En el marco del 76° aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Venezuela sigue siendo un caso destacado en la agenda de la Corte Penal Internacional (CPI) debido a investigaciones sobre posibles crímenes de lesa humanidad cometidos por la administración de Nicolás Maduro. 

Actualmente, la investigación abierta por la CPI desde noviembre de 2021, liderada en un principio por la fiscal Fatou Bensouda y en la actualidad está al frente de Karim Khan, se encuentra en una etapa crucial.

El caso ha avanzado hacia la recopilación y evaluación de pruebas que podrían derivar en órdenes de arresto o comparecencia contra responsables de violaciones sistemáticas de derechos humanos.

Ahora bien, dice la nota de prensa enviada por el Observatorio de Prisiones, a pesar de los «avances de que estamos en una etapa de investigación independientemente de la complementariedad que el Estado no ha dado muestra de cumplir de modo alguno, las organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos han intensificado las demandas de justicia, incluyendo protestas globales en más de 150 ciudades».

Estas acciones buscan presionar a la CPI para que tome medidas contundentes frente a denuncias de torturas, detenciones arbitrarias y persecuciones políticas que afectan a miles de venezolanos, incluyendo menores de edad.

A este contexto se suma la labor de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2019. Hasta la fecha, esta misión ha entregado cuatro informes exhaustivos, documentando patrones de represión, tortura y persecuciones sistemáticas que podrían constituir crímenes de lesa humanidad.

Estos informes han sido fundamentales para visibilizar las violaciones y aportar pruebas clave en los procesos internacionales.

“Tras haber retomado parcialmente sus actividades en Venezuela, instamos a la Misión a que continúe su labor con independencia y sin temor a las represalias. Es imperativo que se realicen investigaciones exhaustivas, visitas a centros de detención y monitoreos en terreno, sin importar las posibles consecuencias políticas. La justicia y la verdad no pueden negociarse ni dilatarse”, expresó Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).

Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha publicado informes que destacan las graves violaciones de derechos humanos en el país.

Entre las principales preocupaciones que subraya la CIDH en dos informes más recientes destaca el uso arbitrario de la fuerza y las detenciones, que han afectado a más de 2000 personas

incluidos menores de edad, quienes son señalados como parte de un patrón sistemático de represión

Estas acciones incluyen desapariciones forzosas y censura contra quienes son percibidos como opositores al régimen.

La CIDH también documentó los hostigamientos a líderes de la oposición y ataques a la libertad de asociación y expresión, tras la jornada electoral de julio del 2024, cuyas tácticas tienen el objetivo de sembrar miedo y sofocar la disidencia.

“En estos momentos críticos, reiteramos la importancia de que la CIDH, la Misión Internacional y otros mecanismos internacionales actúen con determinación y sin temor a las consecuencias políticas, priorizando siempre la justicia y los derechos de las víctimas y sus familiares. La comunidad internacional debe seguir exigiendo medidas concretas para restaurar la dignidad y los derechos de los venezolanos”, expresó Prado.

De igual manera, el también abogado y defensor de derechos humanos agregó:

“En este Día de los Derechos Humanos, no tenemos nada que celebrar. Seguimos alzando nuestra voz frente a la grave violación sistemática de los derechos civiles, políticos y económicos en Venezuela».

«La lucha por la justicia continúa, y en este momento crucial, estamos en una etapa en la que podrían producirse detenciones de los responsables de estos crímenes de lesa humanidad. La Corte Penal Internacional avanza en su investigación, pero aún queda mucho por hacer para garantizar que los perpetradores enfrenten las consecuencias de sus acciones”.

Es un hecho que Venezuela incumple los principios fundamentales establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el primer reconocimiento global de que los derechos básicos y las libertades fundamentales son inherentes, inalienables y universales para todos los seres humanos.

Este documento, que proclama que nacemos libres y con igualdad de derechos, contrasta de manera trágica con la realidad que enfrenta el país.

“En este 76° aniversario de la Declaración, Venezuela es testigo de la detención arbitraria de adolescentes, jóvenes y adultos, muchos de ellos considerados presos políticos.

«Las madres claman por su liberación frente a un gobierno que perpetra crímenes atroces, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias y persecuciones a líderes políticos».

«Las denuncias también incluyen crímenes de violencia sexual, utilizados como mecanismo de represión”, puntualizó el director del OVP.

Por último, «desde el OVP reafirmamos nuestro compromiso de seguir luchando por la dignidad de cada persona, por la justicia para las víctimas y por el restablecimiento de los derechos humanos en Venezuela» .

«Nuestra misión es seguir denunciando, vigilando y exigiendo justicia hasta que todos los responsables sean llevados ante la justicia, y cada víctima reciba el reconocimiento que merece».

«Hoy más que nunca, es el momento de redoblar esfuerzos y no bajar la guardia».

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