Sucesos
Red judicial en amnistía cobraba entre 15.000 y 300.000 dólares por liberar presos políticos
Red judicial en amnistía. Las recientes declaraciones de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, sobre presuntos jueces que estarían cobrando dinero para aplicar la Ley de Amnistía han desatado nuevas denuncias sobre una supuesta red de corrupción dentro del sistema judicial venezolano.
Rodríguez reconoció públicamente la existencia de irregularidades en la administración de justicia y aseguró haber solicitado actuaciones contra funcionarios señalados de lucrarse con el proceso. “Tengo información y he pedido actuación por aquellos jueces que se atreven a cobrar por la amnistía, eso debe cesar”, afirmó durante un acto transmitido por Venezolana de Televisión.
En este contexto, fuentes vinculadas a denuncias judiciales aseguran la existencia de una presunta estructura conocida como “El Triángulo de la Corrupción”, que estaría operando dentro de tribunales para exigir pagos en dólares y criptomonedas a cambio de facilitar la aplicación de la Ley de Amnistía aprobada en febrero de 2026.
De acuerdo con las acusaciones, los señalados serían el director general de Delitos Comunes del Ministerio Público, Luis Ernesto Dueñez Reyes; la presidenta del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, Carolina Molinos Rodríguez; y el juez Segundo Contra el Terrorismo, Carlos Liendo.
Según las denuncias, esta presunta red habría establecido cobros que oscilarían entre 15.000 y 300.000 dólares por caso, dependiendo del perfil del imputado y la complejidad del expediente.
Red judicial en amnistía
Los pagos, siempre según estas versiones, se exigirían en efectivo o mediante criptomonedas con el objetivo de evitar rastros financieros y posibles controles institucionales.
La Ley de Amnistía, presentada como un mecanismo de reconciliación política y liberación de personas detenidas por causas vinculadas a conflictos desde 1999, ha sido objeto de múltiples cuestionamientos. Organizaciones de derechos humanos y familiares de detenidos denuncian retrasos, discrecionalidad judicial y presuntos cobros ilegales para emitir boletas de excarcelación o notificaciones de libertad plena.
Diversas ONG advierten además que la aplicación de la ley no es automática y depende de decisiones judiciales caso por caso, lo que ha generado críticas por falta de transparencia y posibles espacios de corrupción en su implementación.
Las denuncias han generado indignación entre familiares de presos políticos y defensores de derechos humanos, quienes consideran que la eventual monetización del proceso distorsiona el objetivo de la amnistía.
“La libertad no puede tener precio. Si alguien está cobrando por aplicar un beneficio legal, eso debe investigarse hasta las últimas consecuencias”, expresó un abogado consultado bajo anonimato.
Hasta el momento, ninguna autoridad judicial o del Ministerio Público ha anunciado investigaciones formales contra los funcionarios mencionados en las denuncias.
Mientras tanto, crece la presión pública sobre el Ejecutivo para que las declaraciones de Delcy Rodríguez se traduzcan en acciones concretas dentro del sistema de justicia venezolano.
ACN/MAS/Versión Final
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Sucesos
Publican número de fallecidos por terremotos, tras nueve días sin dar cifras
Publican número de fallecidos por terremotos, informe que no aportaba el Gobierno nacional desde el pasado 24 de julio, retoma publicación por el doblete sísmico del pasado 24 de junio, luego de nueve días del último informe, cuando se cumplió un mes de doblete sísmico que azotó a siete estados y con más fuerzas La Guaira, donde aún familiares buscan a sus deudos.
El Gobierno reanudó este 3 de agosto la publicación de cifras oficiales sobre las víctimas y el número de fallecidos, 579 más que en el último balance divulgado el pasado 24 de julio.
El Ejecutivo informó además que, a partir de ahora, los reportes sobre la reconstrucción se emitirán de forma semanal.
El nuevo boletín oficial pone fin a diez días sin actualizaciones sobre el impacto humano de la emergencia. Hasta el 24 de julio, las autoridades reportaban 5.546 fallecidos y 16.740 heridos.
En esta ocasión, el Gobierno informó que 6.462 personas las rescataron y que 60.992 han recibido atención hospitalaria desde que ocurrieron los sismos. Sin embargo, el reporte no actualiza el número de heridos ni precisa cuántos pacientes permanecen hospitalizados.
Publican número de fallecidos por terremotos
El informe también detalla avances en la recuperación de las zonas afectadas. Según el Ejecutivo, se han evaluado 43.679 viviendas, de las cuales 41.624 presentan algún tipo de daño.
De ese total, 25.325 fueron catalogadas como habitables, 9.866 presentan restricciones de uso y 6.433 fueron clasificadas con alto riesgo estructural.
Asimismo, las autoridades indicaron que 287 viviendas ya fueron entregadas a familias damnificadas.
En cuanto a las labores de recuperación, el boletín señala que se han retirado 346.755 toneladas de escombros, lo que representa 16,51% del volumen total estimado.
El Ejecutivo aseguró que continúan las operaciones de limpieza, evaluación de edificaciones y atención médica en las zonas más afectadas por los terremotos, especialmente en Caracas y La Guaira.
No hay cifras de desaparecidos
Igualmente, el Gobierno no ha informado una cifra oficial de desaparecidos, pero el sitio Venezuela Reporta calcula el total en 41.300, mientras que otras fuentes consideran números inferiores o superiores. La incertidumbre es latente.
La ONG venezolana Provea exigió este lunes al Gobierno actualizar el número de fallecidos y de desaparecidos, esta último congelada desde el 25 de junio, cuando las autoridades informaron de 157 personas sin localizar.
Otras iniciativas de ciudadanos como ‘Desaparecidos Terremoto Venezuela’ han denunciado más de 29.000 personas en paradero desconocido y, según Provea, no hay «un registro público que respalde».
El pasado 24 de julio, al cumplirse un mes de los terremotos, Jorge Cattaneo, director global de la ONG Ayuda en Acción, dijo a France 24 que “se habla de 40.000, de 50.000, de 70.000” desaparecidos, pero aclara que “no es que se esté ocultando información”. En todo caso, apuntó a las dificultades que existen en las bases de datos porque, en muchos casos, se denunció la desaparición dos veces. “Cuando se trata de personas desaparecidas y en una magnitud tan grande y tan grave, no es sencillo”, fundamenta.

ACN/MAS/Agencias
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