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Desalojan y no admiten más pacientes psiquiátricos del IVSS

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Desalojan y no admiten más pacientes psiquiátricos del IVSS por deuda de 71 mil millones: Pacientes psiquiátricos, un total de 3.500,  están amenazados de desalojo y los familiares de los enfermos, así como trabajadores del sector salud pidieron al IVSS que cancele la deuda que mantiene con las clínicas que se han quedado sin recursos

Pacientes psiquiátricos que están hospitalizados, un total de 3.500, en 68 centros de reposo adscritos al Instituto Venezolano de Seguros Sociales, podrían ser desalojados en las próximas horas si el organismo se niega a saldar la deuda que desde enero mantiene con las clínicas que se han quedado sin recursos para costear alimentos y medicinas.

Ayer, desde las 9:00 am, familiares de los pacientes, así como trabajadores del sector salud protestaron frente a la sede del organismo, en la avenida Baralt, para exigirles a la jefa de la División de Recursos, Yoilet Briceño, y al ministro de Salud, Luis López, quien fue designado director de la institución en noviembre de 2017, que fijen posición ante el problema planteado.

Desalojan con con pausa

Ada González, relató que su hermano Daniel González, diagnosticado hace 20 años con esquizofrenia y trastorno bipolar, fue desalojado temporalmente del Instituto Residencial del Este donde se mantuvo hospitalizado durante 10 años. “Lleva 5 días en la casa y ha comenzado a tornarse agresivo. La medicina se le acabó. Vivimos con nuestros padres, que son hipertensos, y siento temor de dejarlo con ellos. Me dijeron que si no hay respuesta del IVSS, mi hermano no volverá a la clínica”, indicó.

Amparo Ruiz relató que su hijo Jackson Maldonado es paciente esquizofrénico y tiene más de una semana descompensado sin alimentos ni medicinas en la clínica Sagrado Corazón de Jesús, ubicada en la urbanización Los Chorros: “Me llamaron y me dijeron que ha convulsionado varias veces. Necesita antipsicóticos inyectables. Tengo miedo de que lo desalojen, vivo sola y si se pone violento podría matarme”.

Mónica Santo Domingo, vocera del comité organizador de la casa de reposo Corazón de Jesús, aseguró que ayer en la mañana murió el cuarto paciente descompensado por falta de alimentos y medicinas. Indicó que otras 30 personas recluidas están en estado severo de desnutrición. “Toda esta situación ha generado crisis y shock nerviosos en nuestros pacientes. Es responsabilidad del IVSS como representante del Estado darnos una respuesta”, recalcó.

Álvaro Villegas, director administrativo de la residencia socioasistencial Santa María, explicó que hasta diciembre de 2017 el IVSS canceló 40.000 bolívares por cama para atender a los 3.500 pacientes fármacodependientes. Explicó que la directiva de la institución, a través de un acuerdo verbal, prometió reajustar el presupuesto a 270.000 bolívares diarios por paciente a partir de enero. Sin embargo, enfatizó en que hasta la fecha continúan sin recibir los recursos.

La deuda del organismo con los centros de reposo asciende a los 71 millardos de bolívares y agregó que, en promedio, son necesarios diariamente 1.000 platos de comida para garantizar una alimentación balanceada a los enfermos. “Exigimos el pago de lo que nos deben. No tenemos comida para alimentar a los pacientes y si no recibimos respuesta comenzaremos a enviarlos a su casa”, dijo.

Desalojan porque no hay cupos ni opciones

Desde junio del año 2016 no hay cupo para admitir a nuevos pacientes en las 68 clínicas de reposo adscritas al IVSS, denunció Álvaro Villegas, director administrativo de la residencia socioasistencial Santa María. “Rotondaro cerró el envío de pacientes sin ninguna justificación. Fue una orden sin argumentos”. Mónica Santo Domingo, vocera del comité de la casa de reposo Corazón de Jesús, catalogó la decisión como una violación al derecho a la seguridad social. “Le corresponde a quien cotiza el seguro social. Hay una gran cantidad de pacientes con trastornos mentales que están en su casa cuando deberían estar hospitalizados. ¿Qué sucede, entonces, con todo ellos?”, se preguntó.

ACN/diarios/@CATERINAV

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Fundaredes exige la liberación de su director detenido hace 1.000 días

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Fundaredes exige liberar a su director que cumple 1000 días detenido - Agencia Carabobeña de Noticias
Javier Tarazona.
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La ONG venezolana Fundaredes exige liberar a su director que cumple 1000 días detenido, considerado por diversas organizaciones “preso político”, quien cumple hoy 1.000 días detenido.

“Detenido y acusado sin pruebas: Javier Tarazona lleva 1.000 días privado de su libertad por defender los derechos humanos en Venezuela. ¡Defender DDHH no es un delito! ¡Basta de atropellos!”, señaló la organización en un mensaje publicado en la red social X.

Fundaredes sostuvo que el Estado de Venezuela “viola flagrantemente los derechos humanos de Javier Tarazona al someterlo a un proceso judicial plagado de irregularidades y abusos”.

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Fundaredes exige liberar a su director que cumple 1000 días detenido

El activista, preso desde julio de 2021, fue la principal voz de denuncia de un conflicto entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y disidencias de las FARC que se desarrolló en una zona fronteriza con Colombia ese año, ante la falta de datos oficiales.

En enero pasado, Tarazona denunció ante un tribunal haber sufrido torturas, de acuerdo al presidente de la ONG Foro Penal, el abogado Alfredo Romero.

“No estamos diciendo que hubo o no tortura, pero la víctima dice que fue torturada y se requiere, obviamente, una investigación”, dijo Romero en una rueda de prensa.

Aseguró que el tribunal, ante la “presión de esas denuncias”, las ha “remitido” a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio Público (MP, Fiscalía), ente al que “requirió que se investigara”.

Víctima del “retardo procesal”

Tarazona, víctima de un “retardo procesal”, según organizaciones y abogados, fue detenido el 2 de julio de 2021 cuando acudió a la sede de la Fiscalía en Coro, capital del estado Falcón (noroeste), a denunciar que estaba siendo víctima de acoso y persecución por parte de funcionarios de la Policía de esa región, agentes del Sebin y sujetos sin identificar, según denunció entonces la ONG.

Posteriormente, fue imputado por incitación al odio, terrorismo y “traición a la patria”.

ACN/MAS/EFE

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