El fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) que protege a cientos de miles de venezolanos de la deportación fue impugnada por siete ciudadanos venezolanos amparados por el TPS y un grupo que representa a otros, argumentando en parte que la decisión estaba motivada por la hostilidad racial y política.

La jueza Ketanji Brown Jackson fue la única que expresó su desacuerdo. Tiempo atrás, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, decidió poner fin al TPS para los inmigrantes venezolanos, con lo que más de 300.000 venezolanos en Estados Unidos perderán esa protección la próxima semana. Otros 250.000 inmigrantes que llegaron antes de 2023 perderán su estatus en septiembre.

Una cuestión central en el proceso era si Noem tenía autoridad para eliminar el TPS antes de que expirara.

La administración de Biden concedió por primera vez el TPS a los venezolanos en marzo de 2021, alegando el aumento de la inestabilidad en el país, y lo amplió en 2023. Dos semanas antes de la toma de posesión de Trump, la administración de Biden renovó las protecciones por 18 meses más. El fallo del lunes se aplica a la designación de 2023.

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Trump podrá poner fin al TPS para venezolanos

Los demandantes, inmigrantes venezolanos amparados por el TPS, alegaron que la brusca revocación de las protecciones por parte de Noem violaba la Ley de Procedimiento Administrativo, que exige procedimientos específicos a las agencias federales a la hora de aplicar cambios de políticas. También argumentaron que la decisión de Noem estaba motivada por prejuicios raciales y políticos.

Un tribunal federal de distrito de California bloqueó temporalmente la orden de Noem a finales de marzo, impidiendo la retirada de las protecciones a más de 300.000 venezolanos que iban a perderlas a principios de abril.

El juez de distrito estadounidense Edward Chen, nominado para el cargo por el expresidente Barack Obama, describió Venezuela como “un país tan plagado de agitación y peligros económicos y políticos que el Departamento de Estado” ha advertido contra los viajes allí “debido al alto riesgo de detenciones injustas, terrorismo, secuestros, aplicación arbitraria de las leyes locales, delincuencia, disturbios civiles e infraestructuras sanitarias deficientes”.

El Congreso creó el programa del TPS en 1990, permitiendo al gobierno federal proporcionar protección temporal a los migrantes de países que soportan desastres naturales, guerras y otras condiciones que harían peligroso el regreso de las personas.

Al final de la primera administración de Trump, los funcionarios describieron a Venezuela como “l peor crisis humanitaria en el hemisferio occidental” y concedieron una forma diferente de alivio temporal a algunos de sus migrantes.

ACN/MAS/CNN

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