El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, decidió aprobar un decreto, que establece controlar el contenido que se publica a través de las redes sociales.

Así lo informó este martes, una fuente oficial, quien explicó que se trata de una estrategia nacional de ciberseguridad; donde planean persiguer los crímenes provenientes de «gobiernos hostiles y grupos terroristas».

De hecho, parte del decreto reza que «la Estrategia Nacional de Ciberseguridad fija las directrices y líneas generales; de acciones para hacer frente al desafío que representa para el país la vulnerabilidad del ciberespacio».

El texto publicado en el diario oficial La Gaceta, fue criticado por la oposición al gobierno de Daniel Ortega; la cual consideró una forma de censurar a la prensa y las redes sociales.

Ahora Nicaragua tiene un decreto para controlar las redes sociales

Respecto al decreto donde se quiere controlar las redes sociales en Nicaragua, según el gobierno se busca; «garantizar el uso soberano, seguro y confiable del ciberespacio en pro de la estabilidad del país».

Asimismo, la administración de Ortega asegura que las amenazas «pueden provenir de numerosas fuentes; incluidos gobiernos hostiles, grupos terroristas, empleados descontentos e intrusos maliciosos».

Con esta nueva normativa, que se emanó como parte de varias iniciativas impulsadas por el gobierno y sus diputados; en el fondo son para «controlar las redes sociales y a la prensa independiente, bajo amenaza de cárcel», se lee en El Economista.

Por su parte, el exdiputado opositor y exvicecanciller José Pallais, emitió su opinión al respecto a la agencia AFP. «Es obvio que hay con estas iniciativas la intención de censurar a los ciudadanos en las redes sociales; y a los medios de prensa bajo la amenaza de cárcel y confiscación de los medios con los cuales se comunican, se conectan».

Junto al decreto para controlar las redes sociales en Nicaragua, los diputados oficialistas desde el Congreso; promovieron que la pena sea entre dos y 10 años de prisión para el ciberdelito. Sin embargo, el castigo puede aumentar un tercio de los anunciado si existen otros agravantes.

De igual manera,Pallais enfatizó que «éstos proyectos tienen el ánimo de ir fortaleciendo la capacidad represiva; del gobierno de Ortega y avanzar en el diseño de su régimen totalitario, porque sienten que no gozan del apoyo de la población».

Con información: ACN/El Economista/AFP/La Gaceta/Foto: El Colombiano

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