Internacional
Acusan a Trump de siete cargos sobre documentos clasificados
El expresidente Donald Trump fue acusado de siete cargos en la investigación sobre el manejo de documentos clasificados del fiscal especial Jack Smith. Esta es la primera vez que un expresidente enfrenta cargos federales.
Trump enfrenta un cargo en virtud de la Ley de Espionaje, le dijo su abogado Jim Trusty a CNN este jueves, así como cargos de obstrucción de la justicia, destrucción o falsificación de registros, conspiración y declaraciones falsas.
Previamente, fuentes familiarizadas con el asunto le confirmaron a CNN la acusación.
El fiscal especial Jack Smith ha investigado el manejo por parte de Trump de documentos clasificados que fueron llevados a su resort en Mar-a-Lago, Florida, después de que el expresidente dejara la Casa Blanca en 2021, así como la posible obstrucción de la investigación y los esfuerzos del gobierno para recuperar el material.
Trump fue acusado de siete cargos
“La administración corrupta de Biden ha informado a mis abogados que he sido acusado, aparentemente por el engaño de las cajas”, escribió Trump en referencia a los documentos clasificados. Luego, en un video, sostuvo: «Soy un hombre inocente. No hice nada malo». El video de cuatro minutos repite muchas de sus afirmaciones anteriores, incluida que el Departamento de Justicia se está utilizando como arma política y que las investigaciones son una «interferencia electoral».
Fiscal especial se negó a comentar…
Donald Trump fue acusado de siete cargo y el fiscal especial Smith se negó a comentar sobre la acusación. El Departamento de Justicia tampoco ha hecho ningún anuncio. Sin embargo, una fuente policial indicó que la entidad trasladará recursos adicionales a Miami antes de la comparecencia de Trump ante una corte, prevista para la próxima semana.
Esta es la segunda vez que Trump enfrenta una acusación penal este año. En abril, el fiscal de distrito de Manhattan acusó a Trump de 34 cargos de falsificación de registros empresariales.
Sin embargo, la acusación federal del fiscal especial marca una etapa legal nueva y más peligrosa para el expresidente, que busca llegar nuevamente a la Casa Blanca en 2025 mientras enfrenta cargos penales en dos jurisdicciones, y con dos investigaciones adicionales aún en curso sobre su conducta.
Los cargos contra Trump se presentan apenas siete meses después de que el secretario de Justicia, Merrick Garland, designara a Jack Smith como fiscal especial, luego de que Trump anunciara que su intención de buscar la candidatura republicana, a fin de mantener la investigación independiente del Departamento de Justicia de Biden.
La Casa Blanca se negó a comentar al respecto.

Fiscal especial Jack Smith.
Los pasos previos a la acusación federal de Trump
Este miércoles, el Departamento de Justicia le informó al equipo legal de Trump que el expresidente era uno de los objetivos en la investigación, dijeron a CNN previamente varias fuentes.
La decisión de los fiscales de informar a Trump que era un objetivo cristalizó el hecho de que la investigación —a cargo del fiscal especial Smith— se ha concentrado en las acciones del expresidente y no solo en los comportamientos de quienes lo rodean.
El equipo legal de Trump se había reunido este lunes con funcionarios del Departamento de Justicia, incluido el fiscal especial Smith, para hablar sobre la investigación. La reunión se enfocó en las acusaciones de los abogados de Trump contra los fiscales del caso por supuesta mala conducta. Según la fuente, Smith no dijo nada más allá de saludar a los que estaban en la sala de la reunión.
Esta imagen, parte de una presentación judicial del Departamento de Justicia el 30 de agosto de 2022, muestra una foto de los documentos incautados durante la búsqueda del 8 de agosto por parte del FBI de la propiedad Mar-a-Lago del expresidente Donald Trump. (Crédito: Departmento de Justicia)
Las regulaciones del Departamento de Justicia permiten que los fiscales notifiquen a los sujetos de una investigación que se han convertido en objetivos de la misma. Con frecuencia, dicha notificación representa una fuerte señal de que el paso siguiente será una acusación, como ocurrió en este caso.
Aliados de Trump unen filas para defenderlo
Los aliados de Trump en el Congreso unieron filas rápidamente en su defensa y así lo manifestaron en redes sociales. Una acción muy similar a la que tomaron cuando el expresidente fue acusado en Nueva York en abril.
“Día triste para Estados Unidos. Dios bendiga al presidente Trump”, tuiteó el presidente de la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes, Jim Jordan, republicano de Ohio.
“La extrema izquierda radical no se detendrá ante nada para interferir en las elecciones de 2024 con el fin de apuntalar la presidencia catastrófica y la campaña desesperada de Joe Biden”, dijo en un comunicado la presidenta de la conferencia republicana de la Cámara de Representantes, Elise Stefanik, republicana de Nueva York.
El senador Josh Hawley, republicano de Missouri, tuiteó: “Si las personas en el poder pueden encarcelar a sus oponentes políticos a voluntad, no tendremos una república”.
