Cronograma electoral modificado 4 veces no ha sido oficializado por el CNE: El cronograma electoral ha sido modificado cuatro veces desde el llamado del candidato Nicolás Maduro a elecciones presidenciales, pero el Consejo Nacional Electoral (CNE) aun no oficializado el instrumento con su publicación en Gaceta Oficial, y los técnicos indicaron que el organismo incumple con el proceso y el acuerdo firmado por partidos que participarán en la votación del 20 de mayo.
Han pasado 43 días desde que el Consejo Nacional Electoral anunció la reprogramación de la fecha para las elecciones presidenciales y la decisión de escoger consejos legislativos y concejos municipales en conjunto, y hasta entonces el cronograma electoral –que han modificado en cuatro oportunidades– no ha sido publicado en Gaceta Electoral, y sin este paso legalmente no existe la convocatoria.
La ONG Súmate señaló que al cúmulo de irregularidades que empañan la transparencia de las elecciones de presidente y de consejos legislativos se agrega una muy importante: la falta de publicación del cronograma electoral en Gaceta Electoral.
El único cronograma electoral que se ha oficializado es el de la convocatoria para el 22 de abril, pero el de la nueva fecha ni alguno de los cambios que ha tenido ha sido publicado en gaceta. Solo aparece en la página web del ente comicial.
Tibisay Lucena, presidente del CNE, aseguró ayer que el cronograma electoral “se ha cumplido de acuerdo con lo previsto”. Sin embargo, expertos indicaron que la institución no solo ha incumplido con el calendario de actividades, sino también con las garantías solicitadas por los candidatos en un documento que firmaron el 2 de marzo.
“En este proceso no se ha cumplido ni siquiera con el primer requisito, que es la publicación del cronograma electoral. El cumplimiento de las leyes electorales va desde la convocatoria. La elección no está convocada hasta que el cronograma no esté publicado en gaceta”, manifestó Francisco Castro, director de Súmate.
Indicó que el CNE no ha cumplido con la promoción y difusión de información sobre las jornadas de actualización e inscripción del registro electoral; no ha garantizado el respeto, la tolerancia y la movilización por todo el país a los candidatos ni la observación internacional.
El técnico electoral Aníbal Sánchez dijo que la observación electoral calificada no ha estado ni en auditoría de registro ni en la de servicio electoral, como tampoco en la de cuadernos de votación del exterior, pese a que fue una de las promesas discutidas en Santo Domingo y plasmada en el acuerdo del 2 de marzo por candidatos. Agregó que el cronograma, que ya tenía omisiones en algunas fases, ha sido reprogramado, pero que aún quedan algunos vacíos.
Explicó que entre los pasos con modificaciones está el de la publicación de los centros de votación, que de acuerdo con el cronograma debió hacerse el 6 de abril pero no fue hasta el 11 cuando se hizo efectiva la actividad. Añadió que todas las auditorías de software de máquinas, de cuadernos de votación y de datos de electores fueron reprogramadas para el 16 y el 24 de abril.
“Con estas violaciones se vuelve a demostrar cómo la convocatoria de un proceso electoral tan apresurado tiene consecuencia en la calidad de la elección”, dijo Castro. Señaló que existen al menos 70 actividades del cronograma cuyos lapsos son distintos de los que ordena la Ley de procesos electorales.
Ambos expertos criticaron la falta de información oficial sobre el sorteo de miembros de mesa y las juntas regionales. Sánchez aseguró la aceptación de postulaciones de candidatos, una de las tareas de estos, se realizó de manera “ad hoc”.
En la mira. “La desestimulación del voto constituye una falta electoral, por lo cual se tomarán algunas medidas, como sanciones, a todos aquellos que lo estimulen”, dijo Lucena en rueda de prensa, en la que también informó que cada candidato contará con cuatro minutos diarios de radio y televisión. Los candidatos a los concejos municipales contarán con dos minutos, aunque no precisó la fecha para estos comicios.
También recordó la prohibición de la propaganda que promueva guerra, evasión fiscal, y la contratación por personas naturales o jurídicas, ONG y fundaciones.
ACN/diarios
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