Familiares y abogados de los comisarios y funcionarios de la extinta Policía Metropolitana, vinculados a los sucesos del 11 de abril de 2002, denunciaron una nueva negativa de la Corte de Apelaciones del estado Aragua para otorgarles el beneficio de amnistía.

Durante una rueda de prensa, Yajaira Castro de Forero, esposa del comisario Lázaro Forero, calificó la decisión como “una gran injusticia” contra los comisarios Forero y Henry Vivas, así como contra los funcionarios Héctor Rovain, Luis Molina Cerrada, Erasmo Bolívar y Julio Rodríguez.

Recordó que ninguno fue condenado por violaciones graves a los derechos humanos ni por crímenes de lesa humanidad, sino por homicidio calificado en grado de complicidad, en un juicio que —según afirmó— estuvo plagado de irregularidades.

 Sistema judicial como herramienta de persecución

Castro, junto a los abogados Carlos Aponte y Theresly Malavé, presentó una carta atribuida al exmagistrado del TSJ Eladio Aponte Aponte, certificada en Costa Rica, en la que reconoce haber transmitido instrucciones para condenar a los comisarios y policías metropolitanos. Para la defensa, este documento confirma que el sistema judicial fue utilizado como instrumento de persecución política.

23 años privados de libertad

Los abogados subrayaron que varios de los funcionarios llevan 23 años encarcelados, mientras que otros, aunque cuentan con medidas humanitarias, siguen bajo severas restricciones y con problemas de salud.

Señalaron que, conforme a la ley, deberían haber recibido fórmulas alternativas de cumplimiento de pena como destacamento de trabajo, régimen abierto, libertad condicional o confinamiento, beneficios que nunca se aplicaron.

Amnistía “selectiva y excluyente”

Castro cuestionó la aplicación de la Ley de Amnistía, calificándola como “selectiva y excluyente”, pues deja fuera a numerosos presos políticos sin justificación jurídica.

Aponte agregó que negar este beneficio representa “perder una oportunidad histórica” para reparar condenas manipuladas y avanzar hacia la reconciliación nacional.

Malavé, por su parte, sostuvo que el caso refleja el colapso del sistema judicial venezolano y la necesidad urgente de rescatar la Fiscalía, los tribunales y la administración de justicia.

Testimonios familiares

La hermana de Héctor Rovain relató entre lágrimas que su hermano fue condenado injustamente, que sus padres murieron sin ver justicia y que su hijo creció sin la presencia paterna. Su mensaje final fue un llamado a las autoridades a otorgar libertad a quienes considera inocentes.

Al cierre, familiares y abogados reiteraron su exigencia de libertad plena para los funcionarios y todos los presos políticos, insistiendo en que no piden favores, sino el cumplimiento de la ley y el fin de una persecución que, aseguran, se ha prolongado por más de dos décadas.

NDP

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