Internacional
Juez español envía a prisión a Rebeca García y su hermano solicitados por las autoridades venezolanas
El juez de la Audiencia Nacional de España, Ismael Moreno ha acordado el ingreso de Rebeca y Francisco García, a prisión provisional sin fianza después de que fueran detenidos por la Policía Nacional, en virtud de una orden de detención internacional solicitada por las autoridades venezolanas.
La información fue suministrada por fuentes jurídicas a Infobae España. Los dos hermanos pasaron este miércoles 15 de mayo a disposición judicial del magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, quien atendió la solicitud de ingreso en prisión provisional realizada por la Fiscalía.
Cabe destacar que Rebeca y Francisco García ya habían eludido la acción de la justicia de su país al haberse desplazado hasta España, concretamente a la zona de Valdebebas, en Madrid, donde varios vecinos ya se habían quejado de su comportamiento con menores de edad.
Juez español envía a prisión a Rebeca García
Como en el resto de casos de fugitivos reclamados por autoridades extranjeras, ahora se inicia un proceso que podría acabar con la extradición de los detenidos a Venezuela, país con el que España tiene un tratado firmado que data del año 1990. Tras estudiar las peticiones de la Fiscalía, el resto de acusaciones -si las hay- y la defensa de los investigados, presumiblemente se celebrará una vista para que el juez resuelva sobre la idoneidad de la medida de extradición.
Numerosas víctimas de los hermanos García habían denunciado a través de las redes sociales casos de acoso sexual contra mujeres jóvenes y niños. Ante el revuelo social que causaron las revelaciones, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció que las autoridades locales emitirían una orden de busca y captura a través de Europol y solicitarían a España, una vez detenidos, la extradición de Rebeca y Fernando para ser juzgados en su país.
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Venezuela solicita una pena máxima de 15 años de prisión para Francisco y 30 años para Rebeca como presuntos autores de los delitos de exhibición pornografía de niños o adolescentes, asociación ilícita y acoso, y promoción o incitación al odio con gran repercusión social.
Los agentes del Grupo de Localización de Fugitivos de la Policía Nacional procedieron a su detención la mañana del pasado martes, inmediatamente después de recibir la notificación de la alerta roja de Interpol. En concreto, fueron arrestados en un hotel de Alcobendas, donde se encontraban alojados.
La Policía sabía que podían localizarles allí ya que era la dirección que los propios hermanos facilitaron a los agentes tras ser identificados en la comisaría del distrito de Hortaleza. Rebeca y Francisco García fueron reconocidos por una ciudadana ese mismo día en un supermercado después de que las autoridades venezolanas, así como varias de sus víctimas, diesen a conocer su identidad.
La mujer llamó a la Policía y aseguró que los hermanos estaban siendo buscados por Interpol. Como medida preventiva, los agentes los trasladaron a comisaría para identificarles. Pero al comprobar que no les constaba ninguna reclamación internacional, tuvieron que dejarles en libertad. Apenas unas pocas horas después, cuando fue notificada la orden de detención internacional, se procedió al arresto de los García.
Con información de ACN/infobae
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Internacional
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra, pide justicia española
La justicia española solicitó un informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra desde 2017, año en el que ingresaron al capital de la compañía personas de origen venezolano, cuando se dieron cambios en la estructura accionarial de la aerolínea.
La solicitud la realizó la Fiscalía en el marco de la investigación que sigue la Audiencia Nacional sobre la aerolínea, relacionada con el préstamo estatal de 53 millones de euros concedido para su rescate durante la pandemia y con una presunta trama de tráfico de influencias.
La fiscala del caso, Elena Lorente, pidió analizar el “eventual impacto” que tuvo la entrada del capital venezolano en la consideración de Plus Ultra cuando la empresa solicitó las ayudas públicas en 2021.
De acuerdo con el escrito, al que tuvo acceso EFE, la aerolínea fue constituida en 2011 por Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque, pero posteriormente experimentó varios cambios accionariales, “particularmente significativos” a partir de 2017, cuando personas de origen venezolano ingresaron en su capital social y órganos de gestión.
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra
La Fiscalía pretende determinar el alcance de esas modificaciones y su posible relación con las circunstancias que rodearon la solicitud y concesión del rescate estatal.
El ingreso del capital venezolano se habría concretado mediante distintas escrituras públicas, cuyo contenido ya lo mencionaron en un informe elaborado en 2025 por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
La investigación también alcanzó a los principales accionistas de la compañía. En diciembre de 2025, Julio Martínez Sola y Roselli los detuvieron la UDEF y posteriormente quedaron en libertad. La semana pasada, Martínez Sola dimitió como presidente de Plus Ultra.
Salpica a Rodríguez Zapatero
El caso también salpica al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien está siendo investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.
Rodríguez Zapatero negó ante el juez, el pasado 17 de junio, haber ejercido influencia para favorecer a Plus Ultra en la concesión del préstamo público y rechazó haber mantenido comunicaciones con personas vinculadas a la aerolínea.
La conexión con Venezuela constituye uno de los elementos centrales de la investigación. Según la querella de la Fiscalía, Plus Ultra aparece como “firmante y beneficiaria” de presuntos contratos de préstamo con tres sociedades que estarían vinculadas al blanqueo de dinero procedente de una supuesta malversación de fondos de funcionarios venezolanos.
Ahora, la Justicia española busca determinar con mayor precisión cómo se produjo la entrada del capital venezolano en Plus Ultra y si esos movimientos tuvieron alguna incidencia en la solicitud y posterior concesión de los fondos públicos.
ACN/MAS/Agencias
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