Internacional

Petróleo venezolano se vende al precio del mercado y ha enviado 10 millones de barriles a EEUU (+ video)

Publicado

Hace 4 meses

27 mayo, 2026

Por

Miguel Sanchez

Petróleo venezolano se vende al precio del mercado - Agencia Carabobeña de Noticias

Marco Rubio junto a Donald Trump. (Foto: AP).

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que el petróleo venezolano se vende al precio del mercado y que el dinero obtenido va “en beneficio del pueblo venezolano”.

De acuerdo con los cálculos del alto funcionario, desde enero Venezuela ha enviado al menos 10.000.000 de barriles de petróleo a Estados Unidos como parte del acuerdo energético refrendado por ambos países.

Petróleo venezolano se vende al precio del mercado

En una reunión de gabinete realizada este miércoles 27 de mayo en la Casa Blanca, junto al presidente estadounidense Donald Trump, Rubio aseveró que los recursos provenientes de la venta de petróleo lo supervisan, tanto por auditorías externas a través de la firma KPMG como por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

“Ese dinero va a una cuenta en Estados Unidos controlada y monitoreada por el Tesoro, auditada por KPMG. Por primera vez, el dinero no lo roban. Va en beneficio del pueblo venezolano”, declaró el jefe de la diplomacia estadounidense, quien añadió que la industria petrolera venezolana “está siendo profesionalizada por primera vez”.

https://youtu.be/bkCZOVpZscg

ACN/MAS/Agencias

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Internacional

Exfiscal venezolano advierte que el fallo migratorio en EE. UU. no elimina el riesgo de persecución para los solicitantes de asilo

Publicado

1 hora ago

10 septiembre, 2026

Gabriela Suniaga

La Junta de Apelaciones de Inmigración de Estados Unidos (BIA, por sus siglas en inglés) determinó en el fallo Matter of A-E-V-M- que la salida del poder de Nicolás Maduro y la transferencia de la autoridad ejecutiva constituyen un cambio en las condiciones del país que debe ponderarse al evaluar el temor fundado de persecución en las solicitudes de asilo.

Ante esta resolución, el exfiscal especializado en el sistema de justicia penal venezolano y fundador del Latino Institute for Security Efficiency (LISE), Rolnar Sanabria, aclaró que la medida no debe interpretarse como el cierre automático de los expedientes de los ciudadanos venezolanos.

«La Junta fue clara en algo que como exfiscal puedo confirmar desde adentro: la salida de Maduro cambió el liderazgo, pero no desmontó el aparato. Las instituciones, los cuerpos de seguridad y los funcionarios que sostenían la persecución política siguen, en su mayoría, en sus puestos», explicó Sanabria.

Por tal motivo, el especialista destacó que la BIA ordenó una evaluación individualizada de cada caso para verificar si las estructuras de persecución mantienen la capacidad y la intención de actuar contra los solicitantes.

Sanabria vinculó esta decisión con el contexto actual de Venezuela, donde persisten los encarcelamientos por motivos políticos y se desarrolla un proceso de diálogo entre sectores del chavismo remanente y la oposición para la renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

«Mientras el TSJ y la Fiscalía no se reformen a fondo, la maquinaria que perseguía a opositores sigue teniendo el mismo marco legal para operar. Eso es exactamente lo que un abogado de inmigración necesita documentar en cada caso individual», enfatizó.

Récord de rechazos y mayor escrutinio probatorio

El dictamen se produce en un escenario complejo para los peticionarios venezolanos. De acuerdo con datos del Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), las cortes de inmigración estadounidenses denegaron el 94,1 % de las solicitudes de asilo decididas en junio de 2026, alcanzando una tasa de aprobación de apenas el 5,5 %.

«Con una tasa de aprobación de un solo dígito, cada elemento probatorio del expediente cuenta. No hay margen para un documento débil o una prueba de país insuficiente», advirtió el exfiscal.

A este panorama se suma una directiva del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), emitida por su asesor jurídico principal, James Percival, la cual instruye al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a perseguir con mayor rigor el fraude documental en los expedientes de asilo, estableciendo sanciones para solicitantes, abogados y preparadores de documentos. «Hoy el escrutinio recae tanto sobre el documento como sobre quien lo certifica. Un caso de asilo venezolano bien fundamentado necesita que la evidencia documental resista ese nivel de revisión, no solo que exista», concluyó Sanabria.

Con información de nota de prensa

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