Internacional
ONG pide la recusación del fiscal jefe de la CPI en un caso contra Nicolás Maduro
Piden recusación del fiscal jefe de CPI. La Fundación Arcadia, con sede en Washington DC, anunció este domingo 8 de septiembre que ha presentado ante la Corte Penal Internacional (CPI) una solicitud formal de recusación contra el fiscal jefe, Karim Khan, en un caso contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro.
La petición argumenta un conflicto de interés que «compromete la imparcialidad del fiscal y pone en riesgo la integridad del proceso judicial». Con implicaciones para la credibilidad de la CPI.
El conflicto de intereses procedería, según la solicitud, de la relación familiar entre Khan y Venkateswari Alagendra, abogada defensora de Maduro en este caso.
Piden recusación del fiscal jefe de CPI
El supuesto vínculo, según la Fundación Arcadia, ha generado «preocupaciones sobre la imparcialidad requerida en las funciones del fiscal«, Como así lo estipula el Estatuto de Roma, documento rector de la Corte Penal Internacional.
La ONG pide la recusación inmediata de Khan y su apartamiento de todas las actuaciones relacionadas con el caso Venezuela I. Además, solicita el nombramiento de un fiscal independiente para asegurar que la investigación y el enjuiciamiento continúen «sin sesgos o apariencia de conflicto de intereses».
Solicita también la investigación sobre violaciones éticas de la CPI para determinar si la no divulgación del conflicto de intereses por el fiscal constituye una violación de sus obligaciones éticas y del Código de Conducta de la CPI.
Propone una declaración pública del Tribunal que aborde «el conflicto de intereses». Describa las medidas adoptadas para «preservar la integridad del proceso con el fin de restaurar la confianza pública en su imparcialidad».
Debió apartarse del caso, según ONG
The Washington Post había publicado el viernes que Venkateswari Alagendra, que se ha unido al equipo que defiende a Maduro ante la CPI, es cuñada de Khan.
Arcadia, una organización promotora y defensora de los derechos humanos, según se define, señala que «la relación familiar entre el fiscal y Alagendra impacta la independencia e imparcialidad requeridas por la CPI». Especialmente por ser este un caso que «involucra a Nicolás Maduro como perpetrador de crímenes de lesa humanidad».
La organización sostiene que el fiscal «debió apartarse del caso ‘motu proprio’ por convicción ética».«La mera apariencia de parcialidad es suficiente para socavar la confianza del público, las víctimas y la comunidad internacional» en la CPI, asevera.
La solicitud formal de recusación contra Karim Khan está firmada por Robert Carmona-Borjas (periodista y abogado), cofundador de la organización, y José Vicente Carrasquero (doctor en Ciencias Políticas), su director de Estrategias de Resolución de Conflictos, ambos de nacionalidad venezolana.
ACN/MAS/EFE
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Internacional
Maduro y Alex Saab deben pagar 314 millones de dólares a tres estadounidenses
Nicolás Maduro y Alex Saab deben pagar 314 millones de dólares, ordenó un juez federal de Estados Unidos en compensación por daños y perjuicios a tres ciudadanos estadounidenses que denunciaron su encarcelamiento y torturas en Venezuela.
La decisión judicial se refiere a los casos de Jerrel Kenemore, Jason Saad y Edgar Marval, quienes permanecieron detenidos en territorio venezolano antes de ser liberados en 2023 como parte de un intercambio de prisioneros entre el gobierno de Nicolás Maduro y la administración del entonces presidente estadounidense Joe Biden, que incluyó la liberación de Alex Saab.
Nicolás Maduro y Alex Saab deben pagar 314 millones de dólares
Los tres estadounidenses presentaron en 2025 una demanda contra altos funcionarios venezolanos, entre ellos Maduro y la vicepresidenta Delcy Rodríguez, en la que alegaron ser víctimas de tortura física y psicológica durante su encarcelamiento.
En su fallo, el juez calificó las acciones denunciadas como parte de una “empresa criminal” presuntamente dirigida por Maduro, y estableció la millonaria indemnización a favor de los demandantes.
La resolución se suma a las disputas judiciales y políticas entre autoridades estadounidenses y venezolanas relacionadas con casos de ciudadanos detenidos, sanciones y negociaciones diplomáticas entre ambos gobiernos.
ACN/MAS/Agencias
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