Internacional
Pedro Castillo y entorno familiar acorralados por justicia peruana (+ vídeos)
Justicia peruana rechaza recurso de Pedro Castillo en caso de encubrimiento; por otro lado, la Fiscalía pide 36 meses de prisión preventiva a su cuñada; mientras que el mandatario afirmó que su esposa entregará pasaporte y colaborará con la justicia.
Un viernes 19 de agosto de mucho movimiento en Lima. El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de Perú declaró infundada la tutela de derechos planteada por el abogado del presidente peruano, Pedro Castillo, contra la investigación preliminar por presunto encubrimiento personal; uno de los seis casos abiertos en su contra.
Castillo es investigado por la Fiscalía de la Nación por presuntamente haber intentado interferir en la búsqueda y captura de su sobrino Fray Vásquez y el exministro Juan Silva; implicados en una supuesta red de corrupción, y actualmente prófugos de la justicia.
El abogado del mandatario, Benji Espinoza, se quejó de que la Fiscalía interrogara al exministro del Interior Mariano González; quien acusó a Castillo de esa interferencia en entrevistas a los medios de comunicación, antes de abrir la investigación preliminar contra el gobernante.
Justicia peruana rechaza recurso de Pedro Castillo
Justicia peruana rechaza recurso de Pedro Castillo. La sala precisó que el Ministerio Público (Fiscalía) sí puede realizar actuación o indagación previa para definir si abre o no una investigación preliminar o diligencias preliminares; pues así lo habilita la Constitución, el Código Procesal Penal y otras normas.
González fue cesado de su cargo en julio pasado; horas después de haber formado un equipo especial de la Policía para apoyar al Ministerio Público en la búsqueda de los prófugos.
Investigado por cinco casos
Castillo es investigado actualmente en cinco casos de presunta corrupción en los que está implicado su círculo más cercano; a nivel familiar y gubernamental, razón por la cual la oposición en el Congreso pide su renuncia y un adelanto de elecciones.
El sexto caso abierto por la Fiscalía trata de dilucidar si el mandatario cometió plagio en la elaboración de su tesis para optar a una maestría.
Fiscalía pide 36 meses de prisión preventiva a cuñada
Por su parte, la Fiscalía peruana solicitó en una audiencia que se dicten 36 meses de prisión preventiva para Yenifer Paredes, cuñada del presidente Pedro Castillo; investigada por un caso de presunta corrupción en la adjudicación de obras públicas en la región Cajamarca, donde nació el mandatario.
La Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior Nacional resolvió que la «detención se mantiene por mandato legal» contra Paredes; denunciada por los delitos de organización criminal, colusión agravada y lavado de activos, tras el vencimiento de un primer periodo de 10 días de prisión preliminar.
La misma medida fue dictada contra el alcalde del municipio de Anguía, José Medina Guerrero; investigado en el mismo caso.
Los magistrados debían resolver la apelación contra la detención preliminar; pero indicaron que ya no procedía resolver esa medida porque la Fiscalía presentó ese segundo pedido de prisión preventiva por 36 meses.
La Fiscalía confirma en audiencia que se está presentado el pedido de 36 meses de prisión preventiva contra Yenifer Paredes (hermana de Lilia Paredes) y José Nenil Medina (alcalde de Anguía) por caso de lavado de dinero en licitaciones de obras corruptas.#IzquierdaMiserable pic.twitter.com/G2FAn4wFc6
— Andre Carneiro (@Andrecaes) August 19, 2022
Remiten expediente
La sala indicó, en su cuenta de Twitter, que carece de objeto pronunciarse sobre el recurso de apelación a la detención preliminar contra Paredes y Medina por haberse presentado «la figura de sustracción de la materia»; una figura que se produce cuando desparecen los supuestos fácticos o jurídicos que sustentan una acción jurisdiccional o administrativa, lo que impide al juez pronunciarse sobre el mérito de lo solicitado.
En ese sentido, ordenó que se remita el expediente al juzgado de origen, el Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional.
