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Incompetentes en Derecho - acn
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Juez Asno: Por  Félix Francisco Bertomolde.- Por rebuznar en el tribunal donde le dictó privativa de libertad a dos bomberos del pueblo de Apartaderos, Estado Mérida, a Carlos Manuel Márquez Vielma ahora lo llaman el “Juez Asno”, para los mal pensados ese calificativo se debe a que “Tiene pinta de que le gustan los burros”, desde otro ángulo hay quien dice “Ese Juez tiene una cara de parcha que no la brinca un burro”. Por otra parte, lo de asno colma su delirio por perros y gatos.

Precisaré algunos datos, para que sepamos de quien hablara un joven líder estudiantil de la Universidad de los Andes (ULA) que nos dijo cosas muy interesantes de este personaje, titular de la Cédula 8.045.984, que hoy 20 de septiembre cumple 52 años de edad y que en Instagram se identifica como “marqueznegro137”, donde dice ser “Abogado, Juez Penal de Primera Instancia, Canta autor, Locutor, Dibujante, Animalista, Ateo y Comunista”.

Otros daticos, fue Secretario Judicial Penal y Juez Suplente, tiene 12 años y 3 meses en el Poder Judicial, egresó de la ULA y dice ser “Especialista en Derecho Procesal Penal”, condición que dejo a la sabia interpretación del bien ponderado caroreño, Dr. Leonardo Pereira. Supuestamente “Separado”, existiendo otras versiones subidas de tono para este horario.

– Esta basura fue el que decretó cárcel a los bomberos supuestamente implicados en difundir el video del burrito al que llamaron “presidente Maduro”, basándose en una ley inconstitucional, ilegítima; esta basura es un lame botas del narcogobierno, también tendrá que pagar, no va a estar allí de por vida.

Así de tajante comenzó mi interlocutor, avezado estudiante de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la ULA.

– Incitación al odio es lo que hizo el juez Carlos Márquez de dictar privativa de libertad a dos humildes trabajadores por hacer un buen chiste. Esa decisión convierte a los funcionarios bomberiles en presos políticos.

Vale acotar que no son los primeros privados de libertad en Mérida supuestamente por incitar al odio. En marzo de este año dos estudiantes también fueron imputados por el mismo delito y permanecieron casi tres meses privados de libertad. Se trató de Johann Adolfo Lobo Goyo y Michael Efrén Labrador Ramírez.

– En mi humilde opinión, advierto al Juez Carlos Márquez que la Ley contra el Odio por la que juzgarán a los bomberos no es una ley según la Constitución, por lo tanto es ilegal e ilegítima y si la aplica incurre en una violación de Derechos Humanos, comete delito de Lesa Humanidad que no prescribe. Estemos claros, ese juez es un violador de derechos humanos, es un delincuente.

Consultado sobre la obligada imparcialidad y autonomía de todo juez, sostuvo:

– Es de los que grita “¡Viva Chávez!”, si usted quiere cerciorarse de su vacío intelectual y tendencia política lea el artículo “A fin de cuentas, ¿qué somos?”, escrito por él, en Aporrea lo consigue.

Fue más explícito en el orden político.

– Es un esbirro del régimen, encarcela a los merideños que se manifiestan contra el narco estado corrupto al que él es sumiso, esa es la razón de su ensañamiento contra el profesor Rafael Eduardo Cuevas Montilla, contra el joven luchador social merideño Daniel Parra, son tan sólo dos ejemplos de cómo se pone al margen de la legalidad y la constitucionalidad por su filiación política, valga decir, subordinación al régimen.

– Pero alguna virtud ha de tener -le comenté a modo de chanza-.

– ¿Virtud? Será su sometimiento al régimen. Todas sus decisiones las toma previa consulta telefónica a sus superiores políticos y jerárquicos, una vez tuvo que revocar su propia decisión y volvió a encarcelar a 77 personas por cargos sin fundamentación alguna, los dejó libres sin consultar y de arriba le echaron todo para atrás. Siempre pide receso para consultar la orden de arriba antes de tomar una decisión, eso fue notorio en la audiencia de los bomberos.