Nadie está por enciama del estado de derecho
Sin embargo, varios demócratas que investigaron a Trump durante su presidencia dijeron que la acusación del jueves mostraba que nadie está por encima del estado de derecho.
“La aparente acusación de Trump por múltiples cargos derivados de su retención de materiales clasificados es otra afirmación del estado de derecho. Durante cuatro años actuó como si estuviera por encima de la ley. Pero debe ser tratado como cualquier otro infractor de la ley. Y hoy lo ha sido”, escribió el representante Adam Schiff, el demócrata de California que dirigió el primer juicio político a Trump en la Cámara de Representantes en 2019.
Las investigaciones que enfrenta Trump
Trump ha criticado la investigación del fiscal especial y las otras que hay en su contra bajo el argumento de que todos son esfuerzos para afectarlo políticamente. El expresidente ha insistido en que ningún cargo penal detendrá su campaña de 2024.
Durante mucho tiempo, Trump ha evadido la responsabilidad legal en su vida personal, profesional y política. Ha resuelto una serie de demandas civiles privadas a lo largo de los años y se salvó de disputas relacionadas con la Organización Trump. Como presidente, enfrentó dos juicios políticos en la Cámara de Representantes liderada por los demócratas, pero evitó la condena del Senado.
Sin embargo, después de dejar el cargo, las investigaciones penales del Departamento de Justicia sobre la retención de información clasificada en el resort Mar-a-Lago de Trump, así como sus esfuerzos por anular las elecciones de 2020, arrojaron nubes oscuras sobre el exmandatario. La investigación de Smith sobre el 6 de enero y los esfuerzos para anular la elección aún están en curso.
Y además de la acusación de abril del fiscal de distrito de Manhattan, se espera que la fiscal de distrito del condado Fulton, Fani Willis, anuncie en agosto si hay cargos en su investigación sobre los intentos de anular las elecciones de 2020 en Georgia.
Documentos clasificados que encontraron en Mar-a-Lago
Donald Trump fue acusado de siete cargo y la investigación del Departamento de Justicia sobre el manejo de documentos por parte de Trump cuando era presidente salió a la luz pública en agosto del año pasado, cuando agentes del FBI ejecutaron una orden de registro en Mar-a-Lago e incautaron de miles de documentos, entre ellos un centenar marcados como clasificados. El FBI también citó a la Organización Trump en busca de videos de vigilancia del complejo.
Los fiscales indicaron en documentos judiciales que estaban indagando sobre un posible mal manejo penal de información de seguridad nacional y obstrucción de la justicia. El Departamento de Justicia señaló previamente que los documentos clasificados fueron «probablemente ocultados y retirados» de una sala de almacenamiento en Mar-a-Lago como parte de un esfuerzo para «obstruir» la investigación del FBI sobre el posible mal manejo de material clasificado por parte de Trump.
Expresidente había presentado una demanda
Después de que Trump devolviera 15 cajas de materiales a los Archivos Nacionales en enero, el Departamento de Justicia citó al expresidente en mayo, en busca de documentos con marcas de clasificación que todavía estaban en Mar-a-Lago.
Una demanda que Trump presentó posteriormente señala que el expresidente le ordenó a sus empleados que buscaran cualquier material clasificado restante para cumplir con una citación. Después de que los investigadores federales recuperaran documentos de Mar-a-Lago en junio, los abogados de Trump informaron a los investigadores que habían buscado en el área de almacenamiento y que se habían encontrado todos los documentos clasificados.
Fiscales tienen otra versión
Sin embargo, los fiscales afirmaron en agosto que algunos documentos probablemente fueron retirados de una instalación antes de que los abogados de Trump examinaran la zona mientras intentaban cumplir con la citación.
En los últimos meses, los fiscales han escuchado a decenas de testigos, incluidos asesores de Trump y empleados de Mar-a-Lago y la Organización Trump. La mayoría de los testigos han declarado ante un jurado investigador en la ciudad de Washington y, en las últimas semanas, varios testigos también han comparecido ante un jurado investigador en el sur de Florida.
Los fiscales obtuvieron una cinta de audio en la que Trump habla sobre un documento clasificado del Pentágono durante una reunión en Bedminster, Nueva Jersey, en 2021. En la grabación, que reportó por primera vez por CNN, Trump reconoce que el documento sigue siendo clasificado, debilitando su argumento de que todo lo que llevó consigo a Mar-a-Lago había sido desclasificado.
ACN/MAS/CNN
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Internacional
Estados demandan a admnistración Trump para frenar norma que dificulta obtener green card (+ video)
Estados demandan a administración Trump. Nueva York y otros 21 estados están demandando a la administración Trump para bloquear una nueva norma del Departamento de Seguridad Nacional que otorgaría a los funcionarios de inmigración mayor discrecionalidad para denegar tarjetas de residencia (green cards), visas o la entrada a Estados Unidos, al determinar si los solicitantes podrían llegar a depender de ayudas gubernamentales.
