El fiscal general de la República,Tarek William Saab, afirmó este lunes 6 de junio que en el país no hace falta una investigación de la Corte Penal Internacional (CPI) porque el sistema de justicia actúa de forma «impecable».

«No tiene sentido que a Venezuela se le aplique una justicia transnacional, sea a través de la CPI o de cual fuese, por el tema de derechos humanos, cuando internamente el sistema de justicia venezolano está actuando de manera impecable»; expresó en una entrevista en el canal de televisión Globovisión.

Saab indicó que la justicia se está aplicando en los tiempos «que manda la ley, más allá de cualquier debilidad que puede tener cualquier sistema de justicia en el mundo»; dijo.

Indicó este lunes en entrevista durante el programa Kicosis por Globovisión, que su despacho mantiene reuniones de trabajo con las Naciones Unidas en materia de Derechos Humanos; avanzando de manera significativa.

«Los informes anuales o periódicos de la Naciones Unidas, de su Alta Comisionada Michelle Bachelet, reseñan avances positivos de Venezuela en Derechos Humanos (…) lo que pasa es que los medios no dicen nada, por qué no hablan sobre el caso de Juan Pablo Pernalete, el Ministerio Público imputó a 12 funcionarios de la GNB»;refirió Saab.

Sistema de justicia actúa de  forma «impecable»

«El tema de los derechos humanos y la democracia avanzan a raíz del proceso constituyente que no termina, que es dinámica y con nuevas leyes y con el ascenso de nuevas corrientes de transformación, eso es muy importante, no olvidar eso (…)»; destacó.

«Son las mismas consignas de lucha, solo que los han ido variando, yo diría algo peor, captado el propio sistema que se disfraza de antisistema, sobre todo ver ahora a las grandes potencias voladoras masivas de Derechos Humanos, ahora son defensoras y además señalan mundialmente a Venezuela, eso no tiene ética»; agregó.

Tema de DDHH no se puede «banalizar»

Sistema de justicia actúa de forma «impecable». El titular de la cartera del Ministerio Público fue enfático al indicar que el tema de los DDHH en el país no se puede «banalizar» y utilizar para el descrédito, «cuando lo conviertes en una especie de referente para atacar al Estado»; subrayó.

«Cuando a los medios les conviene es que hablan de los Derechos Humanos (…) tenemos el caso del (capitán de corbeta) Acosta Arévalo, hay dos oficiales tenientes condenados a la máxima pena, a 30 años, ¿entonces qué quieren la silla eléctrica, la pena de muerte?»; expresó el fiscal Saab en la entrevista de Glovisión.

«Con el caso de David Vallenilla, el autor material del asesinato fue condenado a 23 años de cárcel (…) se logra la judicialización, esto no estaba ocurriendo antes (…)»; resaltó.

En este sentido, el Fiscal General de República recalcó que durante las manifestaciones en el país resultaron asesinados 10 funcionarios de seguridad. «Desde el 2017 la Corte Penal Internacional (CPI) arrojó que el 30% de la responsabilidad de los fallecidos estuvo a manos de agentes del Estado, pero el 70% fueron de civiles armados que cometieron estos delitos «; dijo.

Ejecuciones extrajudiciales

Acerca de las ejecuciones extrajudiciales ocurridas en recintos de seguridad dijo que lamentaba que sucedan estas acciones,» y estamos en contra, por lo que nos enfrentamos y hemos logrado actualmente la judicialización de los implicados»; refirió.

Apuntó que en el caso ocurrido en el estado La Guaira donde seis funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) fueron detenidos e imputados por el Ministerio Público; «estos serán condenados, lo más importante es darle poder a la denuncia»; sostuvo el alto funcionario.

En cuanto a los feminicidios en Venezuela, destacó que desde agosto del 2017 el MP ha recibido 835 acusaciones contra delincuentes; «esta cifra no se ve en otras países, tenemos 2.778 sentencia condenadas y hasta el momento hay 223.916 medidas de protección a mujeres»; dijo.

CPI había anunciado seguir investigaciones

El pasado 21 de abril, el fiscal de la CPI, Karim Khan, anunció su deseo de seguir investigando los presuntos crímenes de lesa humanidad denunciados en Venezuela; a pesar de que el Gobierno de Nicolás Maduro pidió oficialmente que deje la investigación en manos de las propias autoridades judiciales del país.

Khan ha «llegado a la conclusión de que no se ha presentado nueva información (por parte de Venezuela) que justifique una revisión» de su anterior evaluación de asumir la investigación; expresó.

El Estatuto de Roma, fundacional de la CPI, exige que el fiscal acepte la solicitud de Venezuela o que presente una petición a la Corte solicitando autorización para reanudar sus propias investigaciones; una solicitud que incluirá las observaciones pertinentes de las víctimas, sus representantes legales y otras partes interesadas en el caso.

Informe de Provea

El pasado 11 de mayo, la ONG Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) señaló, en la presentación de su informe anual, que entre enero y diciembre de 2021, registró un total de 241 víctimas de torturas, un aumento de 148,4 % en comparación con 2022; el «segundo registro más alto de los últimos 33 años».

La coordinadora de investigación de la ONG venezolana, Lissette González, sostuvo que las denuncias de tratos crueles; inhumanos y degradantes han aumentado «pese al seguimiento que están haciendo los organismos de monitoreo internacional y pese, sobre todo, al inicio de la investigación de la CPI».

#6Jun El Fiscal General de la República, Tarek William Saab en @kicosis_Gv abordando temas relacionados con Derechos Humanos, la posición de Venezuela y sus avances… pic.twitter.com/HAcTJMuCL7

— Globovisión (@globovision) June 6, 2022

ACN/MAS/EFE/Globovisión

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