Internacional
Organismos internacionales exigen protección para presos políticos en Venezuela
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Amnistía Internacional, Human Rights Watch (HRW) y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) emitieron pronunciamientos exigiendo al Gobierno venezolano garantizar la vida, salud e integridad física de los presos políticos.
Las denuncias, respaldadas por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) y familiares de los detenidos, alertan sobre detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, condiciones inhumanas de reclusión y violaciones al debido proceso.
El informe de la CIDH del 11 de abril condenó la incomunicación de al menos 903 presos políticos y exigió su liberación inmediata.
Amnistía Internacional denunció la tortura y desaparición forzada de detenidos, calificando estas prácticas como crímenes de lesa humanidad.
HRW, en su informe “Castigados por buscar un cambio”, documentó asesinatos, detenciones arbitrarias y condiciones carcelarias deplorables tras las elecciones de 2024.
La OMCT respaldó denuncias de familiares de 11 presos políticos, quienes alertaron sobre aislamiento extremo y falta de atención médica.
La organización instó a la comunidad internacional a exigir medidas urgentes para garantizar los derechos de los detenidos.
Los casos expuestos incluyen a Freddy Superlano, Perkins Rocha, Alfredo Díaz, Biagio Pilieri y su hijo Jesús Alfredo Pilieri Vasile, Luis Somoza, Américo de Grazia, Rafael Ramírez, Pedro Guanipa, Jesús Armas y Josnars Adolfo Baduel Oyoque.
La mayoría se encuentran recluidos en el SEBIN El Helicoide sin contacto con sus familiares desde hace meses y sin acceso a abogados de confianza.
Según el comunicado, desde las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, se ha intensificado la represión con un patrón sistemático de detenciones arbitrarias, muchas de ellas llevadas a cabo por agentes encapuchados o sin identificación, y sin orden judicial.
El Estado venezolano ha reconocido más de 2.300 detenciones en este período, aunque organizaciones defensoras de derechos humanos alertan que el número podría ser mayor.
Con información de nota de prensa
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