Internacional
Peligroso paso por selva del Darién se ha convertido en negocio lucrativo
Más de 360.000 personas cruzaron la selva del Darién en 2023, según el gobierno de Panamá, con el objetivo de llegar a Estados Unidos, muchos han llegado hacer el peligroso paso entre Colombia y Panamá un negocio lucrativo.
El trayecto en lancha para llegar al bosque tropical: 40 dólares. Un guía que te lleva por la ruta peligrosa cuando empiezas a caminar: 170 dólares. Alguien que carga tu bolso en las lomas lodosas: 100 dólares. Un plato de pollo con arroz tras un día de escalar laboriosamente: 10 dólares. Paquetes especiales con todo incluido para que el esfuerzo riesgoso sea más rápido y soportable (con tiendas, botas y otros básicos): 500 dólares o más.
Selva del Darién es un negocio
Las ganancias simplemente son demasiado grandes como para ignorarlas y los emprendedores que persiguen la bonanza migrante no son contrabandistas clandestinos que se esconden de las autoridades. «Son políticos, empresarios destacados y líderes electos, que diariamente y a plena luz del día envían a miles de personas migrantes hacia Estados Unidos y a cambio cobran millones de dólares mensuales por ese privilegio» de acuerdo con una investigación realizada por el New York Times.
Darwin García, miembro electo de una junta de acción comunal y exconcejal de Acandí, un municipio colombiano en donde empieza la selva, es uno de los encargados de organizar a los lancheros, guías y cargabolsos de la selva.
El hermano menor de García, Luis Fernando Martínez, líder de una asociación local de turismo, es en la actualidad uno de los principales candidatos a la Alcaldía de Acandí y defiende el negocio de la migración como la única industria rentable en un lugar.
Migrantes millones de dólares
Hoy en día, dichas ganancias son más grandes que nunca: solo este año, los líderes locales han recaudado de los migrantes decenas de millones de dólares en una enorme operación de movimiento humano que, según los expertos internacionales, es más sofisticada que cualquiera que hayan visto.
“Hay una economía bonita”, dijo Fredy Marín, quien fuera concejal en la municipalidad vecina de Necoclí y que maneja una empresa de lanchas que transporta migrantes en su trayecto a Estados Unidos. Dice que mensualmente traslada a miles de personas y que cobra 40 dólares por persona.
El coronel William Zubieta, el principal funcionario policial de la región, dijo que su trabajo no era detener el paso de migrantes. Más bien, argumentó que el control correspondía a las autoridades migratorias del país.
«Hoy en día, el negocio lo manejan integrantes electos de la junta de acción comunal como García, a través de una organización sin fines de lucro fundada por el presidente de la junta y su familia. Se llama Fundación Social Nueva Luz del Darién, y se encarga de gestionar toda la ruta desde Acandí hasta la frontera con Panamá, fijando precios por el trayecto, recaudando tarifas y operando extensos campamentos en medio de la selva», explicó el nacional.
La fundación ha contratado a más de 2.000 guías locales y cargadores de mochilas y los ha organizado en equipos con camisetas numeradas de distintos colores.
Las personas migrantes pagan por lo que la fundación llama servicios, entre ellos el paquete básico de guía y seguridad por la frontera, a 170 dólares. Después, un asesor de migración procede a ponerles en la muñeca dos brazaletes de papel como comprobante de pago.
Antes de ingresar a la selva, los migrantes deben pagarle al grupo armado un impuesto distinto de alrededor de 80 dólares por persona a cambio del permiso para cruzar por el Darién, según varias personas que recaudan la cuota en Necoclí.
Con información de ACN/El nacional
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Internacional
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra, pide justicia española
La justicia española solicitó un informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra desde 2017, año en el que ingresaron al capital de la compañía personas de origen venezolano, cuando se dieron cambios en la estructura accionarial de la aerolínea.
La solicitud la realizó la Fiscalía en el marco de la investigación que sigue la Audiencia Nacional sobre la aerolínea, relacionada con el préstamo estatal de 53 millones de euros concedido para su rescate durante la pandemia y con una presunta trama de tráfico de influencias.
La fiscala del caso, Elena Lorente, pidió analizar el “eventual impacto” que tuvo la entrada del capital venezolano en la consideración de Plus Ultra cuando la empresa solicitó las ayudas públicas en 2021.
De acuerdo con el escrito, al que tuvo acceso EFE, la aerolínea fue constituida en 2011 por Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque, pero posteriormente experimentó varios cambios accionariales, “particularmente significativos” a partir de 2017, cuando personas de origen venezolano ingresaron en su capital social y órganos de gestión.
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra
La Fiscalía pretende determinar el alcance de esas modificaciones y su posible relación con las circunstancias que rodearon la solicitud y concesión del rescate estatal.
El ingreso del capital venezolano se habría concretado mediante distintas escrituras públicas, cuyo contenido ya lo mencionaron en un informe elaborado en 2025 por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
La investigación también alcanzó a los principales accionistas de la compañía. En diciembre de 2025, Julio Martínez Sola y Roselli los detuvieron la UDEF y posteriormente quedaron en libertad. La semana pasada, Martínez Sola dimitió como presidente de Plus Ultra.
Salpica a Rodríguez Zapatero
El caso también salpica al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien está siendo investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.
Rodríguez Zapatero negó ante el juez, el pasado 17 de junio, haber ejercido influencia para favorecer a Plus Ultra en la concesión del préstamo público y rechazó haber mantenido comunicaciones con personas vinculadas a la aerolínea.
La conexión con Venezuela constituye uno de los elementos centrales de la investigación. Según la querella de la Fiscalía, Plus Ultra aparece como “firmante y beneficiaria” de presuntos contratos de préstamo con tres sociedades que estarían vinculadas al blanqueo de dinero procedente de una supuesta malversación de fondos de funcionarios venezolanos.
Ahora, la Justicia española busca determinar con mayor precisión cómo se produjo la entrada del capital venezolano en Plus Ultra y si esos movimientos tuvieron alguna incidencia en la solicitud y posterior concesión de los fondos públicos.
ACN/MAS/Agencias
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