El fiscal adjunto James Reátegui presentó en esta audiencia el pedido de prisión preventiva por 36 meses contra Paredes, Medina y los hermanos Hugo y Anggi Espino; representantes de la empresa JJM Espino Ingeniería & Construcción S.A.C., que en 2021 ganó una licitación con el Estado por más de 3,8 millones de soles (casi un millón de dólares).
Paredes, que fue criada como hija por el mandatario y su esposa Lilia Paredes, cumplía una detención preliminar que vence este sábado 20 de agosto; a raíz de la denuncia en su contra por supuestamente ofrecer una obra de saneamiento en Cajamarca.
Está confirmado: los hermanos Hugo y Anggi Espino Lucana se han acogido a la colaboración eficaz. Han declarado, entre otras cosas, que los S/ 70 mil depositados por los hermanos de Lilia Paredes fue por orden de ella, los Espino solo eran testaferros. Ya son 5 los delatores. pic.twitter.com/GwZz4ISAUi
— Carlos Paredes (@cparedesr) August 19, 2022
Vídeo que abrió proceso
La investigación fiscal se abrió después de que un reportaje periodístico difundió un video en el que la joven dialogaba con pobladores de una comunidad del distrito de Chota, en Cajamarca; para informarles que necesitaba censarlos para construir una obra de saneamiento, pese a no ocupar ningún cargo en el Ejecutivo.
Durante la audiencia, Paredes declaró a la sala que ha estado «mal de salud» por la covid-19 y recordó que, desde un inicio, ha estado colaborando con la justicia; al acudir a la fiscalía y al Congreso para esclarecer los señalamientos en su contra.
«Estoy presta a colaborar, pero se ha vencido el plazo (de la detención», expresó, tras lo cual la sala también dispuso que sea revisada por un médico.
A su vez, el alcalde de Anguía, la localidad presuntamente beneficiada en forma irregular; dijo allanarse a las investigaciones para «esclarecer las imputaciones» hechas contra su persona.
Peligro de fuga
El fiscal Reátegui dijo que, en el caso de Medina, «el peligro de fuga está totalmente acreditado»; detalló que algunos de los indicios del presunto delito de colusión agravada son las visitas que hizo al Palacio de Gobierno con un proveedor del Estado y la partida de 34 millones de soles (unos 8 millones de dólares) otorgada por el Ministerio de Vivienda.
Además, mencionó que Medina tiene un departamento alquilado en Lima; además de una cuenta de ahorros en una caja municipal con supuestos fondos irregulares.
Según la tesis fiscal, Castillo es supuestamente el «jefe» de este grupo, que tiene como cabecilla; siempre según dicha tesis, al actual ministro de Transportes y extitular de Vivienda, Geiner Alvarado.
Los «coordinadores», siempre según esa versión, son presuntamente la primera dama Lilia Paredes y el entorno familiar del presidente; mientras que Espino y la cuñada de Castillo son considerados «testaferros».
Esposa entregará pasaporte y colaborará con Justicia
El mandatario aseguró que su esposa, Lilia Paredes, va a entregar su pasaporte a la Justicia; responderá a las investigaciones que el Ministerio Público abrió contra ella y «van a demostrar todas estas arremetidas».
«Hoy, seguro se quieren montar una solicitud de impedimento de salida del país a mi esposa. Yo debo decirles que ella está dispuesta en las próximas horas a entregar su propio pasaporte para demostrar que ella no va a salir en ningún momento del país, y tiene que someterse, no solo a la Justicia, sino que demostrar su inocencia»; dijo Castillo en un acto con organizaciones de mujeres indígenas y campesinas en Palacio de Gobierno.
Señaló que se están dando arremetidas contra su propia familia; que van a demostrar los hechos porque no han venido «a robar un centavo a este país».
También indicó que las cuentas por las que se investiga a su familia y que quieren vincular con actos de corrupción fueron para pagar a una cooperativa «años atrás».
