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Ratificaron orden de presión preventiva contra Rafael Correa

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Foto: Archivo/El Comercio.
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Este viernes 8 de noviembre, la Procuraduría General del Estado (PGE) de Ecuador; acusó ex presidente Rafael Correa de haber formado en su administración un “esquema de corrupción”, donde también estaban involucrados sus más cercanos colaboradores.

Por esa razón, un tribunal de la Corte Nacional de Justicia de ese país; ratificó la orden de prisión preventiva contra Rafael Correa, el ex vicepresidente Jorge Glas y cuatro procesados más por el caso denominado “Sobornos 2012-2016”.

Dentro de ese caso, la corte presume su participación en los delitos de asociación ilícita cohecho y tráfico de influencias; con el propósito de recibir dinero de forma irregular por parte de la constructora Odebrecht y otras empresas.

Caso de Rafael Correa

La Procuraduría explicó, que las evidencias se observan del análisis de “más de 500 cuerpos e informes periciales; evidencias documentales y testimoniales”, los cuales fueron hallados durante la investigación fiscal del caso.

Basados en esas evidencias, el tribunal negó el recurso de apelación presentado por la defensa de Rafael Correa y los demás procesados.

En este contexto, a través de un comunicado la Fiscalía General del Estado informó; que los abogados de los acusados insistieron en que se revoque la detención, al considerar “que no se han cumplido con los requisitos para dictar la medida; y solicitamos que se dispongan medidas alternativas”, las cuales fueron negadas.

Por su parte, Fausto Jarrín, abogado de Correa señaló, que durante su intervención en la audiencia de este jueves; declaró garantizar la “inmediación” en el proceso penal. Esto significa, “responder a las diligencias solicitadas por la justicia ecuatoriana”, expresó.

Correa: Es una persecusión política

De acuerdo al documento, la acusación fue presentada a la jueza Daniella Camacho el 28 de agosto de 2019; puesto que en las primeras investigaciones hallaron evidencia de responsabilidad penal por “delitos de cohecho”; según establece el artículo 286 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

En este sentido, recaen sobre Rafael Correa 29 juicios penales pendientes; varios de ellos por presunta corrupción. Aunado, a la orden de prisión preventiva que fue ratificada por la corte este 7 de noviembre.

Vale resaltar, que el ex presidente reside en Bélgica desde el 2017 hasta la actualidad; y desde allá ha denunciado una presunta “persecución política” en su contra y de los demás acusados por parte del actual presidente de Ecuador, Lenín Moreno.

En relación a las acusaciones, el político ha negado su participación en los delitos imputados.

ACN/CNN Español/Diario El Comercio/Foto: Cortesía

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Internacional

Chile expulsa a 65 venezolanos por delitos e infracción normativa migratoria

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65 ciudadanos venezolanos son expulsados de Chile - Agencia Carabobeña de Noticias
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Este viernes 3 de mayo 65 venezolanos son expulsados de Chile por delitos e infracción normativa migratoria, todos con destino a Caracas, informan autoridades del Gobierno austral.

“Las personas que cometan delitos en nuestro país o que ingresen irregularmente serán expulsadas. Se trata de una minoría de extranjeros que residen en nuestro país, pero es una minoría que hace mucho daño”, sostuvo el director del Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) de Chile, Luis Eduardo Thayer.

De las personas deportadas, 55 cometieron delitos como robo con intimidación, robo con violencia, tráfico de drogas o tenencia de armas de fuego. Las otras 10 expulsiones de carácter administrativo por ingreso al país a través de un paso no habilitado.

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65 venezolanos son expulsados de Chile

“Trabajamos en hacer más eficaces los procesos de expulsión y mejorar la capacidad del Estado”, aseguró Thayer. Añadió que se necesitan “mayores facultades para policías y el Servicio Nacional de Migraciones”.

En lo que va de 2024, según datos entregados por el Gobierno, se han realizado 411 expulsiones a distintos países. 208 por razones administrativas y 203 por orden judicial.

La expulsión judicial, específica un comunicado emitido por el Gobierno chileno, es una “pena sustitutiva” para personas extranjeras, condenadas con penas inferiores a cinco años y un día y que permanecen en el país privados de la libertad, deportados una vez que el tribunal haya dictado la sustitución de la pena y establecido un plazo para ejecutarla.

Además de Sermig, participa en este proceso la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), “encargada de ubicar y detener a las personas para materializar la expulsión y escoltarlas hacia sus países de origen”.

Colombia la supera

Colombia, con 155 expulsiones, y Venezuela, con 146, son las nacionalidades con más expulsiones en Chile en lo que ha corrido de 2024.

De las expulsiones materializadas en el país sudamericano desde 2018 a la fecha, 2019 fue el año donde más deportaciones hubo, con un total de 2.232. De ellas, 202 fueron administrativas, mientras que las 1.268 restantes fueron judiciales.

La migración irregular no es un fenómeno nuevo en Chile, pero en los últimos años se disparó exponencialmente. Cerca de 44.000 personas ingresaron de forma irregular durante 2023 a través de pasos clandestinos, según la PDI.

ACN/MAS/EFE

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