Internacional
Presidente de Nicaragua aprobó decreto para controlar contenido en redes sociales
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, decidió aprobar un decreto, que establece controlar el contenido que se publica a través de las redes sociales.
Así lo informó este martes, una fuente oficial, quien explicó que se trata de una estrategia nacional de ciberseguridad; donde planean persiguer los crímenes provenientes de «gobiernos hostiles y grupos terroristas».
De hecho, parte del decreto reza que «la Estrategia Nacional de Ciberseguridad fija las directrices y líneas generales; de acciones para hacer frente al desafío que representa para el país la vulnerabilidad del ciberespacio».
El texto publicado en el diario oficial La Gaceta, fue criticado por la oposición al gobierno de Daniel Ortega; la cual consideró una forma de censurar a la prensa y las redes sociales.
Ahora Nicaragua tiene un decreto para controlar las redes sociales
Respecto al decreto donde se quiere controlar las redes sociales en Nicaragua, según el gobierno se busca; «garantizar el uso soberano, seguro y confiable del ciberespacio en pro de la estabilidad del país».
Asimismo, la administración de Ortega asegura que las amenazas «pueden provenir de numerosas fuentes; incluidos gobiernos hostiles, grupos terroristas, empleados descontentos e intrusos maliciosos».
Con esta nueva normativa, que se emanó como parte de varias iniciativas impulsadas por el gobierno y sus diputados; en el fondo son para «controlar las redes sociales y a la prensa independiente, bajo amenaza de cárcel», se lee en El Economista.
Por su parte, el exdiputado opositor y exvicecanciller José Pallais, emitió su opinión al respecto a la agencia AFP. «Es obvio que hay con estas iniciativas la intención de censurar a los ciudadanos en las redes sociales; y a los medios de prensa bajo la amenaza de cárcel y confiscación de los medios con los cuales se comunican, se conectan».
Junto al decreto para controlar las redes sociales en Nicaragua, los diputados oficialistas desde el Congreso; promovieron que la pena sea entre dos y 10 años de prisión para el ciberdelito. Sin embargo, el castigo puede aumentar un tercio de los anunciado si existen otros agravantes.
De igual manera,Pallais enfatizó que «éstos proyectos tienen el ánimo de ir fortaleciendo la capacidad represiva; del gobierno de Ortega y avanzar en el diseño de su régimen totalitario, porque sienten que no gozan del apoyo de la población».
Con información: ACN/El Economista/AFP/La Gaceta/Foto: El Colombiano
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Internacional
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra, pide justicia española
La justicia española solicitó un informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra desde 2017, año en el que ingresaron al capital de la compañía personas de origen venezolano, cuando se dieron cambios en la estructura accionarial de la aerolínea.
La solicitud la realizó la Fiscalía en el marco de la investigación que sigue la Audiencia Nacional sobre la aerolínea, relacionada con el préstamo estatal de 53 millones de euros concedido para su rescate durante la pandemia y con una presunta trama de tráfico de influencias.
La fiscala del caso, Elena Lorente, pidió analizar el “eventual impacto” que tuvo la entrada del capital venezolano en la consideración de Plus Ultra cuando la empresa solicitó las ayudas públicas en 2021.
De acuerdo con el escrito, al que tuvo acceso EFE, la aerolínea fue constituida en 2011 por Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque, pero posteriormente experimentó varios cambios accionariales, “particularmente significativos” a partir de 2017, cuando personas de origen venezolano ingresaron en su capital social y órganos de gestión.
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra
La Fiscalía pretende determinar el alcance de esas modificaciones y su posible relación con las circunstancias que rodearon la solicitud y concesión del rescate estatal.
El ingreso del capital venezolano se habría concretado mediante distintas escrituras públicas, cuyo contenido ya lo mencionaron en un informe elaborado en 2025 por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
La investigación también alcanzó a los principales accionistas de la compañía. En diciembre de 2025, Julio Martínez Sola y Roselli los detuvieron la UDEF y posteriormente quedaron en libertad. La semana pasada, Martínez Sola dimitió como presidente de Plus Ultra.
Salpica a Rodríguez Zapatero
El caso también salpica al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien está siendo investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.
Rodríguez Zapatero negó ante el juez, el pasado 17 de junio, haber ejercido influencia para favorecer a Plus Ultra en la concesión del préstamo público y rechazó haber mantenido comunicaciones con personas vinculadas a la aerolínea.
La conexión con Venezuela constituye uno de los elementos centrales de la investigación. Según la querella de la Fiscalía, Plus Ultra aparece como “firmante y beneficiaria” de presuntos contratos de préstamo con tres sociedades que estarían vinculadas al blanqueo de dinero procedente de una supuesta malversación de fondos de funcionarios venezolanos.
Ahora, la Justicia española busca determinar con mayor precisión cómo se produjo la entrada del capital venezolano en Plus Ultra y si esos movimientos tuvieron alguna incidencia en la solicitud y posterior concesión de los fondos públicos.
ACN/MAS/Agencias
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