Internacional
Junta Militar asume el gobierno de Sudán
Una junta militar de gobierno, anunció este jueves la destitución de Omar al Bashir de la Presidencia de Sudán, así como también la suspensión de la Constitución; el cierre de fronteras y la creación de un Consejo militar que permanecerá a cargo del gobierno por dos años, lo cual ha generado el rechazo de los organizadores de las protestas; que durante cuatro meses pidieron la dimisión del derrocado presidente sudanés.
El ministro de Defensa, Awad Ibnouf, informo en la televisión publica sudanesa este jueves lo siguiente: «Anuncio, como ministro de Defensa; la caída del régimen y la detención de su jefe en un lugar seguro».

Captura de imagen de la declaración por televisión del ministro de Defensa sudanés, Ahmed Awad Ibnouf, anunciando la destitución del presidente Omar al Bashir, el 11 de abril de 2019. Foto: SudanTV/AFP
Declaraciones del Ministro de la Defensa
Awad Ibnouf, anunció la suspensión de la Constitución del 2005, el cierre de las fronteras; del espacio aéreo, así como también decretó el estado de emergencia en todo el país.
Ibnouf, dijo que el consejo militar de gobierno, declaró un cese al fuego nacional, el cual incluye la zona en guerra del Darfur, Estado de Nilo Azul y Estado de Korforán del Sur; en donde el gobierno de Bashir combate a las minorías étnicas rebeldes.
En horas de la mañana, una multitud de personas se dirigió al centro de la capital sudanesa, en espera de anuncios sobre la destitución del mandatario de 75 años; quien había estado en el poder desde 1989 (también con un golpe de Estado).
«¡Cayó el régimen! ¡Cayó el régimen!», gritaban miles de manifestantes que desde el sábado acampan delante del cuartel general de las Fuerzas Armadas en Jartum; donde fueron en busca de apoyo de los militares a su causa.

Manifestantes sudaneses festejan en Jartum, el 11 de abril de 2019. Foto: AFP
La movilización de miles de sudaneses, iniciada por la decisión del gobierno de triplicar el precio del pan el 19 de diciembre, en medio de una crisis económica; disparó las protestas que se convirtieron en un masivo reclamo de renuncia.
¿Autogolpe?
Sin embargo, la Alianza para la Libertad y el Cambio, quienes fueron los organizadores políticos de las protestas que reagrupan a los diferentes grupos opositores; rechazaron categóricamente las medidas de los militares, sosteniendo que se tratan de un «golpe conducido por el régimen» y pidieron que continúen las manifestaciones.
«El régimen organizó un golpe militar presentando las mismas caras (…) contra las que nuestra gente se rebeló»; indicaron en un comunicado.
«Todos rechazamos lo que se mencionó en el comunicado del golpe emitido por el régimen»; añaden llamando a los manifestantes a «continuar con la concentración; delante del cuartel general de las Fuerzas Armadas y en todas las regiones y calles del país».
La señal pública de Sudan TV, había sido interrumpida este jueves a tempranas horas, siendo reestablecida con programación de cantos patrióticos militares; pudiéndose leer en un cintillo el mensaje: «Importante declaración de las Fuerzas Armadas pronto. Estén atentos».
Poco antes del anuncio de la junta militare, el servicio de inteligencia, principal órgano de represión del régimen de Al Bashir; anunció la liberación de todos los prisioneros políticos del país, según la agencia oficial de noticias Suna.
Las Fuerzas Armadas fueron desplegadas en numerosas calles de la capital; al igual que unidades de paramilitares.
ACN/AFP
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Internacional
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra, pide justicia española
La justicia española solicitó un informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra desde 2017, año en el que ingresaron al capital de la compañía personas de origen venezolano, cuando se dieron cambios en la estructura accionarial de la aerolínea.
La solicitud la realizó la Fiscalía en el marco de la investigación que sigue la Audiencia Nacional sobre la aerolínea, relacionada con el préstamo estatal de 53 millones de euros concedido para su rescate durante la pandemia y con una presunta trama de tráfico de influencias.
La fiscala del caso, Elena Lorente, pidió analizar el “eventual impacto” que tuvo la entrada del capital venezolano en la consideración de Plus Ultra cuando la empresa solicitó las ayudas públicas en 2021.
De acuerdo con el escrito, al que tuvo acceso EFE, la aerolínea fue constituida en 2011 por Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque, pero posteriormente experimentó varios cambios accionariales, “particularmente significativos” a partir de 2017, cuando personas de origen venezolano ingresaron en su capital social y órganos de gestión.
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra
La Fiscalía pretende determinar el alcance de esas modificaciones y su posible relación con las circunstancias que rodearon la solicitud y concesión del rescate estatal.
El ingreso del capital venezolano se habría concretado mediante distintas escrituras públicas, cuyo contenido ya lo mencionaron en un informe elaborado en 2025 por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
La investigación también alcanzó a los principales accionistas de la compañía. En diciembre de 2025, Julio Martínez Sola y Roselli los detuvieron la UDEF y posteriormente quedaron en libertad. La semana pasada, Martínez Sola dimitió como presidente de Plus Ultra.
Salpica a Rodríguez Zapatero
El caso también salpica al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien está siendo investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.
Rodríguez Zapatero negó ante el juez, el pasado 17 de junio, haber ejercido influencia para favorecer a Plus Ultra en la concesión del préstamo público y rechazó haber mantenido comunicaciones con personas vinculadas a la aerolínea.
La conexión con Venezuela constituye uno de los elementos centrales de la investigación. Según la querella de la Fiscalía, Plus Ultra aparece como “firmante y beneficiaria” de presuntos contratos de préstamo con tres sociedades que estarían vinculadas al blanqueo de dinero procedente de una supuesta malversación de fondos de funcionarios venezolanos.
Ahora, la Justicia española busca determinar con mayor precisión cómo se produjo la entrada del capital venezolano en Plus Ultra y si esos movimientos tuvieron alguna incidencia en la solicitud y posterior concesión de los fondos públicos.
ACN/MAS/Agencias
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