidad.

Cabe destacar; que los cuerpos no habían sido reclamados durante meses en la morgue de Caña de Azúcar en Maracay.

En su mayoría los cuerpos presentan heridas de armas de fuego; y permanecieron en las cavas de la morgue a la espera de que algún familiar o allegado los reclamara o identificara.

Enterrados en fosa común 18 cadáveres no reclamados

Como nadie se presenta a reclamar los cuerpos el Senamecf; cumpliendo los protocolos correspondientes; se solicita apoyo a la alcaldía de Lamas que asumió los gastos del entierro.

Una fuente interna de la morgue explica que este procedimiento es conocido como “pobres de solemnidad”; y aplica para quienes no pueden cubrir gastos funerarios o en los casos en los que nadie reclama el cuerpo del difunto.

“Se trataba de varios cadáveres; en algunos casos de personas ancianas que generalmente estaban en condición de calle y mueren por causas naturales; y otros, por homicidios, en su mayoría”, cuenta.

Es importante resaltar, que esta medida también se realiza para descongestionar los espacios de la morgue.

En otras ocasiones, estos entierros se han realizado en zonas como los Valles de Tucutunemo; en el municipio Zamora, en Palo Negro, municipio Libertador o en Turmero; municipio Mariño, por ejemplo.

En Venezuela, los ciudadanos afrontan obstáculos para enterrar y cremar a sus familiares. Con la escasez de gasolina; ahora los servicios funerarios se ven muy limitados en cuanto al traslado de cadáveres a los camposantos o crematorios.

En Aragua, por ejemplo, refiere un prestador de capillas velatorias en la región quien pidió omitir su identidad, las unidades fúnebres también deben hacer largas colas para surtirse de gasolina, que casi siempre resulta insuficiente. De allí, que en muchos casos, los familiares de los difuntos también deben conseguir la gasolina para el traslado.

En cuanto a los costos de los servicios funerarios; estos van desde 150 hasta 300 dólares, en los casos que incluyen inhumaciones.

ACN/El Clarín/Crónica Uno

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Cerca de 70 ataques a libertad de expresión en 2024 y más de 200 en 2023

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68 ataques la libertad de expresión en 2024 - Agencia Carabobeña de Noticias
@espaciopublico
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En Venezuela se registraron 68 ataques a la libertad de expresión en los primeros cuatro meses de 2024, un incremento del 22 % con relación al mismo periodo de 2023, cuando la cifra fue de 54 casos, según informó este viernes la ONG Espacio Público.

“Hemos registrado 68 casos que representan un incremento del 22 % con relación al mismo periodo del año anterior, donde en promedio, en estos cuatro meses, registramos 17 casos mensuales”. Señaló la coordinadora del Observatorio Social de la ONG, Marysabel Rodríguez, en la presentación del informe anual.

Agregó que los tipos de violaciones más frecuentes fueron las intimidaciones (30 %), seguido de la censura (27 %) y en tercer lugar el hostigamiento judicial (14 %). Sin precisar a qué hechos corresponde el 29 % restante.

“Esto da cuenta de una frecuencia importante (…) vinculado justamente a un periodo donde hay unas elecciones presidenciales cerca y las limitaciones son mucho mayores en esos contextos”, señaló.

68 ataques a la libertad de expresión en 2024

Rodríguez añadió que entre enero y abril han documentado el cierre de 13 emisoras de radio en los estados Apure, Carabobo, Bolívar, Lara, Portuguesa, Trujillo y Caracas, aunque no detalló si las bajas tienen que ver con la solicitud o renovación de licencias.

Esta situación, dijo, tiene un “impacto significativo en la posibilidad de acceder a información de interés público de diverso tipo, donde las fuentes principales de mayor interés, sobre todo en situaciones de crisis, son menos abordadas, por ejemplo, en el caso de las fuentes políticas”.

Detenciones vinculadas

Sobre detenciones vinculadas al ejercicio de la libertad de expresión, la coordinadora indicó que han registrado 18 casos entre enero y abril.

Rodríguez sostuvo que los más afectados con estas detenciones son ciudadanos que usan sus redes sociales para opinar u ofrecer información de interés en determinados temas asociados a la crisis de servicios públicos.

“De esas 18 detenciones, 9 han estado vinculadas con presuntos delitos de odio (…) o delitos asociados a incitación al odio. Esto también es un dato bastante preocupante, porque en el año 2023 fue una decena de casos que registramos de este tipo y en estos primeros cuatro meses ya tenemos 9 casos”, apuntó.

Asimismo, dijo que la mayoría de las limitaciones o restricciones a la libertad de expresión se dan en los espacios digitales, especialmente en los estados Miranda, Portuguesa y Caracas.

204 ataques en 2023

Durante 2023 se registraron 204 ataques a la libertad de expresión, lo que representa una disminución del 11 % con respecto a los 226 casos computados en 2022, según el informe anual de la ONG Espacio Público revelado este viernes, con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa.

“Durante 2023, registramos, al menos, 204 casos, lo cual representa una disminución del 11 % con relación al número de situaciones registradas en 2022″, reza el informe de la organización.

Asimismo, dijo que aunque en 2023 se registró la “menor cantidad de eventos” en la última década, la incidencia “se mantiene por encima del promedio de casos previo a 2013”.

“Este último periodo de estudio mantuvo un estancamiento de la agenda política y de desmovilización de los partidos políticos opositores, sin embargo, los tipos de casos registrados fueron más violentos, al involucrar mayores vulneraciones a la libertad personal, respecto al año anterior”, agregó.

Principal violación registrada

Asimismo, la principal violación registrada, prosiguió Espacio Público, fue la intimidación (31,5 %), seguido de la censura (25,8 %), el hostigamiento verbal (12,2 %), la amenaza (9,9 %), la restricción administrativa (8 %), el hostigamiento judicial (7,8 %), la agresión (4,1 %) y el ataque (0,26 %).

La ONG explicó que la intimidación está vinculada a los “impedimentos de desplazamiento, detenciones arbitrarias o asalto a periodistas durante el ejercicio de sus labores”.

Los principales victimarios, según Espacio Público, fueron las instituciones del Estado (35,5 %), funcionarios (21,4 %), cuerpos de seguridad (20,6 %), desconocidos (6 %).

Por otra parte, la organización registró 28 detenciones, vinculadas al ejercicio de la libertad de expresión, lo que representa -dijo- un aumento del 65 % con relación a 2022, cuando documentó 17 detenciones.

“Del total de personas detenidas, 16 fueron particulares, 10 trabajadores públicos y dos periodistas”, señaló.

A juicio de la organización, estas aprehensiones suelen ser una “medida en represalia por mensajes difundidos en redes sociales o reclamos antigubernamentales enviados a través de aplicaciones de mensajería instantánea”.

ACN/MAS/EFE

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