El cambio en la norma, cuya entrada en vigor está prevista para el viernes, probablemente dificultaría que muchos inmigrantes obtengan la residencia permanente si utilizan —o se considera probable que necesiten— beneficios públicos como cupones de alimentos, Medicaid o vales de vivienda.
La fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, y el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani —quien lidera una coalición de ciudades que presenta una demanda similar—, anunciaron la acción legal durante una conferencia de prensa en el Ayuntamiento de Manhattan el lunes.
Estados demandan a administración Trump…
Estados demandan a administración Trump. “La norma permitiría a los agentes de inmigración considerar el uso de beneficios fundamentales como Medicaid y SNAP (el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria), e incluso la participación en programas de comidas escolares, como parte de la situación del solicitante”, dijo James. “Eso significa que los neoyorquinos inmigrantes podrían verse obligados a plantearse preguntas imposibles: ‘¿Afectará negativamente a mis posibilidades de obtener la residencia permanente el hecho de contratar un seguro médico? ¿Se utilizará en mi contra el haber aceptado ayuda alimentaria en momentos de dificultad?’”.
Los estados, cuya demanda también incluye al Distrito de Columbia, argumentan que perderían miles de millones de dólares en fondos federales si los inmigrantes —particularmente las familias de estatus migratorio mixto— se dan de baja de los programas por temor a consecuencias migratorias.
¿A qué se refiere?
La demanda se refiere a los cambios pendientes en lo que se conoce como la norma de “carga pública” (public charge), una disposición de la ley de inmigración de EE.UU. que permite al gobierno denegar una visa o tarjeta de residencia a alguien que, según determina, probablemente dependerá de la asistencia gubernamental.
Históricamente, los funcionarios de inmigración solo contabilizaban los beneficios en efectivo —como la Asistencia Temporal para Familias Necesitadas o el Ingreso de Seguridad Suplementario de la Seguridad Social— en sus evaluaciones. Sin embargo, el cambio pendiente de la administración Trump no especifica qué programas de red de seguridad deben considerarse, lo que significa que también podrían incluirse beneficios no monetarios como Medicaid y vales de vivienda.
“Las familias trabajadoras no deberían verse obligadas a prescindir del apoyo que necesitan por temor a que solicitar asistencia provoque su deportación”, afirmó James en un comunicado. “Esta norma se aprovecha de ese miedo y cuenta con que las familias renuncien a la asistencia alimentaria, la cobertura de atención médica y otros beneficios públicos a los que tienen derecho legalmente”.
La norma se centra en personas que ya tienen un estatus legal en EE.UU. Los inmigrantes indocumentados no son elegibles para recibir beneficios públicos.
Disuadir a inmigrantes de inscribirse en programas
La ampliación de la norma de carga pública forma parte de los esfuerzos más recientes del Gobierno de Trump para disuadir a los inmigrantes de inscribirse en programas de red de seguridad para los que ellos o sus hijos ciudadanos podrían ser elegibles.
El “gran y hermoso proyecto de ley” del Partido Republicano, que Trump promulgó en julio de 2025, limita la elegibilidad de los inmigrantes legales para Medicaid y los cupones de alimentos. Los refugiados, las personas con asilo concedido y las víctimas de violencia doméstica y trata de personas con fines sexuales ya no reúnen los requisitos para participar en los programas. Solo los titulares de la tarjeta de residencia permanente (green card) y ciertos otros inmigrantes pueden inscribirse.
Por lo general, los niños que son ciudadanos estadounidenses siguen siendo elegibles, aunque es posible que muchos padres decidan no solicitar los beneficios en su nombre para evitar interactuar con el gobierno federal.
Nueva norma es «arbitraria y caprichosa»
La demanda presentada por James en nombre de Nueva York sostiene que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) está excediendo su autoridad, ya que el Congreso no aprobó una interpretación más amplia de lo que significa ser una “carga pública”. El estado, junto con otros demandantes, también argumentará que la nueva norma es “arbitraria y caprichosa”, y que el DHS ignoró las consecuencias perjudiciales del cambio y no lo justificó adecuadamente.
Las demandas de los estados y de los gobiernos locales se presentaron el lunes por la mañana ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York. Ambas solicitan al tribunal que declare ilegal la norma y que impida al DHS aplicarla. Hasta primeras horas de la tarde del lunes, ninguna de las demandas tenía un juez asignado ni una audiencia programada.
“La crueldad es el objetivo (del cambio de norma)”, declaró James el lunes. “El objetivo es generar un efecto disuasorio entre los inmigrantes. Es hacer saber a las personas que no son bienvenidas aquí. El objetivo es la hostilidad hacia la inmigración”.
“El hecho de que se vayan a negar beneficios a personas enfermas, hambrientas y sin hogar es algo inaceptable. Y por eso estamos buscando anular esta norma en el estado de Nueva York”, afirmó.
CNN se ha puesto en contacto con el DHS para solicitar comentarios.
ACN/MAS/CNN
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