Internacional
Argentina inicia acciones diplomáticas contra Venezuela por prohibir uso del espacio aéreo
Venezuela prohíbe sobre vuelo de aerolíneas argentinas en su espacio aéreo y el Gobierno de Javier Milei inició acciones diplomáticas, informaron este martes 12 de marzo fuentes oficiales.
Según explicó el portavoz presidencial argentino, Manuel Adorni, en su habitual rueda de prensa en la Casa Rosada (sede del Gobierno), «Argentina no se va a dejar extorsionar por los amigos del terrorismo».
«Argentina inició acciones diplomáticas contra el Gobierno de Venezuela, encabezado por el dictador Maduro, tras su decisión de impedir el uso del espacio aéreo del país por cualquier aeronave argentina, con el perjuicio que eso conlleva para nuestro país», afirmó el portavoz.
Venezuela prohíbe sobre vuelo de aerolíneas argentinas
La medida de Caracas indica Adorni, está relacionada con el caso del avión venezolano Boeing 747, retenido en Argentina desde junio de 2022 y enviado en febrero pasado a Estados Unidos.
Si bien el portavoz del Ejecutivo argentino no amplió detalles, EFE pudo saber por otras fuentes que Argentina presentó una nota de protesta a Venezuela el 8 de marzo «por la decisión de suspender los permisos de sobrevuelo de empresas aéreas argentinas en espacio aéreo venezolano».
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Acciones diplomáticas
En ese texto, Argentina también adelantó que tomaría medidas en el ámbito de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) por «violar el Convenio sobre Aviación Civil Internacional», conocido como Convenio de Chicago (1944).
Según dichas fuentes, Venezuela respondió ayer «ratificando la suspensión» y vinculando esta prohibición con el caso de la citada aeronave.
En la madrugada del pasado 12 de febrero, el Boeing 747-300M Dreamliner de carga, que fue propiedad de la empresa iraní Mahan Air y actualmente pertenecía a Emtrasur, filial de la aerolínea venezolana Conviasa, empresas sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, partió rumbo a Estados Unidos, en respuesta a un pedido de decomiso.
La tripulación llegó a Argentina el 6 de junio de 2022, integrada por cinco iraníes y catorce venezolanos, retenida inicialmente por la Justicia y puesta en libertad después por falta de evidencia por el delito de financiación de actividades terroristas.
El avión había llegado a Argentina procedente de México y tras hacer una escala en Venezuela. Dos días después partió de Argentina para cargar combustible en Uruguay, pero regresó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza (provincia de Buenos Aires), porque el país vecino no autorizó su aterrizaje.
Ordenan inmovilizar la aeronave
Entonces, la Justicia argentina ordenó inmovilizar la nave y dispuso que los 19 tripulantes no podían salir del país. Con el correr de la investigación, los tripulantes fueron liberados.
La justificación de la reclamación por parte de Estados Unidos es que fue una entidad iraní sancionada por el Departamento de Comercio la que transfirió el avión -de fabricación estadounidense- a un tercero, algo prohibido precisamente a efectos de la sanción.
Antes de la partida del avión hacia Estados Unidos, se sumó un confuso episodio, el 6 de febrero, cuando un diplomático venezolano en Buenos Aires violó la seguridad y sacó fotos de la aeronave, por lo que fue declarado persona no grata y dejó el país en las 48 horas siguientes.
Dos semanas después de la salida del avión, el pasado 29 de febrero, Maduro denunció a Estados Unidos por el «acto vil, criminal, indignante» de «descuartizar» la aeronave en Miami (Florida).
ACN/MAS/EFE
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Internacional
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra, pide justicia española
La justicia española solicitó un informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra desde 2017, año en el que ingresaron al capital de la compañía personas de origen venezolano, cuando se dieron cambios en la estructura accionarial de la aerolínea.
La solicitud la realizó la Fiscalía en el marco de la investigación que sigue la Audiencia Nacional sobre la aerolínea, relacionada con el préstamo estatal de 53 millones de euros concedido para su rescate durante la pandemia y con una presunta trama de tráfico de influencias.
La fiscala del caso, Elena Lorente, pidió analizar el “eventual impacto” que tuvo la entrada del capital venezolano en la consideración de Plus Ultra cuando la empresa solicitó las ayudas públicas en 2021.
De acuerdo con el escrito, al que tuvo acceso EFE, la aerolínea fue constituida en 2011 por Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque, pero posteriormente experimentó varios cambios accionariales, “particularmente significativos” a partir de 2017, cuando personas de origen venezolano ingresaron en su capital social y órganos de gestión.
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra
La Fiscalía pretende determinar el alcance de esas modificaciones y su posible relación con las circunstancias que rodearon la solicitud y concesión del rescate estatal.
El ingreso del capital venezolano se habría concretado mediante distintas escrituras públicas, cuyo contenido ya lo mencionaron en un informe elaborado en 2025 por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
La investigación también alcanzó a los principales accionistas de la compañía. En diciembre de 2025, Julio Martínez Sola y Roselli los detuvieron la UDEF y posteriormente quedaron en libertad. La semana pasada, Martínez Sola dimitió como presidente de Plus Ultra.
Salpica a Rodríguez Zapatero
El caso también salpica al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien está siendo investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.
Rodríguez Zapatero negó ante el juez, el pasado 17 de junio, haber ejercido influencia para favorecer a Plus Ultra en la concesión del préstamo público y rechazó haber mantenido comunicaciones con personas vinculadas a la aerolínea.
La conexión con Venezuela constituye uno de los elementos centrales de la investigación. Según la querella de la Fiscalía, Plus Ultra aparece como “firmante y beneficiaria” de presuntos contratos de préstamo con tres sociedades que estarían vinculadas al blanqueo de dinero procedente de una supuesta malversación de fondos de funcionarios venezolanos.
Ahora, la Justicia española busca determinar con mayor precisión cómo se produjo la entrada del capital venezolano en Plus Ultra y si esos movimientos tuvieron alguna incidencia en la solicitud y posterior concesión de los fondos públicos.
ACN/MAS/Agencias
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