Internacional
Congreso salvadoreño aprobó polémica Ley de Agentes Extranjeros
La Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada por el oficialista Nuevas Ideas (NI), del presidente Nayib Bukele, aprobó ayer martes 20 de mayo la Ley de Agentes Extranjeros, que establece un impuesto del 30 % a las donaciones de organizaciones no gubernamentales.
La normativa con 25 artículos la aprobaron con los votos de 57 diputados de 60 en el Congreso, sin el apoyo de la oposición y ante el rechazo de organizaciones nacionales y extranjeras que señalan que es «una herramienta para estigmatizar, controlar y silenciar a la sociedad civil».
La ley fue propuesta e impulsada por el presidente Nayib Bukele y es similar a una promovida por su Gobierno en 2021 pero en esa ocasión se contemplaba un impuesto del 40 %.
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Ley de Agentes Extranjeros
La ley prohíbe que las oenegés «reciban o utilicen donaciones u otros mecanismos de financiamiento para la realización de actividades no declaradas previamente», «cambiar el propósito declarado por el cual recibieron los fondos sin aviso previo» y «recibir donaciones o bienes materiales de cualquier tipo procedentes de fuentes o personas anónimas».
Además, establece multas de entre 10.000 a 200.000 dólares por violar algunas de las prohibiciones y un impuesto de un 30 % «a las transacciones financieras, desembolsos, transferencias, importación en especie o bienes materiales de cualquier tipo provenientes del mandate extranjero».
El artículo 20 de la normativa, que fue aprobada sin un análisis previo, indica que «el presidente podrá aprobar cuantos reglamentos de aplicación y desarrollo de la presente ley sean necesarios para el establecimiento de definiciones, cumplimiento de sus fines, atribuciones y competencias».
«Herramienta autoritaria»
La diputada opositora Claudia Ortiz, del partido Vamos, opinó que dicha ley «es una herramienta autoritaria para la censura y el debilitamiento del espacio cívico» y que «quedará a criterio ambiguo y arbitrario del Gobierno a quien se le impondrá el impuesto y a quien no».
«Es una ley que atenta contra la democracia, contra el Estado de derecho y contra el respeto a la libertad de asociación y de expresión», dijo la parlamentaria.
La organización Human Rights Watcha (HRW) señaló este martes en un comunicado que ha documentado que otros países, como Rusia y Nicaragua, «han utilizado leyes de ‘agentes extranjeros’ como herramientas para estigmatizar, controlar y silenciar a la sociedad civil y los medios de comunicación independientes».
«Estas leyes, que etiquetan como agentes de potencias extranjeras a las organizaciones que reciben financiamiento del exterior, imponen requisitos burocráticos onerosos, facilitan la injerencia estatal y pueden derivar en censura o cierre de organizaciones», alertó HRW.
ACN/MAS/AFP
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Internacional
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra, pide justicia española
La justicia española solicitó un informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra desde 2017, año en el que ingresaron al capital de la compañía personas de origen venezolano, cuando se dieron cambios en la estructura accionarial de la aerolínea.
La solicitud la realizó la Fiscalía en el marco de la investigación que sigue la Audiencia Nacional sobre la aerolínea, relacionada con el préstamo estatal de 53 millones de euros concedido para su rescate durante la pandemia y con una presunta trama de tráfico de influencias.
La fiscala del caso, Elena Lorente, pidió analizar el “eventual impacto” que tuvo la entrada del capital venezolano en la consideración de Plus Ultra cuando la empresa solicitó las ayudas públicas en 2021.
De acuerdo con el escrito, al que tuvo acceso EFE, la aerolínea fue constituida en 2011 por Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque, pero posteriormente experimentó varios cambios accionariales, “particularmente significativos” a partir de 2017, cuando personas de origen venezolano ingresaron en su capital social y órganos de gestión.
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra
La Fiscalía pretende determinar el alcance de esas modificaciones y su posible relación con las circunstancias que rodearon la solicitud y concesión del rescate estatal.
El ingreso del capital venezolano se habría concretado mediante distintas escrituras públicas, cuyo contenido ya lo mencionaron en un informe elaborado en 2025 por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
La investigación también alcanzó a los principales accionistas de la compañía. En diciembre de 2025, Julio Martínez Sola y Roselli los detuvieron la UDEF y posteriormente quedaron en libertad. La semana pasada, Martínez Sola dimitió como presidente de Plus Ultra.
Salpica a Rodríguez Zapatero
El caso también salpica al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien está siendo investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.
Rodríguez Zapatero negó ante el juez, el pasado 17 de junio, haber ejercido influencia para favorecer a Plus Ultra en la concesión del préstamo público y rechazó haber mantenido comunicaciones con personas vinculadas a la aerolínea.
La conexión con Venezuela constituye uno de los elementos centrales de la investigación. Según la querella de la Fiscalía, Plus Ultra aparece como “firmante y beneficiaria” de presuntos contratos de préstamo con tres sociedades que estarían vinculadas al blanqueo de dinero procedente de una supuesta malversación de fondos de funcionarios venezolanos.
Ahora, la Justicia española busca determinar con mayor precisión cómo se produjo la entrada del capital venezolano en Plus Ultra y si esos movimientos tuvieron alguna incidencia en la solicitud y posterior concesión de los fondos públicos.
ACN/MAS/Agencias
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