El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció que el régimen venezolano trasladó de manera inconsulta y arbitraria a al menos 70 presos políticos recluidos en el Centro Penitenciario de Yare, estado Miranda, profundizando la crisis penitenciaria y el drama de sus familiares.

Según la organización, la medida se ejecutó sin notificación previa y dejó a decenas de familias en estado de desesperación.

Durante meses, madres, esposas e hijos permanecieron a las puertas de Yare esperando excarcelaciones que nunca llegaron.

El domingo 29 de marzo, los detenidos fueron trasladados con rumbo inicialmente desconocido, y el lunes 30 se confirmó su ingreso al Internado Judicial El Rodeo, decisión emanada del Ministerio Penitenciario y no de los tribunales competentes.

Traslado sin información oficial

El OVP señaló que el Ministerio Penitenciario no ha informado los motivos ni las condiciones del traslado, lo que constituye una violación al debido proceso y una forma de tortura extendida hacia las familias, que desconocen el estado de sus seres queridos.

El Rodeo como centro de tortura

La organización advirtió que en El Rodeo se han documentado prácticas sistemáticas que vulneran la dignidad humana, entre ellas:

• Aislamiento extremo en celdas sin ventilación ni luz solar.
• Torturas y tratos crueles que buscan quebrar física y psicológicamente al detenido.
• Restricción total de visitas, impidiendo verificar el estado de salud de los prisioneros.

“Pasamos hambre, sol y lluvia esperando una boleta de excarcelación que nunca llega, y ahora nos responden llevándolos a un lugar donde sabemos que se practica la tortura”, relató un familiar.

Exigencias del OVP

El Observatorio exigió:

• Información inmediata y oficial sobre la lista de trasladados y su integridad física.
• Cese del aislamiento y respeto a las Reglas Mandela sobre tratamiento a los reclusos.
• Libertad plena y sin condiciones para los detenidos por motivos políticos.

La organización informó que está documentando el caso y remitiendo reportes a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, denunciando este nuevo atropello que afecta tanto a los presos como a sus familias.

NDP

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