Internacional
Organismos internacionales exigen protección para presos políticos en Venezuela

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Amnistía Internacional, Human Rights Watch (HRW) y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) emitieron pronunciamientos exigiendo al Gobierno venezolano garantizar la vida, salud e integridad física de los presos políticos.
Las denuncias, respaldadas por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) y familiares de los detenidos, alertan sobre detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, condiciones inhumanas de reclusión y violaciones al debido proceso.
El informe de la CIDH del 11 de abril condenó la incomunicación de al menos 903 presos políticos y exigió su liberación inmediata.
Amnistía Internacional denunció la tortura y desaparición forzada de detenidos, calificando estas prácticas como crímenes de lesa humanidad.
HRW, en su informe “Castigados por buscar un cambio”, documentó asesinatos, detenciones arbitrarias y condiciones carcelarias deplorables tras las elecciones de 2024.
La OMCT respaldó denuncias de familiares de 11 presos políticos, quienes alertaron sobre aislamiento extremo y falta de atención médica.
La organización instó a la comunidad internacional a exigir medidas urgentes para garantizar los derechos de los detenidos.
Los casos expuestos incluyen a Freddy Superlano, Perkins Rocha, Alfredo Díaz, Biagio Pilieri y su hijo Jesús Alfredo Pilieri Vasile, Luis Somoza, Américo de Grazia, Rafael Ramírez, Pedro Guanipa, Jesús Armas y Josnars Adolfo Baduel Oyoque.
La mayoría se encuentran recluidos en el SEBIN El Helicoide sin contacto con sus familiares desde hace meses y sin acceso a abogados de confianza.
Según el comunicado, desde las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, se ha intensificado la represión con un patrón sistemático de detenciones arbitrarias, muchas de ellas llevadas a cabo por agentes encapuchados o sin identificación, y sin orden judicial.
El Estado venezolano ha reconocido más de 2.300 detenciones en este período, aunque organizaciones defensoras de derechos humanos alertan que el número podría ser mayor.
Con información de nota de prensa
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Internacional
Casa Blanca critica a tribunal por fallo sobre aranceles

La Casa Blanca critica a tribunal por fallo de un panel de jueces ayer miércoles 28 de mayo que bloqueó los aranceles globales del presidente de EE.UU. Donald Trump, y este jueves dijo que la decisión representaba un abuso del poder judicial y que los tribunales “no deberían tener ningún papel aquí”.
La secretaria de prensa Karoline Leavitt defendió la imposición de aranceles por parte de Trump bajo una emergencia nacional, diciendo que el asunto ya había sido “resuelto por el Congreso”.
“Estos jueces no reconocieron que el presidente de Estados Unidos tiene poderes clave en asuntos exteriores y autoridad otorgada por el Congreso para proteger la economía y la seguridad nacional. El Congreso creó la Ley de Emergencia Nacional para proporcionar el marco congresional para anular el uso indebido de la IEEPA y cualquier duda sobre si el presidente Trump impuso indebidamente estos aranceles de la IEEPA ya había sido resuelta en el Congreso”, dijo. (IEEPA son las siglas en inglés de Ley de Poderes Económicos Internacionales de Emergencia).
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Casa Blanca critica a tribunal…
“Tras el Día de la Liberación, el Congreso rechazó firmemente un intento liderado por el senador Rand Paul y los demócratas para terminar con los aranceles recíprocos del presidente. Los tribunales no deberían tener ningún papel aquí”, agregó Leavitt.
Luego recurrió a una táctica familiar de Trump de atacar a los jueces federales, a quienes describió como “jueces activistas” y dijo que el panel de tres jueces, que incluye a uno nombrado por Trump en su primer mandato, “están amenazando con socavar la credibilidad de Estados Unidos en el escenario mundial”.
Leavitt arremetió contra lo que consideró un intento de “abusar descaradamente de su poder judicial para usurpar la autoridad de Trump”.
Apelación podría llegar Corte Suprema
El proceso de apelación podría llegar eventualmente hasta la Corte Suprema, pero si eso no ocurre, hay una ventana de 10 días naturales para que el Gobierno retire los aranceles en cuestión durante la apelación.
Leavitt instó a la Corte Suprema a “poner fin a esto por el bien de nuestra Constitución y nuestro país”, y luego señaló que la administración planea cumplir con las órdenes del tribunal pero tiene la intención de “ganar sobre el fondo de estos casos”.
ACN/MAS/CNN
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