Internacional
Miedo y sed de justicia persisten en migrantes en México a mes del incendio
Miedo y sed de justicia persisten en migrantes en México, al cumplirse un mes del incendio que mató a 40 migrantes en un centro del Gobierno en la fronteriza Ciudad Juárez, el miedo y el reclamo de justicia permanecen entre los extranjeros varados en el límite con Estados Unidos.
Decenas de indocumentados mantienen en Juárez un campamento para exigir justicia frente al Instituto Nacional de Migración (INM), cuyo director, Francisco Garduño, permanece en el cargo y con su imputación pendiente aunque la Fiscalía General de la República (FGR) lo acusó de manera formal de negligencia.
“Aquí no nos escuchan, hay muchos rumores de que podemos cruzar a Estados Unidos, pero son trampas para repartirnos en diferentes ciudades. Nuestros hermanos murieron aquí por un sueño, por una ilusión», declaró a EFE la joven venezolana Ana Pavón.
Miedo y sed de justicia persisten en migrantes en México…
Desde el incendio del 27 de marzo en una estación del INM, el escrutinio internacional sobre el rol del Gobierno mexicano ha crecido tras la muerte de 6 hondureños, 7 salvadoreños, 19 guatemaltecos, 7 venezolanos y un colombiano, lo que El Salvador considera un «crimen de Estado».
La tragedia también exhibe la crisis en la frontera desde que Estados Unidos anunció en enero pasado la deportación inmediata de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos que lleguen por tierra sin solicitar de manera formal asilo mediante la aplicación «CBP One».
No se consigue cita con autoridades estadounidenses
Pavón denunció que no funciona la aplicación para conseguir una cita con las autoridades estadounidenses y arreglar su situación migratoria.
«Tenemos amigos que vienen huyendo, se encuentran en la selva, vienen más de 5.000 y vienen para acá, para Juárez», avisó.
Su padre, José Ángel Pavón, denunció la precariedad de los migrantes varados en México.
«Seguimos en solidaridad con las familias que perdieron un ser querido en esta tragedia. Sentimos temor por nuestras vidas y familias, estamos en situación de vulnerabilidad», expresó a EFE.
Protesta pacífica pide pronunciamiento
Comentó que el campamento fuera del INM es una protesta pacífica con la que piden un pronunciamiento del Gobierno de México, que ha mantenido a Garduño en el cargo aunque el próximo domingo se define si lo imputan por su presunta responsabilidad penal.
«Mientras más días transcurran, más inseguridad. Somos víctimas de los Gobiernos arrogantes y somos vulnerables de cualquier situación y son ellos quienes pueden resolver el problema y que tengamos un trabajo digno y cambien la pesadilla que vivimos por tanto tiempo», abundó Pavón.
México promete justicia
El secretario de Gobernación de México, Adán Augusto López, argumentó este jueves que desconoce las carpetas de investigación sobre la tragedia porque la FGR es autónoma, pero ha prometido justicia y reparación del daño, como pidió esta semana la Embajada de Guatemala en el país.
«Confiamos en que la FGR haga su trabajo, como siempre, con profesionalismo, que deslinde responsabilidades y, en todo caso, que pida la judicialización de quien o quienes resulten ser responsables de los hechos. Sí le digo que nuestra posición es que no haya impunidad para nadie”, indicó.
Además de Garduño, funcionarios del INM están acusados, como el jefe de la institución en Chihuahua, el contraalmirante Salvador González Guerrero, o el director de Control y Verificación Migratoria, Antonio Molina.
También aguardan en la cárcel dos cargos intermedios y tres agentes de la estación migratoria de Ciudad Juárez; un guardia de la empresa Grupo de Seguridad Privada Camsa, que operaba en la estación migratoria; y el migrante que supuestamente inició el incendio.

Entre tristeza y esperanza de cruzar
En tanto, los extranjeros varados en Juárez se debaten entre la tristeza y la esperanza de cruzar a Estados Unidos.
«Me siento triste, a pesar de todo lo que pasó le pido a Dios que nos ayude, pedimos a las autoridades de Estados Unidos que se pongan las manos en el corazón porque somos humanos todos, que vean cómo dormimos en las vías. Necesitamos solución», expresó el venezolano Jesús Aular.
Según organizaciones civiles mexicanas, 2022 fue el año más trágico para los migrantes en México, pues unos 900 murieron en el intento de cruzar sin documentos desde el país hacia Estados Unidos.
