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Situación de terror: miles de venezolanos en EE.UU. pierden TPS el viernes 7 de noviembre y temen ser deportados (+ videos)

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Situación de terror. Cuando el reloj marque la medianoche este viernes 7 de noviembre, cerca de 250.000 inmigrantes venezolanos habrán perdido su protección frente a deportaciones en Estados Unidos, ante el fin del período de gracia del Estatus de Protección Temporal (TPS) con el que contaban hasta ese momento, por decisión del Gobierno del presidente Donald Trump y un fallo de la Corte Suprema. Muchos de ellos vienen buscando desesperadamente un último recurso antes de verse obligados a volver a su país.

“Al quedarse sin estatus, quedan sin cualquier tipo de oportunidad para mantener una protección migratoria. En ese momento podrían ser detenidos y enfrentar un proceso de deportación”, explicó a CNN el abogado migratorio Haim Vásquez.

La cuenta regresiva ya había acabado semanas atrás para unos 350.000 venezolanos que accedieron al programa en 2023, según estimaciones oficiales, y ahora es el turno para la mayoría del grupo beneficiado originalmente en 2021. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) advirtió en su sitio web: “Si usted es extranjero y actualmente es beneficiario del TPS para Venezuela, debe prepararse para regresar a Venezuela si no tiene otra base legal para permanecer en Estados Unidos”.

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Situación de terror: miles de venezolanos en EE.UU. pierden TPS el viernes

Situación de terror. Vásquez señala que “hay un poco de incertidumbre” entre los que buscan información, porque en la página de USCIS indica que, para aquellos que hayan vuelto a registrarse antes del 5 de febrero, su documentación seguirá siendo válida hasta octubre de 2026. Pero aclara que ello solo aplica para “un pequeño grupo que presentó su renovación entre el 17 de enero y el 5 de febrero de 2025” y conservará su permiso de trabajo hasta esa fecha.

“Son unos pocos miles”, estima Adelys Ferro, cofundadora y directora ejecutiva de Venezuelan American Caucus, una ONG que aboga por los derechos de los inmigrantes venezolanos. “Cada caso es muy personal”, indicó a CNN la activista, que recibe cientos de mensajes con consultas sobre el tema de familias que buscan una alternativa. “Es una situación de terror, vivir en un estado de ansiedad y de nervios, muy difícil de describir. Las personas están en un estado de desesperación para obtener algún tipo de legalidad”, agregó.

Si bien hay litigios sobre el TPS que todavía están siendo examinados por la Justicia, esos procesos pueden extenderse por meses o años, y los inmigrantes no pueden esperar más.

Asilo es una posibilidad

Solicitar asilo todavía es una posibilidad para los inmigrantes, aunque Vásquez dice que no son tantos quienes cumplen las condiciones para ello. Los solicitantes deben demostrar una persecución o temor fundado de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad o pertenencia a un grupo social particular u opinión política, según la Ley de Inmigración y Nacionalidad de EE.UU. Sin embargo, los tribunales han endurecido los criterios y la vía parece más complicada. El Gobierno de Trump instruyó en abril a los jueces de inmigración que desestimaran los casos de asilo que consideren “deficientes”.

Además, muchos inmigrantes entraron al país sin presentar una solicitud de asilo en la frontera o pasaron varios años en el país sin hacer la solicitud. Es posible argumentar que las circunstancias cambiaron en los últimos años, pero sería una postura que contradice la versión del Gobierno estadounidense.

Venezuela fue designada originalmente en el programa TPS en 2021 por las “condiciones extraordinarias y temporales” en el país sudamericano que “impedían regresar en condiciones de seguridad”. Sin embargo, la Administración Trump consideró este año que “aunque ciertas condiciones puedan continuar”, hubo “notables mejoras en varias áreas”, y repasa algunos indicadores económicos.

Situación de terror - Agencia Carabobeña de Noticias

Algunos llevan mucho tiempo esperando

Entre los venezolanos que pierden el TPS, algunos tienen abierta una solicitud de asilo y llevan mucho tiempo esperando una audiencia en los tribunales. Pero sin el estatus, apenas haya una decisión judicial desfavorable, quedarían expuestos a una deportación.

