Internacional
La Kirchner será procesada otra vez por corrupción
El juez argentino Claudio Bonadio, dictó este lunes un nuevo procesamiento por corrupción contra la expresidenta Cristina Kirchner; quien no será arrestada en forma preventiva por tener fueros de senadora; informaron fuentes judiciales a AFP.
Así mismo; las fuentes de AFP indicaron que: “La exmandataria fue procesada este lunes en una causa por presuntos sobreprecios pagados en la importación de gas licuado”.
10 casos contra Cristina
La expresidenta de Argentina por ocho largos años; entre 2007 y 2015, se ha declarado siempre una perseguida política del juez Bonadio; quien la investiga en 10 causas, entre ellas una llamada “cuadernos de corrupción” en la que están implicados un centenar de exfuncionarios y empresarios.
Kirchner de 66 años; se encuentra en Cuba donde su hija, la cineasta Florencia Kirchner, recibe asistencia médica por una dolencia linfática. Antes de viajar dio aviso a la justicia, aunque no tiene impedimentos para salir del país.
Cristina aparece en las encuestas como la única opositora que puede darle batalla al presidente de centroderecha Mauricio Macri en su intento por ser reelegido el 27 de octubre en las elecciones generales nacionales.
El juicio oral contra La Kirchner, por supuesto fraude en la obra pública, de la provincia de la provincia de Santa Cruz (Patagonia, sur), comenzará el 21 de mayo de 2019.
ACN/AFP
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Internacional
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra, pide justicia española
La justicia española solicitó un informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra desde 2017, año en el que ingresaron al capital de la compañía personas de origen venezolano, cuando se dieron cambios en la estructura accionarial de la aerolínea.
La solicitud la realizó la Fiscalía en el marco de la investigación que sigue la Audiencia Nacional sobre la aerolínea, relacionada con el préstamo estatal de 53 millones de euros concedido para su rescate durante la pandemia y con una presunta trama de tráfico de influencias.
La fiscala del caso, Elena Lorente, pidió analizar el “eventual impacto” que tuvo la entrada del capital venezolano en la consideración de Plus Ultra cuando la empresa solicitó las ayudas públicas en 2021.
De acuerdo con el escrito, al que tuvo acceso EFE, la aerolínea fue constituida en 2011 por Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque, pero posteriormente experimentó varios cambios accionariales, “particularmente significativos” a partir de 2017, cuando personas de origen venezolano ingresaron en su capital social y órganos de gestión.
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra
La Fiscalía pretende determinar el alcance de esas modificaciones y su posible relación con las circunstancias que rodearon la solicitud y concesión del rescate estatal.
El ingreso del capital venezolano se habría concretado mediante distintas escrituras públicas, cuyo contenido ya lo mencionaron en un informe elaborado en 2025 por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
La investigación también alcanzó a los principales accionistas de la compañía. En diciembre de 2025, Julio Martínez Sola y Roselli los detuvieron la UDEF y posteriormente quedaron en libertad. La semana pasada, Martínez Sola dimitió como presidente de Plus Ultra.
Salpica a Rodríguez Zapatero
El caso también salpica al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien está siendo investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.
Rodríguez Zapatero negó ante el juez, el pasado 17 de junio, haber ejercido influencia para favorecer a Plus Ultra en la concesión del préstamo público y rechazó haber mantenido comunicaciones con personas vinculadas a la aerolínea.
La conexión con Venezuela constituye uno de los elementos centrales de la investigación. Según la querella de la Fiscalía, Plus Ultra aparece como “firmante y beneficiaria” de presuntos contratos de préstamo con tres sociedades que estarían vinculadas al blanqueo de dinero procedente de una supuesta malversación de fondos de funcionarios venezolanos.
Ahora, la Justicia española busca determinar con mayor precisión cómo se produjo la entrada del capital venezolano en Plus Ultra y si esos movimientos tuvieron alguna incidencia en la solicitud y posterior concesión de los fondos públicos.
ACN/MAS/Agencias
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