Internacional
Ucrania pide a CIJ imponer medidas cautelares a Rusia para frenar invasión
El representante de Ucrania ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), Anton Korynevych, pidió que se imponga medidas cautelares a Rusia a fin de frenar la invasión a su país.
“Es urgente porque es lo que necesita nuestro país y nuestro pueblo”, precisó Korynevych, al ser abordado por la prensa este lunes en las escaleras de la CIJ, en La Haya.
En ese sentido, Kiev reclamó a los jueces que soliciten a Moscú “la suspensión inmediata de las operaciones militares iniciadas el 24 de febrero de 2022”; tanto del Ejército ruso como de “las personas que puedan estar sujetas a su control, dirección o influencia”.
Para que el tribunal se declare competente, Ucrania ha invocado la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; un tratado de 1948 firmado por ambos países.
Korynevych calificó la acusación de Moscú de genocidio de “absurda” y aseguró que los representantes rusos hacen “un abuso y una malinterpretación” del tratado.
Cabe destacar que Rusia no se presentó en la vista oral de hoy y comunicó que no acudirá mañana a dar su versión; por lo que los jueces se han retirado a deliberar sin escuchar su versión.
Por su parte, el representante de Ucrania aseguró que eso “no será un problema” para que la CIJ diga que “en un principio” tiene jurisdicción para juzgar el caso.
“Esperábamos semejante conducta de la Federación Rusa, pero esto no tiene efectos desde el punto de vista legal”, dijo Korynevych.
A la pregunta de si no teme que el presidente ruso, Vladímir Putin, simplemente ignore eventuales órdenes del alto tribunal de la ONU; el representante ucraniano respondió que Rusia “necesita y tiene que escuchar el derecho internacional”.
Con información: ACN/Efe/Foto: Cortesía
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Internacional
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra, pide justicia española
La justicia española solicitó un informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra desde 2017, año en el que ingresaron al capital de la compañía personas de origen venezolano, cuando se dieron cambios en la estructura accionarial de la aerolínea.
La solicitud la realizó la Fiscalía en el marco de la investigación que sigue la Audiencia Nacional sobre la aerolínea, relacionada con el préstamo estatal de 53 millones de euros concedido para su rescate durante la pandemia y con una presunta trama de tráfico de influencias.
La fiscala del caso, Elena Lorente, pidió analizar el “eventual impacto” que tuvo la entrada del capital venezolano en la consideración de Plus Ultra cuando la empresa solicitó las ayudas públicas en 2021.
De acuerdo con el escrito, al que tuvo acceso EFE, la aerolínea fue constituida en 2011 por Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque, pero posteriormente experimentó varios cambios accionariales, “particularmente significativos” a partir de 2017, cuando personas de origen venezolano ingresaron en su capital social y órganos de gestión.
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra
La Fiscalía pretende determinar el alcance de esas modificaciones y su posible relación con las circunstancias que rodearon la solicitud y concesión del rescate estatal.
El ingreso del capital venezolano se habría concretado mediante distintas escrituras públicas, cuyo contenido ya lo mencionaron en un informe elaborado en 2025 por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
La investigación también alcanzó a los principales accionistas de la compañía. En diciembre de 2025, Julio Martínez Sola y Roselli los detuvieron la UDEF y posteriormente quedaron en libertad. La semana pasada, Martínez Sola dimitió como presidente de Plus Ultra.
Salpica a Rodríguez Zapatero
El caso también salpica al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien está siendo investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.
Rodríguez Zapatero negó ante el juez, el pasado 17 de junio, haber ejercido influencia para favorecer a Plus Ultra en la concesión del préstamo público y rechazó haber mantenido comunicaciones con personas vinculadas a la aerolínea.
La conexión con Venezuela constituye uno de los elementos centrales de la investigación. Según la querella de la Fiscalía, Plus Ultra aparece como “firmante y beneficiaria” de presuntos contratos de préstamo con tres sociedades que estarían vinculadas al blanqueo de dinero procedente de una supuesta malversación de fondos de funcionarios venezolanos.
Ahora, la Justicia española busca determinar con mayor precisión cómo se produjo la entrada del capital venezolano en Plus Ultra y si esos movimientos tuvieron alguna incidencia en la solicitud y posterior concesión de los fondos públicos.
ACN/MAS/Agencias
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