La primera dama tiene una investigación abierta por la Fiscalía de la Nación por un presunto plagio de la tesis que elaboró junto a Castillo para obtener el título de su maestría; también declaró en el Ministerio Público como testigo en el marco de un posible caso de corrupción que implica a su hermana menor, Yenifer Paredes.

Lilia Paredes, esposa del presidente Pedro Castillo.
Invita a Iglesia a «caminar juntos»
Pedro Castillo, invitó este viernes al Palacio de Gobierno al cardenal y vicepresidente de la Conferencia Episcopal del país andino, Pedro Barreto; para encontrar soluciones conjuntas y que la Iglesia y el Ejecutivo «caminen juntos».
«Saludo a la Iglesia (…) Desde acá hago un llamado a monseñor Barreto, que lo espero en palacio, y, si él tiene la buena voluntad, yo creo que él la tiene, le espero ahora en la tarde. Les hago un llamado a ellos, que vengan, nos sentemos y hablemos»; dijo Castillo a la prensa tras un acto institucional.
Castillo señaló que esta unión «no solamente pasa por una reunión», sino que desea que «caminen juntos»; para ver de qué manera encuentran «salidas políticas y respuestas concretas» a la crisis que vive el país.
#EnVivo| Pronunciamiento de la Conferencia Episcopal Peruana. ►https://t.co/cqkC2uLCIX pic.twitter.com/T1F2qrgQLe
— TVPerú Noticias (@noticias_tvperu) August 18, 2022
CEP se prenunció
La Conferencia Episcopal Peruana (CEP) exhortó el pasado jueves a las autoridades a buscar salidas para la crisis política que atraviesa el país.
«Es urgente buscar y construir canales efectivos de articulación y diálogo entre el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y la sociedad civil»; señalaron durante la lectura de un comunicado de la CEP, presidida por monseñor Miguel Cabrejos.
Tras una reunión en Lima por la 123° Asamblea Plenaria, subrayaron que Perú está viviendo «un momento de profunda crisis social y política que se manifiesta en una lucha interna entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, dañando gravemente la democracia y generando mayor división y conflicto»; indicó.
Esta situación, alertaron, «conduce a un grave enfrentamiento entre peruanos que puede llevar a niveles incontrolables de violencia».
Asimismo, los obispos fueron enfáticos al asegurar que esta crisis «engloba de manera directa a los actos de corrupción en las altas esferas de los poderes»; algo que, aseguraron, afecta «aspectos fundamentales» de la vida de los peruanos.
https://twitter.com/parapioggia/status/1559993980330336258
ACN/MAS/Agencias
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Internacional
Estados demandan a admnistración Trump para frenar norma que dificulta obtener green card (+ video)
Estados demandan a administración Trump. Nueva York y otros 21 estados están demandando a la administración Trump para bloquear una nueva norma del Departamento de Seguridad Nacional que otorgaría a los funcionarios de inmigración mayor discrecionalidad para denegar tarjetas de residencia (green cards), visas o la entrada a Estados Unidos, al determinar si los solicitantes podrían llegar a depender de ayudas gubernamentales.
El cambio en la norma, cuya entrada en vigor está prevista para el viernes, probablemente dificultaría que muchos inmigrantes obtengan la residencia permanente si utilizan —o se considera probable que necesiten— beneficios públicos como cupones de alimentos, Medicaid o vales de vivienda.
La fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, y el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani —quien lidera una coalición de ciudades que presenta una demanda similar—, anunciaron la acción legal durante una conferencia de prensa en el Ayuntamiento de Manhattan el lunes.
Estados demandan a administración Trump…
Estados demandan a administración Trump. “La norma permitiría a los agentes de inmigración considerar el uso de beneficios fundamentales como Medicaid y SNAP (el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria), e incluso la participación en programas de comidas escolares, como parte de la situación del solicitante”, dijo James. “Eso significa que los neoyorquinos inmigrantes podrían verse obligados a plantearse preguntas imposibles: ‘¿Afectará negativamente a mis posibilidades de obtener la residencia permanente el hecho de contratar un seguro médico? ¿Se utilizará en mi contra el haber aceptado ayuda alimentaria en momentos de dificultad?’”.
