Internacional
ONG pide a España interceder por cubano detenido por sedición
La ONG Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) ha enviado al Gobierno de España un informe jurídico sobre la situación del preso Mario Josué Prieto Ricardo, con doble ciudadanía cubana y española, detenido durante las manifestaciones de julio de 2021 y condenado a 12 años de cárcel por el delito de sedición.
La ONG pide al Gobierno español que interceda por el recluso e insiste en la urgencia del caso de Prieto, al que considera “preso político” y advierte que “no hacer nada es la peor opción. La presión de España podría ser determinante para obtener la liberación de Mario Josué Prieto Ricardo”, concluye la ONG en una nota de prensa.
Considera el Observatorio cubano que, analizando la sentencia, no queda probado el delito de sedición, además de denunciar la falta de garantías en el juicio y el “manejo político” del caso, además de que tampoco se tuvieron en cuenta las circunstancias personales y de salud del condenado.
Según el dictamen jurídico remitido al Gobierno español, “se aprecia notablemente que el caso, como otros similares, está ceñido a los dictados del Partido Comunista y su policía política, entrometidos en la actividad judicial”.
ONG: hay errores en caso de cubano detenido en España
Según el OCDH, “si bien el régimen cubano aplica el principio de ciudadanía efectiva, eso no impide que las autoridades españolas intervengan”.
Para esta ONG, constituida en España en 2009, “en este caso, se han cometido errores jurídicos evidentes y se trata de una situación grave y humanitaria, con peligro para la vida del ciudadano español”, ya que lo definen como un paciente psiquiátrico y ha padecido dos intentos de suicidio.
El dictamen enviado al Gobierno español también ha sido remitido a la ONU, así como al Tribunal Supremo Popular de Cuba.
ACN / EFE
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Internacional
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra, pide justicia española
La justicia española solicitó un informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra desde 2017, año en el que ingresaron al capital de la compañía personas de origen venezolano, cuando se dieron cambios en la estructura accionarial de la aerolínea.
La solicitud la realizó la Fiscalía en el marco de la investigación que sigue la Audiencia Nacional sobre la aerolínea, relacionada con el préstamo estatal de 53 millones de euros concedido para su rescate durante la pandemia y con una presunta trama de tráfico de influencias.
La fiscala del caso, Elena Lorente, pidió analizar el “eventual impacto” que tuvo la entrada del capital venezolano en la consideración de Plus Ultra cuando la empresa solicitó las ayudas públicas en 2021.
De acuerdo con el escrito, al que tuvo acceso EFE, la aerolínea fue constituida en 2011 por Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque, pero posteriormente experimentó varios cambios accionariales, “particularmente significativos” a partir de 2017, cuando personas de origen venezolano ingresaron en su capital social y órganos de gestión.
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra
La Fiscalía pretende determinar el alcance de esas modificaciones y su posible relación con las circunstancias que rodearon la solicitud y concesión del rescate estatal.
El ingreso del capital venezolano se habría concretado mediante distintas escrituras públicas, cuyo contenido ya lo mencionaron en un informe elaborado en 2025 por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
La investigación también alcanzó a los principales accionistas de la compañía. En diciembre de 2025, Julio Martínez Sola y Roselli los detuvieron la UDEF y posteriormente quedaron en libertad. La semana pasada, Martínez Sola dimitió como presidente de Plus Ultra.
Salpica a Rodríguez Zapatero
El caso también salpica al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien está siendo investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.
Rodríguez Zapatero negó ante el juez, el pasado 17 de junio, haber ejercido influencia para favorecer a Plus Ultra en la concesión del préstamo público y rechazó haber mantenido comunicaciones con personas vinculadas a la aerolínea.
La conexión con Venezuela constituye uno de los elementos centrales de la investigación. Según la querella de la Fiscalía, Plus Ultra aparece como “firmante y beneficiaria” de presuntos contratos de préstamo con tres sociedades que estarían vinculadas al blanqueo de dinero procedente de una supuesta malversación de fondos de funcionarios venezolanos.
Ahora, la Justicia española busca determinar con mayor precisión cómo se produjo la entrada del capital venezolano en Plus Ultra y si esos movimientos tuvieron alguna incidencia en la solicitud y posterior concesión de los fondos públicos.
ACN/MAS/Agencias
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