Otros caminos más específicos serían el de casarse si tiene una pareja con ciudadanía estadounidense, o solicitar una visa-U, que solo aplica a víctimas de algunos crímenes y usualmente demora varios años.

“Al momento de perder el estatus, pierden la oportunidad de trabajar legalmente, de mantener un documento de identificación como la licencia de conducir, y otros tipos de beneficios como poder estudiar, obtener créditos”, repasó Vásquez.

Detrás de los números, las personas

La activista Ferro destaca que la medida impacta sobre algo más que un papel. “No se arraiga una licencia, sino la libertad de conducir, de la vida. Se trata de personas”.

Desde el momento en que pierden el estatus, es ilegal para empleadores contratar a venezolanos que quedaron sin TPS. Ferro, quien con su organización ha impulsado jornadas de asesoramiento legal, afirma que muchos inmigrantes perdieron sus trabajos a fines de octubre. “Los están despidiendo antes, para un empleador no es rentable saber que en una semana se queda sin empleado”, comentó.

Explica que aunque los créditos que puedan haber sacado los venezolanos sigan vigentes, muchos pierden su capacidad de pago por perder los empleos. “Las personas que habían comprado casas están viendo qué hacen con préstamos bancarios. En general es una situación absolutamente desesperada, multiplica eso por decenas de miles de casos, hay gente con crisis nerviosa”, comentó.

Otras consecuencias

Entre otras consecuencias, destaca que muchos inmigrantes pierden sus seguros de salud, con lo que deben costear tratamientos con pagos exorbitantes sin cobertura.

Además, subraya el drama de las familias que pueden quedar separadas: padres y madres que pierden el TPS y arriesgan una deportación, con hijos nacidos en EE.UU. “Son familias literalmente arrancadas, de la manera más brutal”, dijo Ferro.

Volver a Venezuela no es una opción

Situación de terror. Para muchos, pese al riesgo, volver a Venezuela no es una opción mientras el presidente Nicolás Maduro siga en el poder. “Hay muchos que han sido perseguidos políticos, están aterrorizados, podría significar desaparecer a manos del régimen”, dijo la activista.

Algunos sí tomarán la decisión de retornar a su país natal, pero Vásquez aconseja asesorarse de todos modos para que la forma de hacerlo no sea perjudicial más adelante. El Gobierno de EE.UU. todavía ofrece el incentivo de un pago de US$ 1.000 a inmigrantes que decidan volver a sus países, aunque Vásquez afirmó que conoce casos de personas que no recibieron el pago.

“Cualquier persona que tenga en mente salir del país, debe hablar con un abogado de inmigración, para tomar decisiones que no afecten su futuro y preserven las oportunidades de volver (a EE.UU.)”, comentó.

ACN/MAS/CNN

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Estados demandan a admnistración Trump para frenar norma que dificulta obtener green card (+ video)

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Estados demandan a Trump - Agencia Carabobeña de Noticias
Zohran Mamdani. alcalde Nueva York
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Estados demandan a administración Trump. Nueva York y otros 21 estados están demandando a la administración Trump para bloquear una nueva norma del Departamento de Seguridad Nacional que otorgaría a los funcionarios de inmigración mayor discrecionalidad para denegar tarjetas de residencia (green cards), visas o la entrada a Estados Unidos, al determinar si los solicitantes podrían llegar a depender de ayudas gubernamentales.

El cambio en la norma, cuya entrada en vigor está prevista para el viernes, probablemente dificultaría que muchos inmigrantes obtengan la residencia permanente si utilizan —o se considera probable que necesiten— beneficios públicos como cupones de alimentos, Medicaid o vales de vivienda.

La fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, y el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani —quien lidera una coalición de ciudades que presenta una demanda similar—, anunciaron la acción legal durante una conferencia de prensa en el Ayuntamiento de Manhattan el lunes.

Estados demandan a administración Trump…

Estados demandan a administración Trump. “La norma permitiría a los agentes de inmigración considerar el uso de beneficios fundamentales como Medicaid y SNAP (el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria), e incluso la participación en programas de comidas escolares, como parte de la situación del solicitante”, dijo James. “Eso significa que los neoyorquinos inmigrantes podrían verse obligados a plantearse preguntas imposibles: ‘¿Afectará negativamente a mis posibilidades de obtener la residencia permanente el hecho de contratar un seguro médico? ¿Se utilizará en mi contra el haber aceptado ayuda alimentaria en momentos de dificultad?’”.

