La presidenta de Primero Justicia, María Beatriz Martínez, denunció que “quienes detentan el poder hoy son los únicos responsables de las terribles consecuencias dejadas por los terremotos del 24 de junio”.

Aseguró que las autoridades carecen de capacidad de respuesta debido al desmantelamiento del equipamiento físico y tecnológico de rescate por corrupción.

Martínez recordó que desde la tragedia de Vargas en 1999 los equipos de rescate trabajan “con las uñas” y subrayó la vulnerabilidad de los ciudadanos en las zonas afectadas, donde las réplicas mantienen en alerta a la población.

La dirigente detalló que Bomberos y Protección Civil no cuentan con herramientas básicas para enfrentar un desastre de esta magnitud, lo que atribuyó a la ausencia de políticas públicas de prevención y simulacros de formación ciudadana.

Solidaridad vecinal frente a la ausencia del Estado

La presidenta de Primero Justicia Táchira, Karim Vera, destacó la acción inmediata de la ciudadanía frente al colapso institucional. “Durante los dos primeros días de la tragedia fueron los propios venezolanos quienes con sus manos y sin protección alguna se abocaron a rescatar a sus familiares y vecinos debajo de las ruinas”, relató.

Vera cuestionó la inacción gubernamental en las horas más críticas y señaló que en La Guaira fueron los vecinos quienes removieron escombros sin equipos ni preparación técnica, arriesgando sus vidas para salvar otras. También denunció el colapso de infraestructuras civiles construidas en zonas de alto riesgo sin cumplir normas antisísmicas.

Trabas migratorias y prioridades distorsionadas

Martínez calificó de inaceptable la burocracia civil y militar en medio de la crisis, denunciando que bomberos de Medellín fueron retenidos por cinco horas en el aeropuerto esperando autorización de ingreso. “Cada minuto que pasa es una vida”, lamentó.

Por su parte, Edinson Ferrer, vicepresidente nacional de Organización de PJ, contrastó la movilización de recursos en años anteriores con la falta de coordinación actual.

Señaló que mientras se desplegaron cuerpos de seguridad para amedrentar, hoy no se organizan operativos para ayudar en La Guaira y se prohíbe la entrada de voluntarios sin permiso oficial.

Finalmente, Martínez y Vera advirtieron que, una vez superada la urgencia de salvar vidas, será necesario exigir responsabilidades políticas y legales. “Donde falta gobierno, sobra el pueblo”, concluyeron.

Nota de prensa