Internacional
Unicef pidió proteger a los menores que huyen de la crisis venezolana
María Cristina Perceval, directora regional de Unicef para América Latina y el Caribe, pidió este lunes a los gobiernos de latinoamerica; proteger a los menores de edad no acompañados e indocumentados que huyen de la crisis de Venezuela.
“Unicef se siente alentado por los esfuerzos de los gobiernos para buscar soluciones regionales; a los desafíos planteados por la migración a gran escala”, dijo Perceval en la sede de la oficina de Unicef.
En ese sentido, señaló que a medida que continúa la crisis en Venezuela se incrementa el número de migrantes; razón por la que, los servicios de protección, salud y educación en los países de acogida y de tránsito están sufriendo una presión adicional.
Casi 3,4 millones de venezolanos
Recordó, que de acuerdo con datos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR); casi 3,4 millones de venezolanos han abandonado el país para buscar seguridad o una mejor vida en el extranjero; lo que significa que un elevado número de menores se ven afectados por el proceso migratorio.
La organización internacional, aseguró que los niños y las familias desarraigados se enfrentan al desafío de regularizar su estatus migratorio; lo que puede afectarles en la obtención de servicios como el de atención sanitaria.
ACN/El Nacional/El Aragueño/Foto: EA
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Internacional
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra, pide justicia española
La justicia española solicitó un informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra desde 2017, año en el que ingresaron al capital de la compañía personas de origen venezolano, cuando se dieron cambios en la estructura accionarial de la aerolínea.
La solicitud la realizó la Fiscalía en el marco de la investigación que sigue la Audiencia Nacional sobre la aerolínea, relacionada con el préstamo estatal de 53 millones de euros concedido para su rescate durante la pandemia y con una presunta trama de tráfico de influencias.
La fiscala del caso, Elena Lorente, pidió analizar el “eventual impacto” que tuvo la entrada del capital venezolano en la consideración de Plus Ultra cuando la empresa solicitó las ayudas públicas en 2021.
De acuerdo con el escrito, al que tuvo acceso EFE, la aerolínea fue constituida en 2011 por Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque, pero posteriormente experimentó varios cambios accionariales, “particularmente significativos” a partir de 2017, cuando personas de origen venezolano ingresaron en su capital social y órganos de gestión.
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra
La Fiscalía pretende determinar el alcance de esas modificaciones y su posible relación con las circunstancias que rodearon la solicitud y concesión del rescate estatal.
El ingreso del capital venezolano se habría concretado mediante distintas escrituras públicas, cuyo contenido ya lo mencionaron en un informe elaborado en 2025 por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
La investigación también alcanzó a los principales accionistas de la compañía. En diciembre de 2025, Julio Martínez Sola y Roselli los detuvieron la UDEF y posteriormente quedaron en libertad. La semana pasada, Martínez Sola dimitió como presidente de Plus Ultra.
Salpica a Rodríguez Zapatero
El caso también salpica al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien está siendo investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.
Rodríguez Zapatero negó ante el juez, el pasado 17 de junio, haber ejercido influencia para favorecer a Plus Ultra en la concesión del préstamo público y rechazó haber mantenido comunicaciones con personas vinculadas a la aerolínea.
La conexión con Venezuela constituye uno de los elementos centrales de la investigación. Según la querella de la Fiscalía, Plus Ultra aparece como “firmante y beneficiaria” de presuntos contratos de préstamo con tres sociedades que estarían vinculadas al blanqueo de dinero procedente de una supuesta malversación de fondos de funcionarios venezolanos.
Ahora, la Justicia española busca determinar con mayor precisión cómo se produjo la entrada del capital venezolano en Plus Ultra y si esos movimientos tuvieron alguna incidencia en la solicitud y posterior concesión de los fondos públicos.
ACN/MAS/Agencias
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