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Según experto el retraso procesal en Venezuela alcanzó el 75%

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En Venezuela, existen privados de libertad que suman cuatro años en espera solamente de la audiencia; esto debido al la realidad del retraso procesal penal.

Así lo indicó, Gerardo Guerra, Presidente de la Fundación Libertad, Justicia y Orden de los Derechos Humanos; quien resaltó que el retraso procesal alcanzó al 75%.

En este sentido, afirmó que “los fiscales y jueces que tienen los elementos, herramientas y condiciones para solventar esta situación; no están haciendo nada para atender ese estado de emergencia y dar celeridad a los casos procesales».

Retraso procesal y violación del estado de derecho

Además del retraso procesal, Guerra denunció que los funcionarios del órgano de seguridad en general; incurren en varias irregularidades en relación al trato dirigido a la población.

Preciso sobre ello, que “lamentablemente funcionarios de la Policía Nacional, Estadal y Municipal; están haciendo de las suyas violando el estado de derecho de los ciudadanos».

Rescate de las instituciones

Ante este problema nacional, el presidente de la fundación instó a actuar de manera pertinente en esta situación. Por ello, puntualizó el caso de los cuerpos de seguridad, fiscales y gremios; con la intención de rescatar el verdadero sentido y responsabilidad de las instituciones en Venezuela.

Por esta razón señaló, que «la institucionalidad se está deteriorando y el pueblo está perdiendo la confianza y la fe en las instituciones. Por eso, les pedimos a los cuerpos de seguridad que respeten su uniforme; pues vemos como el funcionario público que debe estar al servicio del pueblo; utiliza el uniforme para destruir la imagen de los organismos del país».

Aunado al retraso procesal y a la desconfianza en las instituciones, Guerra indicó, que para las personas con menos capacidad económica; se les complica realizar cualquier trámite, pues «ahora piden hasta 500 dólares; para sacar un documento o buscar un expediente», detalló.

Por lo antes descrito, hizo un llamado al Fiscal General de la República, «el fue activista de los derechos humanos; a los colegios profesionales como el de los Abogados y a las fuerzas vivas; a que rescatemos la majestuosidad de las instituciones»; manifestó Gerardo Guerra.

ACN/Carabobo Es Noticia/N24C/Foto: Referencial

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Política

Karín Salanova: salvar las escuelas es prioridad nacional

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A propósito del inicio de clases anunciado en Venezuela, la exdiputada de la Asamblea Nacional 2015, Karín Salanova, advirtió que salvar las escuelas del colapso estructural no es un debate diferible, sino una condición de gobernabilidad y justicia social prioritaria.

Salanova insistió en que se deben canalizar los recursos extraordinarios de la renta petrolera hacia un fondo transparente, dirigido exclusivamente a la restauración de planteles y centros de salud infantil, con inspecciones técnicas independientes que certifiquen la habitabilidad y seguridad física.

Educación como derecho, no como bandera política

La dirigente señaló que garantizar el derecho a la educación implica superar el enfoque cuantitativo de la matriculación y asegurar que los colegios cuenten con agua, electricidad, programas de alimentación sostenible y atención psicosocial, especialmente tras los terremotos ocurridos el pasado 24 de junio.

«Tiene que instalarse la contraloría social ciudadana, incorporar activamente a las comunidades educativas, comités de protección civil y sociedad civil para la fiscalización y ejecución presupuestaria», subrayó.

Informe crítico de Cecodap

Salanova recordó que organizaciones de protección de la infancia y defensores de derechos humanos han alertado que cualquier proceso de reinstitucionalización o reconstrucción en Venezuela debe priorizar la emergencia escolar.

El informe de Cecodap 2026 diagnosticó que aproximadamente uno de cada tres colegios en el país presenta daños estructurales graves, como filtraciones en losas, techos colapsados y estructuras de riesgo, sumado a la crisis de servicios básicos.

Derechos constitucionales

La exdiputada enfatizó que los derechos de los niños están amparados en la Constitución Nacional, artículos 7 y 8, y deben ser considerados prioridad absoluta.

«Las obligaciones generales del Estado incluyen asignaciones prioritarias de recursos públicos en el presupuesto. Los recursos petroleros no pueden destinarse únicamente a gastos corrientes sin blindar partidas específicas para la protección infantil», concluyó.

Karín Salanova escuelas

 

Con información de nota de prensa

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