Los estados, cuya demanda también incluye al Distrito de Columbia, argumentan que perderían miles de millones de dólares en fondos federales si los inmigrantes —particularmente las familias de estatus migratorio mixto— se dan de baja de los programas por temor a consecuencias migratorias.
¿A qué se refiere?
La demanda se refiere a los cambios pendientes en lo que se conoce como la norma de “carga pública” (public charge), una disposición de la ley de inmigración de EE.UU. que permite al gobierno denegar una visa o tarjeta de residencia a alguien que, según determina, probablemente dependerá de la asistencia gubernamental.
Históricamente, los funcionarios de inmigración solo contabilizaban los beneficios en efectivo —como la Asistencia Temporal para Familias Necesitadas o el Ingreso de Seguridad Suplementario de la Seguridad Social— en sus evaluaciones. Sin embargo, el cambio pendiente de la administración Trump no especifica qué programas de red de seguridad deben considerarse, lo que significa que también podrían incluirse beneficios no monetarios como Medicaid y vales de vivienda.
“Las familias trabajadoras no deberían verse obligadas a prescindir del apoyo que necesitan por temor a que solicitar asistencia provoque su deportación”, afirmó James en un comunicado. “Esta norma se aprovecha de ese miedo y cuenta con que las familias renuncien a la asistencia alimentaria, la cobertura de atención médica y otros beneficios públicos a los que tienen derecho legalmente”.
La norma se centra en personas que ya tienen un estatus legal en EE.UU. Los inmigrantes indocumentados no son elegibles para recibir beneficios públicos.
Disuadir a inmigrantes de inscribirse en programas
La ampliación de la norma de carga pública forma parte de los esfuerzos más recientes del Gobierno de Trump para disuadir a los inmigrantes de inscribirse en programas de red de seguridad para los que ellos o sus hijos ciudadanos podrían ser elegibles.
El “gran y hermoso proyecto de ley” del Partido Republicano, que Trump promulgó en julio de 2025, limita la elegibilidad de los inmigrantes legales para Medicaid y los cupones de alimentos. Los refugiados, las personas con asilo concedido y las víctimas de violencia doméstica y trata de personas con fines sexuales ya no reúnen los requisitos para participar en los programas. Solo los titulares de la tarjeta de residencia permanente (green card) y ciertos otros inmigrantes pueden inscribirse.
Por lo general, los niños que son ciudadanos estadounidenses siguen siendo elegibles, aunque es posible que muchos padres decidan no solicitar los beneficios en su nombre para evitar interactuar con el gobierno federal.
Nueva norma es «arbitraria y caprichosa»
La demanda presentada por James en nombre de Nueva York sostiene que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) está excediendo su autoridad, ya que el Congreso no aprobó una interpretación más amplia de lo que significa ser una “carga pública”. El estado, junto con otros demandantes, también argumentará que la nueva norma es “arbitraria y caprichosa”, y que el DHS ignoró las consecuencias perjudiciales del cambio y no lo justificó adecuadamente.
Las demandas de los estados y de los gobiernos locales se presentaron el lunes por la mañana ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York. Ambas solicitan al tribunal que declare ilegal la norma y que impida al DHS aplicarla. Hasta primeras horas de la tarde del lunes, ninguna de las demandas tenía un juez asignado ni una audiencia programada.
“La crueldad es el objetivo (del cambio de norma)”, declaró James el lunes. “El objetivo es generar un efecto disuasorio entre los inmigrantes. Es hacer saber a las personas que no son bienvenidas aquí. El objetivo es la hostilidad hacia la inmigración”.
“El hecho de que se vayan a negar beneficios a personas enfermas, hambrientas y sin hogar es algo inaceptable. Y por eso estamos buscando anular esta norma en el estado de Nueva York”, afirmó.
CNN se ha puesto en contacto con el DHS para solicitar comentarios.
ACN/MAS/CNN
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