Un juez estadounidense decidió no congelar en este momento el “Parole humanitario”, programa que beneficia venezolanos, cubanos, haitianos y nicaragüenses.

El juez Drew B. Tipton decidió que la solicitud de los 20 estados de congelar la implementación del programa de parole humanitario se analizará como parte del juicio. Cuya fecha de inicio aún no se ha establecido, según se desprende de una orden firmada este lunes 27 de febrero.

Los estados habían solicitado congelar el programa antes de que se celebrará la audiencia por la demanda presentada contra el gobierno de Joe Biden.

Fiscales en contra del “Parole humanitario”

El 24 de enero los fiscales generales de 20 estados de Estados Unidos, entre ellos Florida y Texas, presentaron una demanda contra el programa del Gobierno del presidente Joe Biden de conceder 30.000 visados humanitarios a migrantes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití.

Los estados que demandaron fueron Texas, Florida, Alabama, Alaska, Arkansas, Idaho, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Ohio, South Carolina, Tennessee, Utah, West Virginia, y Wyoming.

La demanda busca que un juez federal bloquee el programa de “parole humanitario” para ciudadanos de Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua con un patrocinador, implementado con el objetivo de detener la crisis en la frontera.

En su denuncia, liderada por el fiscal general de Texas, Ken Paxton, los demandantes argumentan que ese plan permitirá la llegada de cientos de miles de migrantes a zonas de Estados Unidos que ya están «sobrecargadas».

Y subrayaron que con esta iniciativa el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) está abusando de su autoridad para conceder permisos humanitarios.

A juicio de quienes emprendieron la acción, el plan del Gobierno federal debería ser declarado ilegal porque con él los demandados han excedido su autoridad para conceder este tipo de visados, y, además, no han tenido en cuenta si existe la capacidad para expulsar a los beneficiarios del programa una vez que se agote el permiso de dos años para estar en Estados Unidos.

La demanda está dirigida contra el DHS y su titular, Alejandro Mayorkas, así como contra las agencias federales encargadas de velar por la seguridad fronteriza y de regular el flujo migratorio y sus responsables.

Con información de ACN/Telemundo

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