Venezolanos demandan a Estados Unidos por violenta redada en Chicago. Residentes en la llamada ciudad de los vientos, interpusieron una millonaria demanda contra el gobierno estadounidense, tras un operativo de seguridad que los demandantes califican de injustificado, violento y orquestado con fines de propaganda gubernamental.

La acción legal surge tras una incursión masiva en un complejo residencial que, según las autoridades, buscaba neutralizar amenazas a la seguridad pública, pero que culminó sin un solo cargo penal presentado contra los involucrados.

Los hechos ocurrieron en un ambiente de extrema tensión. Según relata el cuerpo de la demanda, decenas de agentes federales irrumpieron en el inmueble utilizando tácticas de choque. Los afectados describen escenas de pánico donde familias enteras, incluidos niños, los despertaron por el estruendo de puertas derribadas y órdenes gritadas en un idioma que muchos apenas comprenden.

Lo que inicialmente se presentó como una medida crítica para la protección de la ciudadanía, pronto se transformó, a ojos de los demandantes, en una violación flagrante de sus derechos civiles y de la cuarta enmienda de la constitución estadounidense.

Venezolanos demandan a Estados Unidos por violenta redada en Chicago

La documentación presentada ante el tribunal alega además que «en medio del caos, un equipo de filmación contratado por el Departamento de Seguridad Nacional, acompañado de drones, siguió a los agentes y grabó la operación que luego fue difundida en las cuentas de redes sociales del Dhs a modo de contenido promocional». Este detalle es fundamental en la querella, ya que sugiere que el objetivo primordial de la redada no era la justicia, sino la creación de una narrativa política visualmente impactante.

Las imágenes del operativo fueron acompañadas de música instrumental, el sonido de los helicópteros y haces de luz de focos que iluminaban el edificio, elementos que otorgan al video un tono cinematográfico. Para los abogados de los venezolanos, el uso de sus imágenes y del trauma vivido para alimentar las redes sociales del gobierno constituye un agravio moral y una instrumentalización de la vulnerabilidad de los migrantes.

Una búsqueda de reparación y rendición de cuentas

A pesar del despliegue técnico y humano, el resultado judicial de la redada fue nulo. No se hallaron armas de guerra, ni se desarticularon células criminales, ni se presentaron cargos penales contra ninguna persona en relación con la incursión. Los demandantes sostienen que la falta de resultados legales prueba que el operativo carecía de una base probatoria sólida y que fue, en esencia, una puesta en escena para redes sociales pagada con fondos públicos.

La demanda busca una compensación económica por daños físicos, psicológicos y por la invasión de la privacidad. No obstante, el trasfondo del caso apunta a un debate más amplio sobre los límites del poder ejecutivo en materia migratoria y el uso de la fuerza pública como herramienta de comunicación política en la era digital.

El Departamento de Seguridad Nacional no ha emitido comentarios específicos sobre el litigio en curso, mientras la comunidad venezolana en Chicago espera que este proceso marque un precedente contra el abuso de autoridad.

ACN/MAS/diariorepublica.com

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