Durante meses, la administración de Trump se enfrascó en un intenso enfrentamiento con el poder judicial federal por órdenes judiciales que exigen al gobierno “facilitar” el regreso de Ábrego García desde El Salvador, donde lo deportaron por error a mediados de marzo, en una situación que una jueza federal advirtió podría representar una “crisis incipiente” entre ambos poderes.

Ábrego García ha sido acusado formalmente de dos delitos en el Distrito Medio de Tennessee: conspiración para transportar ilegalmente a inmigrantes indocumentados con fines de lucro y transporte ilegal de inmigrantes indocumentados con fines de lucro.

La acusación formal, revelada este viernes por la tarde, señala que Ábrego García y otros llevaron a Estados Unidos en los últimos años a miles de inmigrantes indocumentados de varios países de Centroamérica, “muchos de los cuales eran miembros y asociados de la MS-13”.

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Kilmar Ábrego García regresa a EEUU

La postura y los argumentos legales de la administración en el caso han frustrado tanto a jueces conservadores como liberales, quienes han expresado alarma por el aparente desprecio de los funcionarios hacia los derechos al debido proceso, dada su respuesta despreocupada a la deportación, que varios abogados del Gobierno describieron como un “error administrativo” que no podían corregir.

En abril, por ejemplo, Bondi dijo que Ábrego García “no va a regresar a nuestro país”.

“El presidente Bukele dijo que no lo iba a devolver. Ahí termina la historia. Si él quisiera enviarlo de regreso, le daríamos un vuelo de regreso”, afirmó.

Sin embargo, el inminente regreso de Ábrego García está lejos de garantizar que permanecerá en EE.UU. a largo plazo. La decisión de la administración de deportarlo a la megacárcel Cecot en El Salvador violó una orden judicial de 2019 que prohibía su deportación a su país de origen por temor a que enfrentara violencia de pandillas. No obstante, ese mandato no impedía que el Gobierno lo enviara a un tercer país.

Las autoridades han dicho previamente que, si regresa a EE.UU., podrían deportarlo a otro país o intentar anular la orden de 2019. La administración ha alegado que Ábrego García es miembro de la pandilla MS-13, designada por el Gobierno como organización terrorista extranjera, aunque sus abogados han disputado esa afirmación.

ACN/MAS/CNN

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