Internacional
Sentencian en EEUU a empresario venezolano en caso de sobornos a PDVSA
Sentencian en EEUU a empresario venezolano en caso de sobornos a PDVSA. Un juez federal en Texas sentenció a 18 meses de prisión a Roberto Enrique Rincón Fernández, quien en 2016 se declaró culpable por su papel en una trama para asegurar contratos de la empresa Petróleos de Venezuela (PDVSA).
La decisión del juez Gray Miller, del Distrito Federal del Sur de Texas, impuso sentencias de 18 meses por cada uno de los tres cargos en los cuales Rincón admitió su culpabilidad; pero las tres sentencias serán concurrentes.
Rincón se declaró culpable de violar la Ley estadounidense de Prácticas Corruptas en el Exterior; de colaborar y ayudar en la violación de esa ley, y de hacer declaraciones falsas en sus impuestos federales.
Sentencian en EEUU a empresario venezolano…
Según la Fiscalía, Rincón y sus cómplices, entre quienes figura el venezolano Abraham José Shiera Bastidas; controlaban varias compañías que usaron para obtener contratos con la empresa petrolera controlada por el Estado venezolano.
Entre 2009 y 2014, Rincón y sus colaboradores conspiraron para obtener y retener esos contratos por medios «corruptos y fraudulentos; incluido el pago de sobornos a funcionarios de PDVSA», de acuerdo con documentos de la corte obtenidos por EFE.
En el curso de este acomodo, los conspiradores pagaron por lo menos 1,6 millones de dólares en sobornos; además de fondos adicionales por un monto indeterminado para viajes, comidas y entretenimiento para 5 funcionarios de PDVSA.
ACN/MAS/EFE
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Internacional
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra, pide justicia española
La justicia española solicitó un informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra desde 2017, año en el que ingresaron al capital de la compañía personas de origen venezolano, cuando se dieron cambios en la estructura accionarial de la aerolínea.
La solicitud la realizó la Fiscalía en el marco de la investigación que sigue la Audiencia Nacional sobre la aerolínea, relacionada con el préstamo estatal de 53 millones de euros concedido para su rescate durante la pandemia y con una presunta trama de tráfico de influencias.
La fiscala del caso, Elena Lorente, pidió analizar el “eventual impacto” que tuvo la entrada del capital venezolano en la consideración de Plus Ultra cuando la empresa solicitó las ayudas públicas en 2021.
De acuerdo con el escrito, al que tuvo acceso EFE, la aerolínea fue constituida en 2011 por Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque, pero posteriormente experimentó varios cambios accionariales, “particularmente significativos” a partir de 2017, cuando personas de origen venezolano ingresaron en su capital social y órganos de gestión.
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra
La Fiscalía pretende determinar el alcance de esas modificaciones y su posible relación con las circunstancias que rodearon la solicitud y concesión del rescate estatal.
El ingreso del capital venezolano se habría concretado mediante distintas escrituras públicas, cuyo contenido ya lo mencionaron en un informe elaborado en 2025 por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
La investigación también alcanzó a los principales accionistas de la compañía. En diciembre de 2025, Julio Martínez Sola y Roselli los detuvieron la UDEF y posteriormente quedaron en libertad. La semana pasada, Martínez Sola dimitió como presidente de Plus Ultra.
Salpica a Rodríguez Zapatero
El caso también salpica al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien está siendo investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.
Rodríguez Zapatero negó ante el juez, el pasado 17 de junio, haber ejercido influencia para favorecer a Plus Ultra en la concesión del préstamo público y rechazó haber mantenido comunicaciones con personas vinculadas a la aerolínea.
La conexión con Venezuela constituye uno de los elementos centrales de la investigación. Según la querella de la Fiscalía, Plus Ultra aparece como “firmante y beneficiaria” de presuntos contratos de préstamo con tres sociedades que estarían vinculadas al blanqueo de dinero procedente de una supuesta malversación de fondos de funcionarios venezolanos.
Ahora, la Justicia española busca determinar con mayor precisión cómo se produjo la entrada del capital venezolano en Plus Ultra y si esos movimientos tuvieron alguna incidencia en la solicitud y posterior concesión de los fondos públicos.
ACN/MAS/Agencias
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