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314 fiscales electorales velarán por campaña electoral

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314 Fiscales Electorales
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Unos 314 fiscales electorales serán los encargados de verificar el material de publicidad y propaganda; para las venideras elecciones del 20 de mayo; quienes también visitarán instituciones para informar sobre las normas de la campaña; como por ejemplo la prohibición de propaganda dentro de instalaciones públicas.

Así lo informó este lunes la rectora principal del Consejo Nacional Electoral (CNE) Tania D’Amelio, durante una entrevista concedida a Venezolana de Televisión.

Detalló que “20 millones 526 mil 978 venezolanos participaran en las elecciones presidenciales”; incluyendo a aquellos venezolanos que se encuentran fuera del país, sin embargo; aclaró que en el caso de las elecciones de consejos legislativos; solo podrán ejercer su derecho al voto “18 millones 919 mil 364 venezolanos que se encuentren en el país”.

Asimismo explicó que, según la ley electoral; solamente organizaciones y partidos que estén debidamente inscritos en el CNE; podrán contratar publicidad en los medios de comunicación y precisó al respecto que; todas las propagandas que se difundan por medio de cualquier plataforma comunicacional; deben tener visible el número de Registro de Información Fiscal de la organización política propietaria del mensaje. En tal sentido, exhortó a los representantes políticos a consultar el texto legal que se encuentra disponible en la página del CNE.

Recordó además que durante la campaña electoral no está permitido llamados a la violencia, utilización de niños y símbolos nacionales, entre otros.

D’Amelio señaló también que el cronograma del CNE se está realizando dentro de lo previsto y que todas las actividades establecidas hasta el momento se cumplieron.

La más reciente es el comienzo de la campaña electoral para esta votación que va a elegir al presidente de la República e integrantes de los consejos legislativos estatales.

En esta etapa, que comprende la promoción de las candidaturas, fueron establecidos los parámetros cumpliendo con la normativa y el reglamento para los procesos electorales en el país.

 

ACN/ AVN

Nacional

Fundaredes exige la liberación de su director detenido hace 1.000 días

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Fundaredes exige liberar a su director que cumple 1000 días detenido - Agencia Carabobeña de Noticias
Javier Tarazona.
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La ONG venezolana Fundaredes exige liberar a su director que cumple 1000 días detenido, considerado por diversas organizaciones “preso político”, quien cumple hoy 1.000 días detenido.

“Detenido y acusado sin pruebas: Javier Tarazona lleva 1.000 días privado de su libertad por defender los derechos humanos en Venezuela. ¡Defender DDHH no es un delito! ¡Basta de atropellos!”, señaló la organización en un mensaje publicado en la red social X.

Fundaredes sostuvo que el Estado de Venezuela “viola flagrantemente los derechos humanos de Javier Tarazona al someterlo a un proceso judicial plagado de irregularidades y abusos”.

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Fundaredes exige liberar a su director que cumple 1000 días detenido

El activista, preso desde julio de 2021, fue la principal voz de denuncia de un conflicto entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y disidencias de las FARC que se desarrolló en una zona fronteriza con Colombia ese año, ante la falta de datos oficiales.

En enero pasado, Tarazona denunció ante un tribunal haber sufrido torturas, de acuerdo al presidente de la ONG Foro Penal, el abogado Alfredo Romero.

“No estamos diciendo que hubo o no tortura, pero la víctima dice que fue torturada y se requiere, obviamente, una investigación”, dijo Romero en una rueda de prensa.

Aseguró que el tribunal, ante la “presión de esas denuncias”, las ha “remitido” a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio Público (MP, Fiscalía), ente al que “requirió que se investigara”.

Víctima del “retardo procesal”

Tarazona, víctima de un “retardo procesal”, según organizaciones y abogados, fue detenido el 2 de julio de 2021 cuando acudió a la sede de la Fiscalía en Coro, capital del estado Falcón (noroeste), a denunciar que estaba siendo víctima de acoso y persecución por parte de funcionarios de la Policía de esa región, agentes del Sebin y sujetos sin identificar, según denunció entonces la ONG.

Posteriormente, fue imputado por incitación al odio, terrorismo y “traición a la patria”.

ACN/MAS/EFE

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