Internacional
República Dominicana aceptará pasaportes vencidos de venezolanos
República Dominicana aceptará los pasaportes vencidos de venezolanos que se encuentren en el país y tengan la intención de iniciar, continuar o renovar su estatus migratorio, acogiéndose al Plan de Regularización del Gobierno.
La medida complementará una resolución aprobada en enero por el gobierno del presidente Luis Abinader; que brinda un estatus migratorio de no residente a miles de venezolanos que ahora se encuentran bajo condición irregular en el país.
“Con la primera resolución extendemos el permiso de estadía en el país para aquellas personas que se encuentran acá y cuyo permiso de estadía se había vencido”, dijo Álvarez a el Nuevo Herald. “Ésta segunda parte, que firmaremos en la tarde del lunes, reconocerá la validez de todos los pasaportes vencidos”.
“Eso es muy importante porque permitirá a todos los venezolanos, incluso aquellos que están en el exterior, poder hacer las solicitudes”, agregó.
Podrán obtener permisos de trabajo en República Dominicana
Las resoluciones beneficiarían a los venezolanos que tengan visado de turistas y permanezcan en el territorio dominicano más allá de la vigencia autorizada; permitiéndoles tramitar una extensión de permanencia.
Álvarez dijo que con la aprobación de ambas medidas los venezolanos que se encuentran en el país podrán obtener permisos de trabajo en República Dominicana; y dejarían de estar en riesgo de ser deportados.
Cientos de miles de venezolanos que se encuentran en el exterior tienen sus pasaportes vencidos. El documento se ha convertido en un artículo muy difícil de conseguir o renovar debido a la lentitud con que el gobierno venezolano los emite.
Cerca de 120,000 venezolanos se encuentran actualmente en República Dominicana, y muchos de ellos forman parte del éxodo de más de cinco millones de nacionales del país petrolero que abandonaron sus hogares para escapar del colapso económico.
Un camino migratorio legal a los venezolanos
La resolución aprobada en enero otorga un camino migratorio legal a los venezolanos que ingresaron legalmente pero permanecieron en República Dominicana; después que expiró el plazo establecido. Estos recibirán en primera instancia una extensión de permanencia de 60 días que deberá ser usada para tramitar permisos de estadía como estudiantes o trabajadores temporales.
La medida, que ya entró en vigencia, ofrece el beneficio a aquellos venezolanos que ingresaron entre enero del 2014 y marzo del 2020; así como para sus hijos menores de edad, incluyendo aquellos que nacieron en el país, ya que éstos constitucionalmente no cuentan con la nacionalidad dominicana.
Sin embargo, la medida no beneficia a aquellos venezolanos que ingresaron ilegalmente, aquellos que tienen derecho a la nacionalidad dominicana o quienes tienen antecedentes criminales.
Tampoco beneficia a quienes ya se encuentran tramitando una condición de refugiado o de asilo político o quienes se encuentran bajo proceso de extradición o de deportación.
Los pasos tomados por República Dominicana se asemejan a los adoptados en febrero por el gobierno colombiano, al crear un estatuto temporal para brindar protección migratoria a muchos de los cerca de dos millones de venezolanos que se encuentran en ese país.
El mecanismo adoptado en Colombia, denominado Estatuto Temporal de Protección para emigrantes Venezolanos; otorga permisos de residencia legal que facilitan el acceso a la atención médica y el ingreso al mercado laboral.
ACN/ El nuevo Herald
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Internacional
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra, pide justicia española
La justicia española solicitó un informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra desde 2017, año en el que ingresaron al capital de la compañía personas de origen venezolano, cuando se dieron cambios en la estructura accionarial de la aerolínea.
La solicitud la realizó la Fiscalía en el marco de la investigación que sigue la Audiencia Nacional sobre la aerolínea, relacionada con el préstamo estatal de 53 millones de euros concedido para su rescate durante la pandemia y con una presunta trama de tráfico de influencias.
La fiscala del caso, Elena Lorente, pidió analizar el “eventual impacto” que tuvo la entrada del capital venezolano en la consideración de Plus Ultra cuando la empresa solicitó las ayudas públicas en 2021.
De acuerdo con el escrito, al que tuvo acceso EFE, la aerolínea fue constituida en 2011 por Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque, pero posteriormente experimentó varios cambios accionariales, “particularmente significativos” a partir de 2017, cuando personas de origen venezolano ingresaron en su capital social y órganos de gestión.
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra
La Fiscalía pretende determinar el alcance de esas modificaciones y su posible relación con las circunstancias que rodearon la solicitud y concesión del rescate estatal.
El ingreso del capital venezolano se habría concretado mediante distintas escrituras públicas, cuyo contenido ya lo mencionaron en un informe elaborado en 2025 por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
La investigación también alcanzó a los principales accionistas de la compañía. En diciembre de 2025, Julio Martínez Sola y Roselli los detuvieron la UDEF y posteriormente quedaron en libertad. La semana pasada, Martínez Sola dimitió como presidente de Plus Ultra.
Salpica a Rodríguez Zapatero
El caso también salpica al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien está siendo investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.
Rodríguez Zapatero negó ante el juez, el pasado 17 de junio, haber ejercido influencia para favorecer a Plus Ultra en la concesión del préstamo público y rechazó haber mantenido comunicaciones con personas vinculadas a la aerolínea.
La conexión con Venezuela constituye uno de los elementos centrales de la investigación. Según la querella de la Fiscalía, Plus Ultra aparece como “firmante y beneficiaria” de presuntos contratos de préstamo con tres sociedades que estarían vinculadas al blanqueo de dinero procedente de una supuesta malversación de fondos de funcionarios venezolanos.
Ahora, la Justicia española busca determinar con mayor precisión cómo se produjo la entrada del capital venezolano en Plus Ultra y si esos movimientos tuvieron alguna incidencia en la solicitud y posterior concesión de los fondos públicos.
ACN/MAS/Agencias
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