Por: Cora Paez de Topel

La masiva deportación de inmigrantes latinoamericanos residenciados en USA, principalmente en el estado de Florida, en Nueva York y en Chicago, que mandó a ejecutar el presidente Donald Trump en una de esas arremetidas violentas, que lo mueven a dictar órdenes no siempre apegadas a las leyes del gran país del Norte, modelo de democracia y de orden constitucional, violentado en los últimos tiempos por el poderoso magnate, que por segunda vez asume la presidencia.

Con la idea preestablecida que lo iluminó desde el inicio de su gobierno, Donald Trump activo la proclama “Make América Great Again”, con el propósito de salir de toda esa inmigración ilegal que había buscado la manera de pasar el muro fronterizo, atravesando el Darien entre Colombia y Panamá, saltando las fronteras que los separaban de sus tierras, para llegar a USA.

Eran cientos de hombres y también mujeres con niños a sus espaldas, que veíamos en la televisión y en otros medios de comunicación, formando filas para avanzar hacia un país en donde aspiraban obtener empleo y ganar los anhelados dólares, facilitándoles enviar a sus familiares, en compensación a los bajos salarios que devengaban en sus países de origen.

Donald Trump, desde su primera presidencia, objeto ese paso fronterizo, hasta el punto de querer levantar un muro para cerrarlo Fue una medida cruel cuando separó a cientos de niños de sus padres, llegando incluso a colocar a muchos de ellos en unas jaulas.  La prepotencia y el racismo mostraron el verdadero rostro de un presidente que pretende con ello mostrar su superioridad.

Aún sin permisos legales de residencia en USA, en trámites de obtenerlos, los miles de inmigrantes mejicanos, colombianos, venezolanos, guatemaltecos, hondureños, comenzaron a trabajar en los campos y en las fábricas, viviendo en albergues y en apartamentos de bajo costo.  No todos son delincuentes, como pretende hacer ver Donald Trump con el desprecio que siente por esa clase pobre que han sido despedidos de una manera brutal.

Cientos de ellos fueron enviados a la cárcel de El Salvador, con el pretexto que forman parte del Tren de Aragua al estar catalogados como delincuentes, lo cual no es cierto.  En el caso de Venezuela, el gobierno actual está dispuesto a recibirlos, lo que la oposición apoya, puesto que se trata de un caso de humanidad.

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