Internacional
Parlamento Europeo reconoce a Edmundo González como presidente de Venezuela
El Parlamento Europeo reconoció este jueves 19 de septiembre al líder opositor Edmundo González Urrutia como presidente legítimo y democráticamente elegido de Venezuela, en un texto no vinculante que salió adelante con los apoyos del Partido Popular Europeo, los ultraconservadores y la extrema derecha.
La resolución, aprobada con 309 votos a favor, 201 en contra y 12 abstenciones, también reconoce a María Corina Machado como líder de las fuerzas democráticas en Venezuela.
No obstante, debido una enmienda de socialdemócratas, liberales y verdes que salió adelante, el texto no llega a reclamar a la Unión Europea y a sus Estados miembros —quienes tienen la competencia en política exterior— que se unan en el reconocimiento a González Urrutia.
Parlamento Europeo reconoce a Edmundo González
Es la primera ocasión de la actual legislatura del Parlamento Europeo en la que el Partido Popular Europeo vota con la extrema derecha en lugar de con el bloque a su izquierda en el hemiciclo (socialdemócratas, liberales y verdes) que tradicionalmente consensúa todas las decisiones en la Eurocámara.
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De los grupos grandes, se han quedado fuera de la mayoría los socialdemócratas, que estaban de acuerdo con la mayor parte del texto aprobado pero para quienes el reconocimiento de González como presidente y el texto conjunto con la extrema derecha era una línea roja; los liberales, que también rechazan que se haya roto el cordón sanitario y ni siquiera emitieron su voto en señal de protesta; y los Verdes.
Solo un grupo de socialistas portugueses y un liberal se saltaron la postura de sus grupos.
La Europa de las Naciones Soberanas, un segundo grupo de corte de extrema derecha más pequeño, no se ha sentado a la mesa de negociación de la resolución pero votó también mayoritariamente a favor.
En el texto, los eurodiputados urgen a la Unión Europea y sus Estados miembros a hacer «lo máximo posible» para que González Urrutia pueda asumir la Presidencia de Venezuela el próximo 10 de enero de 2025.
«El respeto de la voluntad del pueblo venezolano, expresada en las elecciones, sigue siendo la única vía para que Venezuela restablezca la democracia, permita una transición pacífica y auténtica y resuelva la actual crisis humanitaria y socioeconómica», dice la Eurocámara.
También piden a la Corte Penal Internacional que incluya las violaciones de los derechos humanos y las detenciones arbitrarias en curso en sus investigaciones sobre los presuntos crímenes contra la humanidad cometidos por el régimen de Nicolás Maduro, que fue proclamado presidente electo por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela sin aportar las actas de votación mesa por mesa como exige la ley.
Además, se exige la «liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos y las personas detenidas arbitrariamente» y se aplaude la decisión del gobierno español de conceder asilo político a González, lo cual, dicen, permite «protegerle y mantener una perspectiva viable de resolución del estancamiento político».
Por otro lado, piden a los gobiernos y al alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, que restablezcan las sanciones contra miembros del Consejo Nacional Electoral de Venezuela «como señal de buena voluntad» y que el resto de sanciones contra el régimen se prolonguen y amplíen.
«Si el 10 de enero de 2025 no se produce un traspaso pacífico de poder y el restablecimiento de la democracia, se producirá un nuevo éxodo migratorio hacia otros países de la región, similar al que ha llevado a cerca de ocho millones de venezolanos a huir del país en los últimos años», advierten los eurodiputados.
Con esta resolución, la Eurocámara va —de manera simbólica— más allá que el Consejo de la Unión Europea, en cuyos ministros de Exteriores recae la competencia de la política exterior comunitaria y que a finales del pasado mes de agosto decidieron no reconocer a Maduro como presidente pero tampoco hacerlo con el líder opositor.
Con información de ACN / el nacional
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Internacional
Trump intenta nuevamente frenar la ciudadanía por nacimiento y turismo de parto
El presidente Donald Trump intenta nuevamente frenar la ciudadanía por nacimiento y limitar el llamado turismo de parto, tras calificar de “muy desafortunada” una decisión de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos que este año anuló su intento anterior de restringir ese derecho.
Trump firmó ayer jueves 6 de agosto decretos sobre el tema que, al parecer, endurecen principalmente leyes ya vigentes y restringen las excepciones reconocidas.