«Hay muchas gentes profesionales, pedimos que nos den permiso para poder trabajar. Yo sé que Dios le va a tocar las manos en el corazón a los presidentes de México y de Estados Unidos para seguir avanzando», concluyó Aular.
Reparación de daños
Ayer miércoles 26 de abril, el secretario de Gobernación de México, Adán Augusto López, aseguró que se garantizará la reparación del daño a las familias de los 40 migrantes que murieron en un incendio y a quienes resultaron heridos hace un mes en una estación migratoria de Ciudad Juárez, ante la petición del Gobierno de Guatemala.
“La instrucción que tenemos y que hemos venido haciendo a través de la subsecretaría de Derechos Humanos y de la Comisión de Atención a Víctimas, de la CEAV, es entablar comunicación con las familias, con los deudos, en el caso de los que fallecieron, y con los heridos o con sus familiares cercanos y garantizarles en todo caso la reparación de los daños”, dijo el funcionario durante la rueda de prensa matutina.
ACN/MAS/EFE
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Internacional
Colombia da fin conversaciones con grupos armados, anunció De la Espriella
Colombia da fin conversaciones con grupos armados, anunció este domingo el presidente Abelardo de la Espriella este domingo 30 de agosto.
Las conversaciones con los grupos armados ilegales iniciadas por Gustavo Petro, la revocó el mandatario, además los nombramientos de representantes gubernamentales en los diálogos de la «paz total».
La decisión se encuentra detallada en diversas resoluciones expedidas el viernes por la noche y dadas a conocer ayer sábado. Las medidas afectan los procesos con agrupaciones con las que Petro inició «espacios de conversación socio jurídica» que, según el nuevo Ejecutivo, no prosperaron.
Tras puntualizar «que es potestad constitucional del presidente de la República decidir cómo, cuándo y con quiénes puede llevar a cabo acercamientos y conversaciones de paz», el gobierno de De la Espriella emitió los documentos legales para extinguir las mesas de diálogo por «ausencia de voluntad de paz», publicó la agencia de noticias EFE.
Colombia da fin conversaciones con grupos armados
Entre las organizaciones afectadas se encuentran el Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio comandante Gentil Duarte, comandante Jorge Suárez Briceño y Frente Raúl Reyes (EMBF); la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN), que actúan en territorio colombiano.
El EMBF formó parte del Estado Mayor Central (EMC), principal disidencia de la antigua guerrilla de las FARC, de la cual se separó en 2024 ante la negativa de esa estructura de continuar las negociaciones con la administración de Petro.
Por su parte, la CNEB surgió tras una escisión de la denominada Segunda Marquetalia debido a divisiones internas. Este grupo está conformado por la Coordinadora Guerrillera del Pacífico (CGP) y los Comandos de Frontera (CDF), con presencia en diversas regiones de Colombia.
«No obstante haberse instalado la Mesa de Diálogos de Paz, se han presentado diversos acontecimientos que han debilitado los diálogos del gobierno nacional con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano» señala una de las resoluciones. El texto añade que no ha sido posible evidenciar una voluntad real de reinserción a la vida civil.
Autorizaciones revocadas
En concordancia con estas disposiciones, la Presidencia también dejó sin efecto las credenciales de los negociadores gubernamentales ante las organizaciones ilegales. Asimismo, se retiró el reconocimiento otorgado a los delegados de dichos grupos para participar en las conversaciones de paz.
Armando Novoa, quien ejercía como jefe negociador del gobierno en los diálogos con la CNEB, calificó la medida como un acto innecesario. Explicó que el 6 de agosto, un día antes de la toma de posesión de De la Espriella, los representantes de la delegación presentaron su renuncia irrevocable.
La política de paz total, bandera del gobierno anterior, naufragó tras el fracaso de los acercamientos con grupos como la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el EMC. Dichos procesos fueron suspendidos por el propio Petro alegando falta de compromiso de los insurgentes.
Sin ofertas generosas
Aquella propuesta incluía también negociaciones con otras disidencias de las FARC y planes de sometimiento a la justicia para bandas de criminalidad organizada como el Clan del Golfo. No obstante, los resultados fueron escasos durante el pasado mandato presidencial.
Antes de asumir la jefatura del Estado, De la Espriella enfatizó que en su gestión no habrá ofertas generosas ni concesiones inaceptables. Durante su discurso de investidura, el mandatario subrayó que «la opción del diálogo está completamente agotada» con las organizaciones armadas ilegales de Colombia.
ACN/MAS/El Nacional
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