Nacional
Rafael Lacava demanda por difamación a Marino Alvarado y Alfredo Infante

El gobernador de Carabobo, Rafael Lacava demanda por difamación a activistas Alfredo Infante y Marino Alvarado, quien recibieron la notificación este lunes 16 de mayo.
Ambos solicitaron en su momento que se investigue su presunta responsabilidad en denuncias de ejecuciones extrajudiciales.
«Rafael Lacava, gobernador de Carabobo, demanda por ‘difamación’ al coordinador legal de Provea (Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos), Marino Alvarado, y al padre Alfredo Infante (coordinador de DD.HH. de Centro Gumilla), tras exigir investigación hacia Lacava por presunta responsabilidad en denuncias de ejecuciones extrajudiciales»; informó la ONG Provea en su cuenta en Twitter.
La organización aseguró que la demanda tiene lugar luego de que el pasado 14 de marzo ambos activistas participaran en la presentación del informe Lupa por la Vida; durante la cual se aseveró que «la Policía del estado Carabobo es de las más letales en Venezuela, con 221 víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Se debe investigar al gobernador Rafael Lacava».
Lacava demanda por difamación a activistas…
El mensaje fue acompañado de un video en el que Alvarado, uno de los demandados; indicó que la notificación fue recibida el día de hoy por parte de un tribunal penal de Carabobo.
«Supuestamente, lo hemos difamado porque hemos exigido que se investigue la presunta responsabilidad que pueda tener el gobernador con las ejecuciones extrajudiciales que han ocurrido en el estado Carabobo»; señaló Alvarado.
Apuntó que esta demanda es «la consecuencia» de ser exigentes en materia de derechos humanos y de alzar la voz por las víctimas de estos hechos.
Rechazó que esté acusando al gobernador
Al respecto, insistió en que «pareciera que hay una política de Estado de no investigar a quienes pudieran tener la mayor responsabilidad» en hechos de violación a garantías fundamentales; además rechazó que estén acusando a Lacava de algún hecho.
«No estamos diciendo que el gobernador es responsable, estamos diciendo que debe investigarse su presunta responsabilidad y esa es la labor del Ministerio Público (Fiscalía)»; añadió.
Finalmente, Alvarado hizo un llamado a la Justicia venezolana a que sean investigadas no solo las presuntas ejecuciones extrajudiciales en Carabobo sino los 1.414 hechos de este tipo que tuvieron lugar en 2021 en todo el país y los 3.034 contabilizados en 2020; según afirmó.
ATENCIÓN | Rafael Lacava, Gobernador de Carabobo, demanda por “difamación” al Coord. Legal de PROVEA, Marino Alvarado, y al Padre Alfredo Infante Sj (@centrogumilla); tras exigir investigación hacia Lacava por presunta responsabilidad en denuncias de ejecuciones extrajudiciales. pic.twitter.com/5fG8sff4RN
— PROVEA (@_Provea) May 16, 2022
ACN/MAS/EFE
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Nacional
Cancillería respondió a la propuesta formal de intercambio de migrantes venezolanos detenidos en El Salvador

En un comunicado, la Cancillería respondió a la propuesta formal de intercambio de migrantes venezolanos detenidos en El Salvador.
El titular de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil, hizo público el comunicado oficial como respuesta a una misiva enviada por el gobierno de Nayib Bukele.
En la correspondencia, suscrita por el ministerio de Relaciones Exteriores salvadoreño, se formaliza la propuesta hecha por el presidente del país centroamericano de intercambio de detenidos.
Bukele propuso al gobierno de Venezuela liberar a los «presos políticos» a cambio de la excarcelación de más de 250 venezolanos detenidos en su país.
Al respecto, el Gobierno de Venezuela considera que dicha nota «constituye, en efecto, una confesión expresa de graves violaciones al derecho internacional de los Derechos Humanos». Así como de la «comisión de actos que podrían tipificarse como acciones delictivas internacionales».
Cancillería respondió a la propuesta formal de intercambio de migrantes venezolanos detenidos en El Salvador
El documento divulgado por el canciller Gil destaca en cinco puntos, lo que catalogó como «los graves crímenes cometidos por gobierno de El Salvador». Esto al mantener «secuestrados» a los migrantes venezolanos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).
El documento de la parte venezolana señala:
1- Violación de los derechos humanos de los ciudadanos venezolanos, quienes han sido privados de su libertad de forma arbitraria y recluidos sin orden judicial ni juicio previo en el CECOT.
2- Criminalización colectiva y xenofobia institucional. Al atribuirse sin pruebas individuales la vinculación de los detenidos con organizaciones criminales transnacionales.
3- Negación del derecho a la defensa, al debido proceso y al acceso a la justicia. Al no garantizarse la información sobre los cargos imputados, ni acceso a asistencia jurídica.
4- Propuesta de canje ilegal y moralmente inadmisible. Al pretender condicionar la liberación de personas inocentes a un «intercambio» por ciudadanos privados de libertad en Venezuela por causas completamente ajenas (comisión de terribles hechos punibles).
5- Secuestro y traslado forzoso a un tercer país, sin orden judicial ni proceso legal, ejecutado por autoridades de los Estados Unidos de América. Quienes deportaron arbitrariamente a estos ciudadanos venezolanos al territorio salvadoreño.
El comunicado del gobierno de Venezuela finaliza exigiendo «la liberación inmediata e incondicional de los 252 ciudadanos venezolanos detenidos arbitrariamente en territorio salvadoreño«. Asimismo, responsabiliza al Estado salvadoreño por «cualquier afectación a la integridad física y psicológica de los connacionales encarcelados».
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