Se trata de un intento aparentemente más limitado que el de un decreto firmado por Trump el año pasado, con el cual buscaba eliminar de manera general el derecho a la ciudadanía de los niños nacidos en el país cuyos padres no fueran ciudadanos estadounidenses. La Corte Suprema rechazó esa medida en junio con base en la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, que concede la ciudadanía a toda persona nacida en territorio estadounidense.
“Tuvimos una decisión muy desafortunada de la Corte Suprema sobre la ciudadanía por nacimiento”, dijo Trump a periodistas en la Oficina Oval este jueves.
Trump intenta nuevamente frenar la ciudadanía por nacimiento…
Uno de los decretos firmados por Trump el miércoles está dirigido contra los “extranjeros enemigos”, los miembros de organizaciones terroristas extranjeras y determinadas personas que cabildean o actúan en nombre de gobiernos extranjeros. Los hijos de personas pertenecientes a esos grupos no serían elegibles para recibir la ciudadanía por nacimiento, de acuerdo con Stephen Miller, vicesecretario general de la Casa Blanca y arquitecto de las políticas inmigratorias del Gobierno.
El segundo decreto se centra en el llamado “turismo de parto”, un tema prioritario para quienes defienden políticas inmigratorias más restrictivas. La legislación estadounidense ya prohíbe obtener una visa “con el propósito principal de conseguir la ciudadanía estadounidense para un hijo al dar a luz en Estados Unidos”.
Miller describió el decreto como una prohibición del turismo de parto, aunque no está claro qué añadiría a lo que ya establece la legislación estadounidense. Axios fue el primer medio en informar sobre los decretos.
Corte Suprema incluyó una firme defensa
La decisión de la Corte Suprema del 30 de junio incluyó una firme defensa de la ciudadanía por nacimiento tal como se ha entendido en Estados Unidos durante más de un siglo. Los niños nacidos en territorio estadounidense son ciudadanos del país, determinó la corte, incluso si sus padres se encuentran en él de manera temporal o sin autorización legal.
Una mayoría de cinco jueces sostuvo que la Decimocuarta Enmienda de la Constitución garantiza ese derecho. Varios jueces conservadores expresaron su desacuerdo y argumentaron que la decisión no impedía el tipo de turismo de parto que Trump había intentado frenar inicialmente.
Un sexto juez, Brett Kavanaugh, concluyó que el decreto inicial de Trump para limitar la ciudadanía por nacimiento estaba prohibido por la legislación federal, no por la Decimocuarta Enmienda.
“La ciudadanía, entonces y ahora, era el derecho a tener derechos, a participar libremente en nuestra comunidad política”, escribió el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, en nombre de la mayoría. “Los redactores de la Decimocuarta Enmienda extendieron esa promesa a ‘toda persona nacida libre en esta tierra’. Hoy cumplimos esa promesa”.
La corte reconoce desde hace tiempo algunas excepciones a la regla y volvió a hacerlo en su trascendental decisión de este verano. Sin embargo, esas excepciones se limitan a los hijos de diplomáticos y de “enemigos” nacidos durante una “ocupación hostil”.
Interpretación
Aun así, varios integrantes del sector conservador de la corte afirmaron entonces que la decisión del 30 de junio permitiría el tipo de turismo de parto que preocupaba a Trump.
“La corte ha reinterpretado la Decimocuarta Enmienda para proteger un conjunto de derechos de su preferencia que el Congreso de la Reconstrucción nunca contempló y que no encuentra respaldo en el texto”, escribió el juez Clarence Thomas en su voto disidente. “Hoy, la corte vuelve a hacerlo al reconocer un derecho constitucional a la ciudadanía para los hijos de todas las personas extranjeras que practican el turismo de parto y de los inmigrantes indocumentados”.
Solo otro integrante de la corte, el juez Neil Gorsuch, se sumó a esa opinión.
“Según la interpretación que hoy hace la corte, la Decimocuarta Enmienda concede la ciudadanía a prácticamente toda persona que nazca en este país, incluidos los hijos de las ‘turistas de parto’, mujeres que vienen aquí exclusivamente para dar a luz y luego regresan de inmediato a sus países”, escribió el juez Samuel Alito en un voto disidente individual.
ACN/MAS/CNN
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