– ¿Lo anterior explica la remisión del caso de los bomberos a su tribunal? -pregunté-.

– No sólo eso, también deja claro la complicidad con que actúan en el Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, asignar a esa causa al Fiscal Silvio Villegas admite una sola lectura, los bomberos Carlos Varón y Ricardo Prieto están condenados de antemano.

– ¿Todo en el marco de la ilegalidad? -inquirí-.

– En el marco de la ilegalidad y la inconstitucionalidad. Veamos, el Fiscal Silvio Villegas imputó el delito de promoción e incitación al odio con agravante, transgresión estipulada en los artículos 20 y 21 de la Ley contra el odio, decretada por la Asamblea Nacional Constituyente y publicada en Gaceta Oficial el 8 de noviembre de 2017; con base a ello, haciendo caso omiso de los acertados alegatos de la defensa, Carlos Márquez dictó la privativa de libertad. Dígame si usted ve algo legal en todo esto.

– Visto así, ese proceso es una mala copia de la recta administración de justicia -acoté-.

– La causa se inicia supuestamente porque los bomberos compararon a Maduro con un burro, ante ese hecho podemos afirmar coloquialmente que este proceso descubre que los asnos son los operadores de justicia que lo tramitan, lo sugiere sus ostensibles rebuznos y la docilidad en seguir a sus amos con la cabeza gacha.

Félix Francisco Bertomolde – @memientanchico

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Lo que pasó en Carabobo

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Vente Venezuela Carabobo
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La jornada de este fin de semana en Carabobo no fue un evento más en la agenda política regional; fue una muestra contundente de movilización ciudadana y organización popular. Bajo la consigna de la libertad y el derecho a decidir el futuro del país, ante el llamado de movilización desde la Dirección Nacional del Partido Vente Venezuela, miles de Carabobeños atendieron la convocatoria de la organización para protagonizar la «Gran Rodada Nacional», una manifestación que recorrió la ciudad de norte a sur de manera pacífica y masiva.

​Desde las primeras horas de la mañana, personas de todos los sectores de la entidad se concentraron para formar una caravana histórica. La marea de vehículos y manifestantes avanzó con fuerza por los principales ejes viales, conectando sectores del norte valenciano con el sur de la ciudad, visibilizando el respaldo popular a la causa democrática y desafiando el clima de intimidación institucional.

​El destino final de la movilización fue la sede regional del Consejo Nacional Electoral (CNE). Allí, la multitud se plantó firmemente para exigir respuestas claras al órgano electoral. Tomando la palabra en representación de la dirigencia regional, Ronald González, Coordinador Regional de Organización de Vente Venezuela en Carabobo, dirigió un mensaje contundente a las autoridades.

​González exigió formalmente que se garantice e inste al cese de las restricciones de movilidad para que se permita el libre ingreso al país de la líder nacional María Corina Machado. Asimismo, hizo un llamado categórico a la publicación e instrumentación de un cronograma electoral transparente y justo que abra paso a la realización de elecciones presidenciales verdaderamente competitivas.

​Ante la magnitud de la movilización, la respuesta de los organismos de seguridad del Estado no se hizo esperar. Efectivos de la Policía del Estado Carabobo y de la Policía Municipal de Valencia desplegaron un cerco de contención bloqueando los accesos a la autopista principal. El operativo policial intentó frenar el avance de la manifestación ante el temor evidente de las autoridades de que los manifestantes tomaran la arteria vial y la marcha cobrara una dimensión aún mayor.

Lo que pasó en Carabobo deja unmensaje claro: la presión ciudadana está viva en las calles y la exigencia de un cambio electoral transparente no se detendrá ante las barreras policiales.
Viva Venezuela Libre

Abg. Luis Junior Vivas
Coordinador Regional de Activismo
Vente Carabobo

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