Los estados, cuya demanda también incluye al Distrito de Columbia, argumentan que perderían miles de millones de dólares en fondos federales si los inmigrantes —particularmente las familias de estatus migratorio mixto— se dan de baja de los programas por temor a consecuencias migratorias.

¿A qué se refiere?

La demanda se refiere a los cambios pendientes en lo que se conoce como la norma de “carga pública” (public charge), una disposición de la ley de inmigración de EE.UU. que permite al gobierno denegar una visa o tarjeta de residencia a alguien que, según determina, probablemente dependerá de la asistencia gubernamental.

Históricamente, los funcionarios de inmigración solo contabilizaban los beneficios en efectivo —como la Asistencia Temporal para Familias Necesitadas o el Ingreso de Seguridad Suplementario de la Seguridad Social— en sus evaluaciones. Sin embargo, el cambio pendiente de la administración Trump no especifica qué programas de red de seguridad deben considerarse, lo que significa que también podrían incluirse beneficios no monetarios como Medicaid y vales de vivienda.

“Las familias trabajadoras no deberían verse obligadas a prescindir del apoyo que necesitan por temor a que solicitar asistencia provoque su deportación”, afirmó James en un comunicado. “Esta norma se aprovecha de ese miedo y cuenta con que las familias renuncien a la asistencia alimentaria, la cobertura de atención médica y otros beneficios públicos a los que tienen derecho legalmente”.

La norma se centra en personas que ya tienen un estatus legal en EE.UU. Los inmigrantes indocumentados no son elegibles para recibir beneficios públicos.

Disuadir a inmigrantes de inscribirse en programas

La ampliación de la norma de carga pública forma parte de los esfuerzos más recientes del Gobierno de Trump para disuadir a los inmigrantes de inscribirse en programas de red de seguridad para los que ellos o sus hijos ciudadanos podrían ser elegibles.

El “gran y hermoso proyecto de ley” del Partido Republicano, que Trump promulgó en julio de 2025, limita la elegibilidad de los inmigrantes legales para Medicaid y los cupones de alimentos. Los refugiados, las personas con asilo concedido y las víctimas de violencia doméstica y trata de personas con fines sexuales ya no reúnen los requisitos para participar en los programas. Solo los titulares de la tarjeta de residencia permanente (green card) y ciertos otros inmigrantes pueden inscribirse.

Por lo general, los niños que son ciudadanos estadounidenses siguen siendo elegibles, aunque es posible que muchos padres decidan no solicitar los beneficios en su nombre para evitar interactuar con el gobierno federal.

Nueva norma es «arbitraria y caprichosa»

La demanda presentada por James en nombre de Nueva York sostiene que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) está excediendo su autoridad, ya que el Congreso no aprobó una interpretación más amplia de lo que significa ser una “carga pública”. El estado, junto con otros demandantes, también argumentará que la nueva norma es “arbitraria y caprichosa”, y que el DHS ignoró las consecuencias perjudiciales del cambio y no lo justificó adecuadamente.

Las demandas de los estados y de los gobiernos locales se presentaron el lunes por la mañana ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York. Ambas solicitan al tribunal que declare ilegal la norma y que impida al DHS aplicarla. Hasta primeras horas de la tarde del lunes, ninguna de las demandas tenía un juez asignado ni una audiencia programada.

“La crueldad es el objetivo (del cambio de norma)”, declaró James el lunes. “El objetivo es generar un efecto disuasorio entre los inmigrantes. Es hacer saber a las personas que no son bienvenidas aquí. El objetivo es la hostilidad hacia la inmigración”.

“El hecho de que se vayan a negar beneficios a personas enfermas, hambrientas y sin hogar es algo inaceptable. Y por eso estamos buscando anular esta norma en el estado de Nueva York”, afirmó.

CNN se ha puesto en contacto con el DHS para solicitar comentarios.

ACN/MAS/CNN

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