Internacional
Justicia de El Salvador falló en caso de tocamiento a una menor
El fallo judicial por el caso de tocamiento de partes íntimas a una menor en El Salvador; ha generado reacciones de rechazo en las calles de ese país.
El fallo, es argumentado en que el magistrado Eduardo Jaime Escalante no cometió delito; sino una falta al tocar los genitales de una niña de 10 años el 18 de febrero en Tonacatepeque.
Por ese caso, la Fiscalía General de El Salvador acusa a Escalante de agresión sexual; desde donde Raúl Melara fiscal general, reiteró este lunes en conferencia de prensa; que apelará la decisión de los magistrados.
Justicia de El Salvador no lo considera un delito
A través de un comunicado emitido el lunes, los magistrados de la Cámara de lo Penal señalaron; que «la tipificación del hecho como una falta y no un delito, se estableció a partir el análisis de las evidencias aportadas por la Fiscalía y los abogados».
De acuerdo a la interpretación de los magistrados de la Cámara, estas faltas las regula un artículo del Código Penal; el cual establece una multa por «tocamientos impúdicos» en lugares públicos.
En este sentido, el magistrado Escalante Díaz declaró a periodistas cuando fue notificado de la acusación el pasado 22 de marzo; que «me dieran el beneficio de la duda y califico como una canallada el señalamiento».
Ante este hecho cometido a una niña en El Salvador, mujeres de organizaciones feministas; protestaron este lunes frente al centro judicial «Isidro Menéndez» en San Salvador en rechazo al fallo de la Cámara Primera de lo Penal.
Reacciones ante el fallo judicial
Luego de esa decisión, varios sectores de ese país han manifestado su desacuerdo.
Es el caso del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien solicitó a la Corte Suprema de Justicia; investigar a los magistrados que emitieron el fallo.
Sin embargo, el caso según el fallo de la Cámara, debe continuar en un tribunal de paz.

Reacciones ante fallo judicial por el caso de tocamiento de partes íntimas a una niña de 10 años. Foto: Cortesía.
De igual manera, el fiscal Melara, indicó este miércoles por medios televisivos; que apelará la resolución en cuanto llegue al ministerio Público.
«Tocar a una niña o niño de manera sexual y atrevida; debe de ser penado de la manera más drástica», aseveró.
Por otro lado, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho y demás organizaciones internacionales; han exigido un debido proceso penal respetando lo establecido en la Constitución de El Salvador; y en la declaración universal de los derechos humanos.
En este contexto, miembros de la UNICEF han pedido, «que fortalezca sus recursos para investigar; y analizar los casos de violencia sexual contra la niñez».
Desde esta organización, Roberto Domínguez, especialista de Protección de Unicef explicó; que «se debe garantizar el acceso a la justicia y a los derechos frente a la violencia, en cualquiera de sus formas; y que las víctimas tengan acceso a los servicios sociales y de atención psicológica…».
ACN/CNN Español/EFE/Foto: Cortesía
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Internacional
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra, pide justicia española
La justicia española solicitó un informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra desde 2017, año en el que ingresaron al capital de la compañía personas de origen venezolano, cuando se dieron cambios en la estructura accionarial de la aerolínea.
La solicitud la realizó la Fiscalía en el marco de la investigación que sigue la Audiencia Nacional sobre la aerolínea, relacionada con el préstamo estatal de 53 millones de euros concedido para su rescate durante la pandemia y con una presunta trama de tráfico de influencias.
La fiscala del caso, Elena Lorente, pidió analizar el “eventual impacto” que tuvo la entrada del capital venezolano en la consideración de Plus Ultra cuando la empresa solicitó las ayudas públicas en 2021.
De acuerdo con el escrito, al que tuvo acceso EFE, la aerolínea fue constituida en 2011 por Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque, pero posteriormente experimentó varios cambios accionariales, “particularmente significativos” a partir de 2017, cuando personas de origen venezolano ingresaron en su capital social y órganos de gestión.
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra
La Fiscalía pretende determinar el alcance de esas modificaciones y su posible relación con las circunstancias que rodearon la solicitud y concesión del rescate estatal.
El ingreso del capital venezolano se habría concretado mediante distintas escrituras públicas, cuyo contenido ya lo mencionaron en un informe elaborado en 2025 por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
La investigación también alcanzó a los principales accionistas de la compañía. En diciembre de 2025, Julio Martínez Sola y Roselli los detuvieron la UDEF y posteriormente quedaron en libertad. La semana pasada, Martínez Sola dimitió como presidente de Plus Ultra.
Salpica a Rodríguez Zapatero
El caso también salpica al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien está siendo investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.
Rodríguez Zapatero negó ante el juez, el pasado 17 de junio, haber ejercido influencia para favorecer a Plus Ultra en la concesión del préstamo público y rechazó haber mantenido comunicaciones con personas vinculadas a la aerolínea.
La conexión con Venezuela constituye uno de los elementos centrales de la investigación. Según la querella de la Fiscalía, Plus Ultra aparece como “firmante y beneficiaria” de presuntos contratos de préstamo con tres sociedades que estarían vinculadas al blanqueo de dinero procedente de una supuesta malversación de fondos de funcionarios venezolanos.
Ahora, la Justicia española busca determinar con mayor precisión cómo se produjo la entrada del capital venezolano en Plus Ultra y si esos movimientos tuvieron alguna incidencia en la solicitud y posterior concesión de los fondos públicos.
ACN/MAS/Agencias
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